En España la cifra asciende hasta los 40.000 millones
Valencia, (EFE). Los juzgados españoles tienen "en juego" más de 40.000 millones de euros, según ha explicado el decano de los jueces valencianos, Pedro Viguer, quien advierte de la trascendencia de la eficiencia judicial sobre el sistema económico, como responsable de posibles "nudos en la tubería del flujo económico".
En una entrevista con la Agencia EFE, Viguer explica que sólo en las cuentas de consignación de la Comunitat Valenciana se registraron el año pasado movimientos cercanos a los 1.300 millones de euros, la mitad de ingresos y otro tanto en salidas, todo ello a pesar de que en estas cuentas se ingresan porcentajes mínimos de los importes que son objeto de litigio.
"Si no somos capaces de resolver estos litigios en un plazo razonable la Justicia se convierte en un obstáculo para la economía, y eso es algo que obviamente tienen muy en cuenta los inversores extranjeros", señala Viguer. Además, añade, "el retraso excesivo puede provocar incluso el hundimiento o la desaparición de una empresa, por lo que una reclamación en vía civil puede derivar en concurso de acreedores o reclamaciones en los juzgados de lo social".
Por este motivo, considera necesaria "una apuesta verdadera por la justicia en este país", y señala a la cifra de jueces en España como uno de los puntos clave. "Si en Europa hay unos 21 jueces por cada 100.000 habitantes de media, en España tenemos unos 11, y en la Comunitat Valenciana entre 9 y 10, de modo que estamos por debajo incluso de la media nacional", explica.
Por otra parte, Viguer lamenta el "escaso recorrido" de las 58 medidas contra la corrupción que medio centenar de jueces decanos plasmaron el pasado mes de diciembre en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción". Ante la "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público", los jueces decanos reclamaron la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción, agravar las penas de delitos como tráfico de influencias o prevaricación o la revisión de la figura del aforado.
"Eran medidas concretas, algunas de ellas no requerían más que ligeras modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero al contrario de lo que esperábamos, se han planteado otras medidas que obstaculizan el trabajo judicial, como la limitación de los plazos de instrucción, que no se comprenden entre quienes conocemos los procedimientos en el día a día", señala Viguer. "Esta reducción de plazos no tiene sentido cuando determinados trámites, como una comisión rogatoria o la solicitud de un análisis de ADN, pueden demorarse durante meses", agrega.
Sin embargo, el decano de los jueces valencianos subraya el "papel relevante" que el poder judicial ha tenido en los últimos años a la hora de "llamar la atención sobre determinadas prácticas que no estaban siendo muy adecuadas" en relación a deudas, procesos hipotecarios o productos financieros complejos. "Desde 2013 han entrado en los juzgados de Valencia unos 13.500 asuntos relacionados con productos financieros, alrededor de 9.500 sobre acciones y 4.000 sobre preferentes, lo cual ha supuesto un contratiempo enorme para los juzgados", explica Viguer.
Así, los juzgados de Primera Instancia se han reforzado con cinco jueces, que en el último trimestre de 2015 han emitido 500 sentencias. "Es cuestión de meses que podamos dar una salida razonable a esta acumulación de asuntos. En un año se han emitido aproximadamente unas 5.000 sentencias entre los 22 jueces de Primera Instancia y los cinco refuerzos, y el volumen de trabajo ha quedado reducido a menos de la mitad", reconoce el juez decano.
En este sentido, Viguer considera necesario "dar un impulso a la Ley de Segunda Oportunidad" que "juega un papel importante en países vecinos" desde la perspectiva del control judicial como garante de la buena fe.
En los últimos meses, el Decanato de los jueces de Valencia ha elaborado la primera guía nacional para la aplicación del Estatuto de la Víctima -que entró en vigor el pasado mes de octubre- para delimitar las funciones de todos los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas y lograr que "los órganos judiciales sean de acogida, asesoramiento, protección y asistencia".
"Estamos satisfechos con la acogida de este tipo de iniciativas. Los juzgados de Valencia fueron pioneros en julio de 2014 en la implantación de un sistema para evitar confrontaciones visuales entre víctimas y acusados que posteriormente ha quedado reconocido como un derecho explícito para las víctimas", en el citado Estatuto, concluye.