VALÈNCIA. Miles de profesores en toda la Comunitat Valenciana se ven obligados a trabajar a cientos de kilómetros de su casa. El problema es de raíz burocrática y se resolvería con una decisión política, asegura su portavoz, Francesc Sanxis. La Generalitat tiene contabilizadas miles de plazas de profesor como plazas habilitadas, una categoría en precario respecto a las llamadas plazas catalogadas, consolidadadas por así decirlo. Las plazas habilitadas sólo pueden ser ocupadas por interinos, funcionarios suprimidos, desplazados, en prácticas o en comisión de servicios, pero no como destino definitivo de un funcionario de carrera. El espíritu de la ley es que se tratan de puestos de trabajo que se necesitan cubrir. Cuando esa necesidad es perenne, ese puesto de trabajo pasa a estar catalogado y lo pueden ocupar funcionarios de carrera.
La paradoja se da cuando la mayoría de las plazas vacantes de profesorado de la Conselleria de Educación están contabilizadas en el registro oficial como habilitadas. Eso hace que estos puestos sólo puedan ser ocupados por interinos. Los funcionarios sólo pueden ocuparlas en comisión de servicio, y para ello se tienen que dar unas circunstancias determinadas. De ahí que se esté produciendo el sinsentido de que haya casos entre el profesorado que prefiera seguir siendo interino, con la precariedad que ello conlleva, porque si pasaran a ser funcionarios podrían acabar destinados a cientos de kilómetros de sus hogares.
La sinrazón administrativa adquiere tintes de broma macabra cuando se constata que son los funcionarios, supuestamente quienes tienen la mejor cualificación, los que son condenados a los destinos más alejados y remotos de la Comunitat Valenciana. El profesor de Godella que se ve obligado a dar clases en Torrevieja durante cuatro años, la profesora de inglés de Alicante que es destinada a Llíria, el profesor de francés de Almoradí que es destinado a Alzira, estos tres casos, reales, son solo una mínima muestra de un problema que afecta a miles de docentes en la Comunitat Valenciana.
Con un añadido: aquellos que tienen enseñanzas más específicas, ven cómo su situación se está enquistando y llevan décadas destinados a cientos de kilómetro de su lugar de procedencia. Ése es por ejemplo el caso de Francesc Sanxis, profesor de Producción de Artes Gráficas, quien lleva desde 2005 condenado a vagar por destinos alejados de Benifaió, su lugar de residencia; una situación tan demencial que le hizo por optar, hace unos años, por pedir destino en Mallorca. Ya puestos, se dijo, aprovecho para vivir en otra comunidad.
Sanxis, acompañado del secretario de Política Educativa de Comisiones Obreras, Roberto Romero, denunció públicamente esta semana, como ya sucedió hace una año en la presentación de la plataforma, la realidad de la situación poniéndola en conocimiento de la sociedad. Una plataforma que se ha reunido en varias ocasiones con los responsables de política de personal de la Conselleria de Educación, en concreto con su director general de Centros y Personal Docente, Joaquín Carrión, a quien le han planteado su coyuntura. Según explicaba Romero existen "muchas vacantes que podían catalogarse" y no se está haciendo. En este sentido, admite que pueden existir razones prácticas que justifiquen que no se catalogue una plaza, pero son las mínimas.
"Hay funcionarios con oposición aprobada desde hace años para poderlas ocupar", explican desde la plataforma, pero su situación sigue sin solucionarse y "en muchos casos" está empeorando. "La administración juega con estas plazas para ofertarse a las adjudicaciones de julio, mientras el personal funcionario de carrera ocupa puestos de trabajo a 200 o 300 kilómetros de su lugar de residencia. Esta situación, sostenida desde hace más de 16 años, provoca un agravio comparativo entre aquellos que hace años que ocupan plaza sin haberla obtenido por oposición y aquellos que, a pesar de haber aprobado la oposición, comprueban año tras año que no pueden acceder a otra plaza", relatan. Y se les condena a ir, año tras año, a destinos alejados de sus domicilios familiares.
La plataforma es muy activa en redes sociales, con un grupo en Facebook en el que se enumeran los casos. Algunos, sobre todo en las enseñanzas más específicas, son dignos de Kafka. También en materias más generalistas como Literatura o Matemáticas se producen estas situaciones pero, al haber más plazas disponibles, al final se encuentran plazas catalogadas. Con todo, durante años estos profesores han tenido que pagarse alojamientos y manutención lejos de sus hogares. Y todo por una cuestión que, insiste Sanxis, podría resolverse con una firma. Con un 30% de personal interino, dice Romero, hay que pensar ya en oposiciones masivas y concursos de traslados masivos.
En el departamento de la avenida de Campanar replican que es un problema "técnico", no político, y se justifican en el hecho de que "las plazas necesitan tiempo para consolidarse". Sin embargo, su argumentario tiene un talón de Aquiles. Desde la propia Conselleria, admiten que es un problema que viene de hace años. Es una cuestión heredada. Llevan años dando explicaciones. Entonces, la pregunta que surge es: si han de pasar años para que una plaza consolide y queda catalogada, y éste es un problema que viene desde hace tiempo, ¿cuántos años faltan para que se puedan catalogar esas plazas? ¿10 no han sido suficientes?
Por el momento, la única respuesta clara que han dado ha sido sacar 2.154 plazas de catalogación del borrador definitivo para las próximas oposiciones. Es decir, han decidido mantener esas 2.154 plazas en el mismo limbo en el que se encuentran, y que sigan ocupadas por interinos, cuando en la plataforma calculan que más de 1.500 de ellas podrían y deberían ser catalogadas. Son 1.500 profesores condenados a vagar por la Comunitat Valenciana.