Los funcionarios investigados niegan que vieran irregularidades en el contrato con Crespo Gomar

VALÈNCIA. (EP) Los tres funcionarios del Ministerio de Vivienda dirigido por la socialista Beatriz Corredor han defendido este viernes ante la juez la legalidad de la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar --agencia que trabajaba con el PSOE valenciano (PSPV)-- y han señalado que los errores que aparecen en el expediente, y que según un informe pericial hace que sea "incoherente", son "fallos de redacción".

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar como investigados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos a la presidenta de la Mesa de Contratación Rosario G.V.; la secretaria Sandra S.F.; y el vocal e interventor que supuestamente autorizó el pago, José María A.G.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, los tres funcionarios han negado que percibiesen irregularidades en este contrato de publicidad y han explicado ante la juez instructora que ellos sólo hicieron una propuesta. En este sentido, han precisado que es el órgano de contratación el que finalmente concede la adjudicación.

Los tres investigados han reconocido que la oferta presentada por Crespo Gomar era técnicamente la peor, pero la mejor desde el punto de vista económico y con esta valoración redactaron un informe favorable y el interventor dio el visto bueno al pago de 126.208 euros, según las mismas fuentes.

Esta causa se abrió después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011, se inhibiese a favor a concluir que el delito electoral estaba prescrito pero que había hechos que podían ser estudiados en los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

El perito afirma que el informe técnico era "incoherente"

Antes de remitir la causa a sus colegas, pidió a la Intervención General de la Administración del Estado la designación de un perito, quien redactó un informe en el que concluyó que en la cronología de hechos recogida en el expediente de contratación 'Realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012', resulta "incoherente e imposible".

Preguntados al respecto, los investigados han destacado ante la juez Pérez Barrios que estos errores son en verdad "fallos de redacción", han informado las fuentes consultadas. Según el perito, el informe técnico está fechado el 11 de diciembre y que esa mismo día se reúne la Mesa de Contratación que propone adjudicar provisionalmente el contrato a Crespo Gomar.

La adjudicación provisional se hizo el día 15 de diciembre y se propuso para la definitiva el 29 de diciembre, día en que se fiscaliza y adjudica. El contrato aparece firmado ese mismo día y sigue apareciendo el plazo de ejecución con fecha de 31 de diciembre.

Además, al experto le llama la atención en el hecho de que el Abogado del Estado, que entró al Ministerio el 7 de enero, bastanteó el poder para formalizar dos días antes; mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre.

No ve la urgencia para la licitación

Por otro lado, el informe pericial cuestiona también que Nicolás Mateos, director del Gabinete de Beatriz Corredor --citado a declarar como investigado el próximo 21 de mayo-- declarase, en octubre de 2008, bajo la forma de "urgente" de la licitación, pues considera que "más que una urgencia parece una imprevisión" y añade que incluso el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señala que no se cumple la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.

Asimismo, el perito apunta que la duración no se prevé y únicamente se señala que deberá ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008, y que no consta en el expediente el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación.

Para la fiscal de Madrid esta adjudicación a la empresa de comunicación que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, presenta caracteres de prevaricación administrativa en concurso con malversación de caudales públicos, según un escrito presentado al Juzgado el pasado 19 de marzo.

Prescripción del delito electoral

El juzgado de Valencia comenzó la investigación por los delitos prevaricación, malversación y electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

En el auto de inhibición el juez de Valencia explica pasa la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandía por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' --contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010--; y las adjudicaciones ministeriales durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno a la empresa Crespo Gomar.