La presidenta del TSJCV, Pilar de la OlivaMañana se reúne la Sala de Gobierno del TSJCV para votar si apoyan los cambios
VALENCIA. Justo en el momento en que el gobierno aprueba una Ley de Enjuiciamiento Criminal que reduce considerablemente los plazos de instrucción de las causas, Valencia podría perder uno e incluso dos de sus juzgados de instrucción. Ante esa posibilidad, los jueces y magistrados de Penal y de Instrucción de Valencia están en pie de guerra desde hace dos días.
Dicha pérdida vendría dada porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), de la mano de su presidenta, Pilar de la Oliva, la Conselleria de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoyan un informe de la inspección técnica del CGPJ en el que se dice que los tres juzgados desplazados de lo Penal en Paterna, Alzira y Torrent vuelvan a Valencia y se cree un nuevo juzgado de ejecutorias, tal y como ha informado a Valencia Plaza el CGPJ. El problema es que el Ministerio de Justicia se niega a crear nuevos juzgados y, por tanto, un cuarto tribunal de ejecutorias supondría la supresión de un instrucción.
Mañana se reúne la Sala de Gobierno del TSJCV para votar si apoyan los cambios que quieren desde el CGPJ, el ministerio, la Generalitat y la presidencia del TSJCV. Fuentes de toda solvencia explicaron a Valencia Plaza que habrá un ponente sobre el asunto que leerá las conclusiones de un informe realizado con motivo del posible traslado de los penales. Al parecer, dicho informe no es nada favorable a los cambios que se proponen, pero además varios magistrados de los que componen la sala de Gobierno ya han mostrado su indignación ante la posible eliminación de un juzgado para crear otro y han anunciado que votarán en contra.
Con todo ello, los jueces están “especialmente enfadados” con Pilar de la Oliva, porque hasta el jueves no fueron informados de los posibles cambios cuando ella sabía de la eliminación de un juzgado desde hace más de 20 días cuando mantuvo, el pasado 23 de noviembre, una reunión en Madrid con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, un representante del Ministerio de Justicia y la vocal de la permanente de CGPJ que lleva Valencia, Mar Cabrejas. En aquel encuentro les informaron de que si querían traer los penales y crear un juzgado de ejecutorias debían eliminar otro.
Los jueces dicen no sentirse representados por una presidenta que “les esconde información”. Entre el jueves y el viernes se celebraron dos juntas de jueces en las cuales se votó por unanimidad el ‘no’ a los cambios planteados, pero todos ellos deberán esperar a mañana qué decide la Sala de Gobierno. Muchos magistrados se preguntan si el apoyo de De la Oliva al traslado de los penales no tendrá algo que ver con su candidatura a la renovación de la presidencia del TSJCV que se decidirá el próximo enero.
Con especial ansiedad esperan la decisión la juez del juzgado de Instrucción número 21, Nieves Molina, que instruye causas tan especiales y sensibles como el accidente de metro o la trama del exconseller Rafael Blasco, y su compañero del número 4, Pedro Casas. El nerviosismo de los magistrado viene porque Molina es la magistrada del último juzgado creado y Casas ha sido el último en incorporarse a instrucción.
Ante la posibilidad de que se elimine un juzgado, lo lógico es que el último en crearse, en este caso el de Molina, sea el que salte y se convierta en ejecutorias pero la juez del metro lleva años trabajando en esta jurisdicción y no sería justo que ella se marchara forzosamente cuando tiene compañeros que han llegado mucho después. En el caso de que fuera Nieves Molina la que se tuviera que irse, sus casos más mediáticos deberían ser repartidos.
