Los derechos de los violadores

Las mujeres víctimas de una agresión sexual que están viendo cómo, en aplicación de la llamada 'ley de solo sí es sí', se rebajan las condenas y en algunos casos se excarcela a quienes las violaron sentirán la misma desazón que los familiares de los asesinados por ETA que hace diez años tuvieron que tragarse la salida de la cárcel de más de 60 etarras al declararse contraria a los derechos humanos la llamada 'doctrina Parot'.

Con una diferencia, y es que al menos ellas, las víctimas de agresiones sexuales, no tienen que soportar el escarnio de filovioladores celebrando en la calle la vuelta a casa de los depredadores sexuales, como sí lo sufrieron las víctimas de ETA con los homenajes y los ongi etorri de los filoetarras.

Puede que las víctimas de violadores y asesinos no tengan consuelo ante los beneficios que la legislación penal ofrece a sus verdugos, pero al resto de ciudadanos que asistimos con estupor a la salida de la cárcel de esos peligrosos delincuentes nos queda el consuelo de pensar que en España funciona el estado de derecho. De soñar con que hay unos poderes legislativo, ejecutivo y judicial que son imperfectos pero al final el sistema español y en última instancia europeo garantizan que las personas más despreciables vean respetados sus derechos por muy nauseabundo que nos parezca el resultado. Dicho sea con todos los casos particulares que se quieran contraponer, que los hay pero que suponen excepciones a la regla.

Tuve la inmensa suerte de tener como profesor de Derecho Penal al catedrático José Ramón Casabó, del que aprendí no a compadecer al delincuente, como dijo Concepción Arenal, sino a respetar sus derechos que no son menores que los de la víctima, que es la que merece compasión. El principio de legalidad y el derecho penal desde un punto de vista objetivo eran la base de unas lecciones magistrales de las que me he acordado estos días cuando algunos juristas han pretendido una interpretación retorcida de la legislación penal con la muy entendible intención de impedir que se consumara el desaguisado provocado por la deficiente redacción de 'la ley de solo sí es sí'.

Lo mismo intentó, con motivaciones en este caso políticas, el Fiscal General del Estado, que como sabemos está a las órdenes del Gobierno. Pero pretender que una disposición transitoria de 1995, que como su propio nombre indica era transitoria para aquel cambio normativo, se aplique 27 años después era una burda treta que el Tribunal Supremo no podía aceptar para no sufrir otro revolcón como el de la 'doctrina Parot'.

Recordemos que en aquella ocasión el Supremo sí buscó una artimaña legal para evitar que el etarra Henri Parot, condenado a 4.800 años años de cárcel por 82 asesinatos, entre ellos los de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en la que fallecieron cinco niñas, se beneficiara de las reducciones de pena previstas en el Código Penal de 1973, que era el vigente cuando cometió sus atrocidades.

Parot y todos los etarras de los años de plomo detenidos antes de la promulgación del Código Penal de 1995 tenían derecho, porque así lo dice la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a que se les aplicara la legislación más favorable, fuera la vieja o la nueva. Y con la antigua gozaban de importantes reducciones de condena por trabajos o por estudios, estudios que no tenían dificultad en certificar gracias a los filoetarras que campaban por institutos y universidades del País Vasco.

La 'doctrina Parot' –calcular los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena, aunque fueran miles de años, en lugar de sobre la condena máxima que podía cumplir un reo, que entonces era de 30 años de cárcel– suponía un cambio en la interpretación de la ley perjudicial para el reo, y por tanto contraria a la Constitución, que prohíbe la retroactividad de las normas penales no favorables.

Después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se cargara la 'doctrina Parot', más de 60 etarras se vieron beneficiados y salieron antes de prisión, algunos inmediatamente, como está ocurriendo ahora con agresores sexuales por la 'ley de solo sí es sí'. Pero no solo etarras. También se beneficiaron violadores y asesinos como Miguel Ricart, único condenado por el triple crimen de Alcàsser.

Otro caso paradigmático fue el caso Naseiro, hace 30 años, primer gran escándalo de corrupción del Partido Popular por presunta financiación ilegal en el que estuvo involucrado Eduardo Zaplana. Todo estaba en las cintas grabadas por la Policía, era un caso de corrupción de libro, pero el Tribunal Supremo anuló esa prueba y ordenó destruir las cintas porque las escuchas las había autorizado un juez para investigar un caso de narcotráfico, no de corrupción, y la Policía se encontró al hermano del investigado hablando por teléfono de mordidas, de lo ricos que se iban a hacer y del Opel Vectra de 16 válvulas que Eduardo se quería a comprar.

Aquella decisión contra las investigaciones prospectivas, junto a otras normas y sentencias garantistas, han permitido que muchos presuntos delincuentes se libren de condenas porque la investigación no ha seguido las normas establecidas. El propio Zaplana, que después de aquello llegó a presidente de la Generalitat y a ministro, intenta ahora salir airoso en el caso Erial por lo mismo que hace 30 años, por el turbio origen de la investigación policial, con Marcos Benavent y un sirio de por medio.

Buena parte de la sociedad piensa que cualquier trampa judicial estaría justificada si sirve para mantener a todos estos indeseables en la cárcel aunque se pisoteen sus derechos, pues ellos pisotearon los de los demás. Curiosamente, en la calle suele ser la gente de derechas la que pide a los jueces que hagan lo que sea para que los delincuentes, sobre todo si son extranjeros, no se vayan de rositas aprovechando los derechos que le ofrece nuestro sistema penal; que piensen más en las víctimas y menos en los delincuentes, mientras que la izquierda suele ser más comprensiva con el estado extremadamente garantista que tenemos.

Con ocasión del fiasco de la 'ley de solo sí es sí' las tornas parecen haber cambiado porque la política lo contamina todo. Muchos progresistas se han olvidado de que los violadores tienen sus derechos, entre ellos el de un abogado defensor que no sea insultado por hacer su trabajo. Se habla de que hay que cambiar cuanto antes la ley, pero el mal ya está hecho y solo serviría para los delitos futuros. Los beneficios de la flamante ley para los violadores ya condenados o que están esperando juicio no se podrían evitar aunque se endureciese mañana el Código Penal porque siempre se les aplicará la legislación más favorable de las que hayan estado en vigor desde que cometieron el delito.

No hay remedio, el goteo de rebajas de condena y excarcelaciones continuará y llegará el día en que uno de los beneficiados por la ley reincida y una mujer pague las consecuencias de un error garrafal. La responsable política de todo esto, Irene Montero, debería haber dimitido en el momento que empezaron las rebajas de condena. Su compromiso con la igualdad y con la defensa de las mujeres es innegable; que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual –que es como se llama– tiene aspectos positivos, también, pero el error es tan grave que ni Vox con todos sus insultos va a poder salvarla.

PS: Sobre la supuesta "cultura de la violación", en relación con la campaña de publicidad de Galicia que pretende evitar que más mujeres sean violadas, ya opiné en este artículo hace tres años: "¿Qué le digo a mi hija?", y no cambio ni una coma. Con todo respeto a quienes opinan lo contrario.