Los consejeros de Divalterra declaran que no vieron ningún informe en contra de las contrataciones

VALÈNCIA. El caso Alquería continuó dando pasos 'judiciales' este viernes con la declaración de más testigos, mientras permanecen imputados por malversación de caudales públicos y prevaricación el expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez; el jefe de gabinete del presidente de la Diputación Ricard Gallego; los gerentes de la empresa pública provincial Divalterra Agustina Brines (de Compromís, que ha anunciado su próxima destitución) y Xavier Simón (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y el asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación Manuel Reguart.

El magistrado instructor, Miguel Ángel Casañ, citó a declarar a cuatro miembros del Consejo de Administración de Divalterra: el portavoz del PSPV, Pablo Seguí; Maria Josep Amigó (Compromís), actual presidenta en funciones; Rafael Soler (PP), y Jorge Ochando, de Ciudadanos. A todos ellos se les preguntó por los contratos de alta dirección de la empresa pública que presuntamente se realizaron en contra de todo criterio técnico.

Según ha podido saber Valencia Plaza, las explicaciones fueron bastantes similares aunque diferentes en lo sustancial, sobre todo la parte referente a los informes. En dichas declaraciones, el juez y el fiscal pudieron escuchar de boca de los denunciantes PP y Ciudadanos cómo, según ellos, se ocultaron al Consejo de Administración los 12 informes contrarios a los contratos mientras que, en uno de los pleno del consejo, se envió a los consejeros una hora y media antes de comenzar el informe elaborado por Cuerda que era favorable a las contrataciones.

Las mismas fuentes aseguran que las declaraciones realizadas este viernes en sede judicial fueron en la línea de lo relatado en las diferentes denuncias presentadas por esta causa. De hecho, en la sala explicaron como solo en dos consejos se habló de contratos. La primera vez fue en julio del año 2015 cuando se votaron tres contratos de alta dirección entre los que se encontraba el de Agustina Brines, ahora imputada. En esa votación el informe técnico era favorable.

Sin embargo, cuando la presidencia quiso ampliar el número de personal de alta dirección, los técnicos les dijero que no e informaron en contra. Fue en ese momento cuando presuntamente el presidente de la Diputación y el resto de investigados 'tiraron' del secretario-letrado asesor e imputado en la causa, Jorge Cuerda, para que realizara un informe ad hoc. Informe que no convenció ni al PP ni a Ciudadanos, ya que ambos denunciaron por la vía penal los posibles chanchullos de la presidencia. 

No obstante, quien realmente levantó la liebre fue un grupo de trabajadores que denunciaron no solo las presuntas irregularidades sino lo que calificaron como presiones e incluso amenazas de Rodríguez y su entorno.

PSPV y Compromís

A la salida del juzgado el representante del PSPV en el Consejo de Administración de Divalterra, Pablo Seguí, defendió que sus compañeros imputados son "honrados" y su confianza en ellos es "plena". "Este equipo de gobierno no ha metido la mano de ninguna de las maneras", aseveró. Tras prestar declaración ante el juez, Seguí dijo estar "tranquilísimo" después de "colaborar con la Justicia" y explicó que no podía referirse al contenido de su declaración porque se mantiene el secreto de sumario de la causa. Pero apostilló que "como bien dijo el presidente (Jorge Rodríguez), se verá o no si hemos metido la pata, pero este equipo de gobierno no ha metido la mano de ninguna de las maneras".

Por su parte, la presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, de Compromís, defendió que los contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra que originaron la operación Alquería fueron "absolutamente legales", aunque agregó que "quien debe pronunciarse es la Justicia".