Los enfermeros denunciarán a la Generalitat si no son incluidos en las valoraciones de dependencia

VALENCIA. El colectivo de enfermeros de la Comunitat quiere participar en la valoración de las personas dependientes que, hasta la fecha, vienen siendo realizadas por trabajadores sociales agrupados en equipos municipales. Es por ello que ha instado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, a elaborar una normativa específica para abrir la puerta a las profesiones sanitarias en este tipo de casos. De no hacerlo, amenazan con presentar una denuncia en su contra, como ya sucediera con la oferta de empleo para cubrir la gerencia de las residencias públicas. 

Ambas partes mantuvieron una reunión hace apenas unas semanas. En ella se dieron cita el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado, y la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, entre los que hubo un entendimiento inicial con respecto a la cuestión. Es por ello que la Generalitat avanza que está trabajando en nuevo sistema, todavía por concretar, “donde serán tenidos en cuenta”. El que funciona ahora no depende directamente del Gobierno autonómico, sino de los Ayuntamientos, que se encargan de designar equipos particulares para decidir en las valoraciones de dependencia que van surgiendo. 

Los equipos de valoración actuales dependen directamente de los Ayuntamientos

“No se entiende que no haya un enfermero ahí”, protesta Tirado. “Han preferido ofrecérselo a los trabajadores sociales, que no me parece mal que estén, pero requieren del complemento de un profesional sanitario”, argumenta. En su opinión, solo la intervención de la figura de la enfermera garantiza “una valoración adecuada para derivar a esa persona al lugar conveniente e indicar qué tipo de plan de cuidados debe recibir”. De hecho, informa de que ellos ya han elaborado un proyecto de reubicación de usuarios según su nivel de dependencia y compara la situación con la de otras autonomías en las que ya se hace, como Asturias o Castilla y León.

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recuerdan que la creación de equipos multidisciplinares “ implica una inversión importante”, pero que pese a todo se está trabajando en ella. De hecho, revelan que los cursos de valoración se abrirán, a partir de enero, a la participación de todas las ramas sanitarias (hasta la fecha solo eran para trabajadores sociales). Del mismo modo, deslizan que los equipos municipales podrían ser relevados por un nuevo sistema de valoración, previsiblemente más centralizado, aunque todavía no aclaran su configuración definitiva, que se encuentra en plena discusión. 

Cabe recordar que la llamada Ley de Dependencia (39/2006) tiene carácter estatal, por lo que aquello que se solicita desde el colectivo enfermero es una correcta adaptación al ámbito autonómico. El Consell trabaja en un decreto que regule el proceso de valoración, previsto para principios de 2017, pero afirma no tener competencia “para determinar quién puede valorar o no”. Ahora bien, recuerda que con la anterior Administración había “hasta historiadores” valorando, debido a la intervención del instituto de Acción Social. 

También por las residencias

Según indica su presidente, el Colegio de Enfermería era partidario de la Proposición No de Ley redactada por el PP y defendida por Remedios Yañez mediante interpelación parlamentaria en Les Corts. La también enfermera abogaba porque se realizaran contratos directos para profesionales del sector en cuestiones como la dependencia. La propuesta se encontró con la negativa del resto de partidos presentes en la cámara, aunque según la Generalitat, “porque en los términos que estaba redactada no se podía aceptar”. “No era por no incluir a los enfermeros, sino por la formulación de la norma”, precisan.

En cualquier caso, no es la primera pugna entre el sector profesional y la Conselleria que dirige Oltra. Este verano se produjo un enfrentamiento por la convocatoria de plazas para cubrir la gerencia de las residencias públicas, a la que solamente podían optar médicos y psicólogos del grupo A1. Ante la misma, el Colegio presentó un recurso contencioso administrativo ante el juez, donde tildaba de “discriminatoria la exclusión de los profesionales del grupo A2 y, en concreto, de los enfermeros”, a los que se dejaba fuera.