La planta de gestión de residuos en Quart de Poblet. Foto: EMTRE VALÈNCIA. Dentro de las diversas ramificaciones del caso Azud, centrado en una presunta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas en varias administraciones valencianas, los investigadores siguen la pista del dinero vinculado a la gestión de residuos. Los hechos son, por el momento, muy concretos y están relacionados con la planta Los Hornillos y con José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá.
El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción creen que el abogado ostentaba una posición que le permitió mover hilos en el Ayuntamiento de la ciudad para influir en adjudicaciones y cobrar comisiones por ello. Algo que pudo ocurrir en el caso de Los Hornillos. La planta promovida por la Emtre y ubicada en la localidad de Quart de Poblet se encarga de la gestión de los residuos urbanos generados en València y su área metropolitana (400.000 toneladas al año).
El complejo lo construyó una UTE formada por las empresas Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Sacyr), Cyes Inversión y Gestión, S.L. y Corporación F. Turia, S.A. El sumario de la causa refleja que todas efectuaron pagos a Corbín en el año 2005 por un valor de 174.000 euros y en el año 2006 por un valor de 87.000 euros.
Ante la sospecha de que fueran mordidas por la adjudicación, el juzgado solicitó numerosa documentación al respecto, como toda la relativa a los servicios prestados por el despacho de Corbín a la UTE Los Hornillos, las personas encargadas de ésta, la estructura orgánica y funcional, los contratos que le fueron adjudicados o si contaba con gabinete jurídico.
Desde Los Hornillos respondieron a los requerimientos que los servicios prestados por el despacho de Corbín fueron los de asesoramiento jurídico en la fase inicial de la UTE desde el mes de marzo de 2005 hasta el mes de junio de 2006. Sin embargo, no cuentan ni con el contrato ni con la justificación de los trabajos. "Tal y como se puso en conocimiento de la unidad instructora, y habida cuenta de haber transcurrido catorce años desde esa relación, no consta en los antecedentes documentales de la UTE ni el contrato de prestación de servicios ni documentación específica de los servicios prestados", señalan.
Sí se localizaron, añaden, las facturas emitidas por el despacho de Corbín. La última en junio de 2006. Todas se han aportado. El motivo del contrato fue el asesoramiento jurídico externo para el desarrollo inicial de la UTE en todos sus ámbitos jurídicos.
Los Hornillos ha transmitido al juzgado que con posterioridad a esa fecha no se ha tenido ninguna relación de prestación de servicios con el despacho de Corbín y que durante el ejercicio de 2006 fue contratado el despacho de Garrigues en sustitución. De hecho, el juzgado también le requirió documentación para comprobar a qué servicios se comprometió este último. Se da la circunstancia de que entre 2006 y 2008, Garrigues facturó unos 58.800 euros, una cifra que contrasta con la de Corbín –261.000 euros–.
En cuanto a quién comprobaba la correcta ejecución de los trabajos, señalan que, al tratarse de un asesoramiento permanente, no existía un recepcionario específico de la misma, sino que era al comité de gerencia, o a alguno de sus integrantes, a los que reportaban tanto el gerente como, en su caso, los asesores externos de la UTE. Sobre los contratos, por aquellas fechas no hubo ninguno aparte del de la gestión del complejo de Quart.
La planta de Los Hornillos fue promovida por la Emtre, que se constituyó en 2001 con la edil popular María Jesús Puchalt como primera presidenta. En noviembre de 2003 se produjo el primer proceso de adjudicación del proyecto de gestión de la planta de Quart de Poblet, pero los proyectos presentados incumplían algún aspecto sustancial del plan zonal según la empresa consultora contratada. De manera que en 2004 se propuso de nuevo la licitación del proyecto de gestión de la instalación y la subsiguiente adjudicación mediante concesión de la ejecución y explotación de una planta de residuos en el emplazamiento de la gestionada por Fervasa.
Ese mismo año se convocó concurso, mediante procedimiento abierto, y se aprobaron los pliegos administrativos y técnicos para la adjudicación mediante concesión del proyecto de gestión de la instalación que existe actualmente y la gestión de ecoparques como prestación adicional. Los investigadores de Azud reparan especialmente en un cargo de la Emtre en ese momento: Eugenio Cámara, yerno del exvicealcalde de València Alfonso Grau, ostentaba la dirección técnica. Posteriormente pasó a ser gerente.
Ya en febrero de 2005, la asamblea de la entidad adjudicó el contrato a la UTE Los Hornillos, que se constituyó también ese mes. La duración de la concesión era de 20 años, contados a partir de la puesta en marcha de las instalaciones previstas en el proyecto de gestión. Además, el contrato fijaba una serie de cánones que tenía que satisfacer la Administración a la UTE.
En abril de 2007, la UTE presentó a la Emtre un proyecto básico con modificaciones y cambios respecto al original. Algo en lo que han puesto igualmente el foco los investigadores de Azud. El contrato de proyecto de la instalación, pues, se cambió junto a la adjudicación con las repercusiones económicas recogidas en un informe del director técnico. El presupuesto de la obra pasó de un importe de unos 58 millones de euros iniciales a 93 millones de euros. Aumentó asimismo el coste de explotación.
En 2009, en base a un informe de Eugenio Cámara, se acordó fijar el 1 de enero de 2011 como el día de inicio de la finalización de los 20 años de concesión a la UTE, momento en el que la Emtre recibió parcialmente las instalaciones acabadas y se entregaban al servicio público.
El sumario de Azud hace especial hincapié en la empresa Cyes Infraestructuras por, presuntamente, realizar pagos a Corbín entre 2006 y 2014 por un total de 491.694 euros, con una dinámica habitual de 30.000 euros más IVA al semestre. El resto de empresas que conformaban la UTE habrían dejado de abonar las supuestas comisiones al abogado a partir de 2006 menos Cyes. A cambio, habría sido adjudicataria de varios proyectos, entre ellos el de Los Hornillos a través de la UTE. Su responsable Felipe Almenar se encuentra investigado.
Aunque no existe todavía conexión con Azud, otra causa, la llamada 'trama de la basura', sigue su curso en el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia. En ella también aparece la UTE Los Hornillos y la empresa Servicios Medioambientales Valencia (SMV), que facturó 10 millones de euros a la concesionaria de la planta, según la denuncia inicial de la Emtre en 2018 ante la Fiscalía Anticorrupción.
Las presuntas irregularidades detectadas consistirían en que uno de los responsables de la Emtre formaba parte de SMV a través de un testaferro, de manera que tenía poder para decidir sobre las adjudicaciones y, a su vez, estaba de proveedor y beneficiario de éstas.
