Mesa de la Función Pública de la Comunitat Valenciana. VPVALÈNCIA. Los sindicatos más representativos de los funcionarios de la Generalitat valenciana reaccionaron con indiferencia a la información publicada el pasado sábado por Valencia Plaza sobre el acuerdo firmado entre Gobierno y sindicatos el día anterior que excluye de algunas ventajas a las comunidades que no cumplan los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. Con estas condiciones, la Generalitat queda excluida de la posibilidad de negociar con los sindicatos la reducción de jornada a 35 horas semanales y ve limitada al 75% la tasa de reposición en puesto no prioritarios, frente al 100% de las Comunidades Autónomas cumplidoras de esos objetivos.
Este periódico consultó con representantes de esas organizaciones sindicales en la Comunitat Valenciana y todos manifestaron que estaban al tanto de la negociación pero restaron importancia al veto de Montoro a la posibilidad de negociar la jornada de 35 horas. El motivo es que, de hecho, los funcionarios valencianos ya disfrutan de una jornada de 35 horas, aunque la oficial sea de 37 y media.
"Nosotros ya tenemos las 35 horas aquí y no las tenemos escritas porque no queremos que nos las impugne el Delegado del Gobierno porque es un precepto de la Administración General del Estado", afirma Gonzalo Fernández, secretario de Administración Autonómica y Justicia de UGT, a preguntas de Valencia Plaza. En la misma línea, el Secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Cruz, explica que "la jornada efectiva no son 37 horas y media sino 35 horas" y que esto es así "desde 2006" gracias a los acuerdos que se han ido tomando y que no están recogidos en la norma. Cruz comparó la situación con la que se ha anunciado ahora en Andalucía, donde el Tribunal Constitucional anuló en diciembre la jornada de 35 horas aprobada por la Junta pero el Gobierno autonómico y los sindicatos han acordado que dos horas y media de las 37,5 obligatorias se dedicarán a formación o a trabajo desde casa, lo que en la práctica mantiene las 35 horas presenciales para los funcionarios andaluces.
El representante de CSIF, Daniel Matoses, cree que el acuerdo estatal es "el menos malo que se podía suscribir" a pesar de las limitaciones del Gobierno a la Generalitat, porque en esos dos puntos, 35 horas y tasa de reposición al 100%, se beneficiarán "muchos ayuntamientos que sí cumplen, las diputaciones y los funcionarios del Estado que trabajan aquí". Y los funcionarios de la Generalitat sí disfrutarán de otras ventajas, como el aumento del salario de los trabajadores públicos hasta un máximo del 8,79% hasta el año 2020. Matoses también quita importancia a lo de las 35 horas y afirma que lo que tiene que hacer el Consell de Ximo Puig es "cumplir los objetivos. Gobernar es priorizar y priorizar es que aquellos gastos que no sean urgentes se pueden retrasar", proclama.
El secretario autonómico de de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, reconoce que la jornada no es la de 37,5 horas que fija la normativa pero sí lamenta el veto del Gobierno a las posibilidades de negociar esa reducción de horario porque "habría que oficializar esa jornada de 35 horas". Sobre la falta de reacción de los sindicatos, destaca que estas organizaciones no tienen entre sus prioridades la reducción de la jornada a 35 horas. "En el pacto de legislatura, firmado en mayo de 2016, pusieron muchas cosas, las tasas de reposición, los planes de igualdad, el complemento a la incapacidad laboral transitoria... Muchas, pero no las 35 horas", señala. Lógico, pues hace tiempo que las están disfrutando.
Mientras, la Generalitat anunció este martes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno central "impide" aplicar a los empleados públicos valencianos algunas de las mejoras laborales que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha negociado para la plantilla pública estatal.
Así se lo trasladó la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez, durante la reunión que ambas matuvieron en la sede del Ministerio.
Bravo lamentó que Hacienda pretenda que "los Presupuestos Generales del Estado imposibiliten que aquellas autonomías que no hayan cumplido con la regla de gasto, deuda y déficit puedan aplicar la jornada de 35 horas y ofertar plazas de empleo público suficientes para cubrir las jubilaciones".
La pretensión gubernamental, según la consellera, sitúa a los funcionarios valencianos en una situación de "manifiesta desigualdad" por el hecho de trabajar en la Comunitat frente al resto de funcionarios del Estado, de otras autonomías y de la mayoría de ayuntamientos. Esta situación se traduce, según Bravo, "en una desigualdad que les perjudica para llevar a cabo jornadas laborales compatibles con la plena conciliación familiar".
