Mediante este movimiento se asegurarían el reconocimiento como personal docente, con la reclasificación salarial y la mejora de condiciones laborales que esto conlleva
VALENCIA. Los educadores especiales han convocado protestas durante esta jornada frente a la Conselleria de Educación de Valencia y Castellón, así como la delegación del Consell de Alicante, para quejarse por el “menosprecio” al que les somete la Generalitat y solicitar su admisión en el departamento que dirige Vicent Marzà. Hasta la fecha son personal funcionarial de la Administración autonómica, dependiente de Conselleria de Justicia y Administración Pública, al frente de la que se encuentra Gabriela Bravo.
Este requerimiento no es arbitrario, sino que responde a una aspiración histórica del colectivo: la obtener el reconocimiento de personal docente. Pese a ser profesionales de la educación, cuya formación mínima es el Bachillerato, y desempeñar su trabajo en colegios e institutos, tienen la categoría de funcionarios ordinarios y se rigen por una normativa similar a la del resto de personal de una Dirección General. “Esto quiere decir que realizamos actividades de carácter docente, pero no somos considerados como tal”, critica Víctor Tormo, delegado de CGT en la Generalitat y educador.
Al no ser personal docente, los profesionales de la Educación Especial no pueden participar en los claustros ni en las reuniones de coordinación, además de carecer de un horario específicos para la preparación de clases –algo que sí tienen los profesores, por ejemplo–. Por supuesto, luego está el tema de la reclasificación salarial. “Creemos que si de algún modo estamos dando apoyo a la actividad formativa y docente, esto debe reconocerse de una manera diferente”, defiende Tormo, quien sin embargo matiza: “No nos queremos equiparar a los maestros ni a los profesores. Ellos tienen sus funciones y programan, pero la programación se ejecuta gracias a la participación de educadores”.
En este momento, los educadores especiales se encuentran dentro de la categoría C1 de funcionariado, lo que implica sueldos alrededor de los 1.000 euros por trabajar a jornada completa, menores aún en el caso de que sea partida,. “De ahí, además, deben pagar los desplazamientos de su bolsillo”, indican. Aunque no la presentan como su principal queja, sí es un motivo más que suficiente para haberse constituido en plataformas de protesta que llevan meses intentando cerrar una negociación con la Conselleria.
“Al haber un cambio de Gobierno, teníamos cierta esperanza en que la situación cambiase, pero se sigue exactamente la misma línea”, lamentan desde CGT. A principio de curso solicitaron de manera directa una reunión con portavoces de la Conselleria de Educación, incluso con el propio Marzà, instancia que todavía continúa sin respuesta.
Fuentes de la Conselleria de Educación aseguran que en la mesa general de negociación con los sindicatos, de la cual forman parte la directora General de Función Pública por parte de Justicia, Eva Coscollá, y el director General de Centros y Personal Docente de Educación, Joaquín Carrión, se han abordado estas cuestiones. “De hecho estuvo a punto de haber un pacto este verano sobre condiciones laborales y horarios, pero uno de los cuatro sindicatos se mostró en desacuerdo y ahora hay que volver a comenzar de nuevo”, recuerdan.
Quienes se opusieron fueron los miembros de la Federació d'Ensenyament de CCOOPV, como confirma su portavoz Magdalena Macia, y fue por las cuestiones referentes a los descansos que estos profesionales debían tener durante la jornada laboral. No hubo acuerdo. Es por ello que el sindicato respalda todas las protestas de mañana, pese a que no las liderarán. El colectivo lamenta la “invisibilidad” a la que es sometido, pese a estar compuesto por “las personas que posibilitan la integración del alumnado con necesidades especiales”, y por ende ser “garantes de una escuela inclusiva”. Además se muestra decepcionados.
La inclusión de los educadores entre el personal de la Conselleria de Educación está “en estudio”, como también sucede con los Educadores de Infantil y de los Fisioterapeutas. “Primero hay que acabar de determinar en mesa de negociación sus funciones y después ver si continúan en Función Pública o pasan a Educación. Es, por tanto, un segundo paso que hay que consensuar entre todas las partes”, precisan las mismas fuentes oficiales.
Cabe recordar que todos los colegios de la Comunitat, tanto ordinarios como de Educción Especial, están obligados a incorporar la figura de estos profesionales cuando haya alumnado con necesidades concretas en Primaria y Secundaria. Lo ideal sería que cada centro contara con uno, pero en la práctica no sucede así. Hay 882 profesionales de la Educación Especial en toda la Comunitat (458 en la provincias de Valencia, 294 en Alicante y 130 en Castellón), pero repartidos “de manera muy dispersa”. Aquí es donde entra en juego lo que ellos califican como “precariedad laboral” por lo que atañe a sus condiciones.
“La mayoría de educadores son figuras no permanentes”, precisa Tormo. Esto quiere decir que se adscriben a varios centros, por los que tienen que ir desplazándose durante la semana, en lugar de permanecer fijo en un mismo centro y atender los casos localizados en el mismo. “Es una manera que tienen de cubrir varias plazas a la vez, pero además te obliga a estar desplazándote dentro de tu puesto de trabajo, en ocasiones incluso por municipios diferentes”, critica el sindicato CGT. Es por ello que defienden la necesidad de educadores fijos en los colegios, en ningún caso rotatorios.
Además son partidarios de incrementar las plantillas, que en más de un 50% están compuestas por trabajadores interinos o a jornada partida. “Como en el resto de la Administración, hay muchos interinos, pero no aparecen plazas en las ofertas de empleo”, lamentan. Están llamados a una Mesa Sectorial, donde estas condiciones podrían empezar a negociarse, pero todavía sin fecha concreta.