VALÈNCIA. La complicada situación que viven los centros de menores tutelados de la Comunitat Valenciana –gestionados por entidades privadas– se arrastra desde hace años. Pero algunos de ellos ya alertan de que actualmente es crítica y puede ser límite en muy poco tiempo si el Consell no pone solución a los impagos ante la deuda millonaria que mantiene.
Según traslada uno de los centros afectados a este periódico, llevan sin cobrar ni una sola factura desde hace más de un año y al grupo que lo gestiona (Castillo) el Ejecutivo autonómico les debe 30 millones de euros. Diez de ellos corresponden a enriquecimiento injusto al estar sin contrato y no poder hacer más prórrogas del que tenían.
Como ellos, otros tantos. Se trata, pues, de una situación heredada del anterior Consell del Botànic, pero piden que el actual departamento de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero les dé una solución cuanto antes más allá de la crítica a la gestión previa.
La propia Camarero detalló recientemente en Les Corts que, cuando empezó la legislatura, la deuda con los centros de servicios sociales (en los que se encuentran, por ejemplo, los de menores, mayores o personas con discapacidad) era superior a los 100 millones de euros.
Más allá de realizar los pagos correspondientes –que no llegan–, señaló que el objetivo de su departamento era ir sacando nuevas licitaciones poco a poco. Precisamente es lo que reclaman los propios centros y los sindicatos que se han ido reuniendo con la Conselleria. Pero creen que a corto plazo no llegarán, motivo por el que piden ya un compromiso de tiempos y de tenerlo en cuenta para los Presupuestos de 2025.
Teóricamente, el nuevo decreto de tipologías acorta plazos para poder ir sacando adelante los concursos atascados. Sin embargo, los centros piden una solución inmediata que les dé un poco de oxígeno hasta que solucionen el problema de fondo (las licitaciones). Y ésta pasa por que se efectúen los pagos atrasados.
Trabajadores de estos espacios avisan de que ya se están produciendo problemas en pagos de nóminas de empleados, pero también en el funcionamiento y en la propia asistencia a los menores (desde ropa a alimentación). Y, si no hay respuesta por parte de la Administración, puede pasar a ser generalizado en muy pocas semanas, señalan.
"Está bien que hablen de la herencia recibida porque hay una deuda brutal. Pero el nuevo Gobierno va a cumplir casi un año en marcha. Los presupuestos los han eborado ellos y ahí ya saben lo que tienen. Las licitaciones suponen una revisión de precios, que están muy desfasados. Es complicado, pero hay que abordarlo porque nos afecta a nosotros como profesionales y a los menores a los que cuidamos. Lo que estamos viviendo es alarmante y también pasa en residencias de mayores y centros de diversidad funcional", explica un trabajador.
La deuda se va pagando mediante facturas, pero los sindicatos denuncian que son abonos esporádicos sin periodicidad. "La comida, la ropa, los salarios, etc. los están pagando en estos momento las entidades, no la Conselleria", indica un representante de CCOO.
Éste recuerda que el anterior Ejecutivo del Botànic tenía un proyecto de reversión al Ivass en los centros socioeducativos, pero todo se postergó. Primero, comenta, les dijeron que no podían sacar licitaciones porque iban a hacer la reversión. Y ahora, con el nuevo Consell, esa reversión ni se contempla y "tampoco se han agilizado las nuevas licitaciones".
Preguntados al respecto, desde Servicios Sociales exponen que, al inicio de la legislatura, el departamento tuvo que poner en marcha un plan de choque para pagar las deudas heredadas. Con ello se han abonado los citados 100 millones de euros de deudas correspondientes a la pasada legislatura y en este momento se continúan pagando facturas de 2018, 2019 y 2020.
"Actualmente, para paliar esta situación, se está trabajando para mejorar los recursos y se están realizando contratos de emergencia con el objetivo de ampliar el número de plazas. También se están elaborando y desarrollando protocolos para mejorar el funcionamiento de estos centros. La finalidad es poner al día las facturas que van presentando los centros, así como el pago de la acción concertada", señalan.
En este sentido, inciden el Consell ha aprobado la modificación del decreto de tipologías y funcionamiento de centros, lo que va a permitir la licitación de muchos recursos. "Esta licitación permitirá que los centros no tengan que esperar para cobrar y puedan recibir sus pagos con normalidad", argumentan.
Por otro lado, remarcan, desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales "se está trabajando para promocionar e impulsar el acogimiento familiar y la adopción de los y las menores que se encuentran en centros del sistema de protección de la Generalitat". "Lo importante es que esto menores salgan de los centros y puedan crecer en el entorno de una familia", destacan.