Natxo Costa, en las ferias 'Induferia' e 'Hinchalia' en Feria Valencia (VP)VALENCIA. En poco más de tres meses, Natxo Costa se ha convertido por méritos propios en una de las caras más reconocibles del segundo escalón del Consell. El director general de Comercio y Consumo ha encabezado el giro radical que el Gobierno valenciano ha querido imprimir en asuntos tan delicados como el futuro de Feria Valencia o la regulación de horarios comerciales. A menudo esos contundentes posicionamientos iniciales han tenido que ser posteriormente suavizados o, directamente, han requerido de una rectificación, tal y como acaba de suceder con el acuerdo para determinar los festivos de apertura para el comercio en 2016.
El debut de Costa en el Observatorio de Comercio del pasado martes fue más intenso de lo que preveía. El director general se plantó en la reunión con una revolucionaria propuesta que consistía en reducir a la mínima expresión los domingos y festivos del mes de diciembre con actividad comercial.
El pretexto para limitar al máximo las aperturas justo en el mes en el que el sector concentra el mayor porcentaje de sus ventas por la campaña navideña era una rigurosa interpretación de una norma aprobada por el popular Máximo Buch que el Gobierno central ha cuestionado por considerarla excesivamente restrictiva.
Esta rocambolesca propuesta no obtuvo el respaldo ni siquiera de las organizaciones del pequeño comercio, las más afines al Consell. La Conselleria de Economía consiguió el anhelado consenso en el seno del órgano, pero fue para sacar adelante una propuesta contraria a la abanderada por Natxo Costa. Finalmente serán cuatro festivos de apertura en diciembre de 2016, todos menos los días 6 y el 26, y no uno como defendía el representante de la Generalitat.
La regulación de horarios y la configuración del órgano consultivo en el que se decide el calendario de aperturas ha sido el terreno más polémico en el que se ha movido Costa, que en algunos aspectos ha llegado a eclipsar al conseller Rafael Climent como demuestra el hecho de que fuera su director general quien llevó la voz cantante en la reunión del Observatorio el pasado martes.
No obstante, el mayor desliz de Costa en relación al Comercio ha sido su complicada coexistencia con las grandes marcas representadas por la asociación Anged. En otra maniobra sustentada de nuevo en la estricta aplicación del reglamento, el director general sacó adelante una orden con la que dejaba fuera del Observatorio del Comercio a la organización que defiende los intereses de grandes empresas como Ikea, Carrefour o El Corte Inglés.
Su decisión de dejar sin voz a las grandes empresas dentro de ese órgano, además de alterar el equilibrio de fuerzas existente durante años, le deparó un choque con la patronal autonómica Cierval, a la que trasladó la responsabilidad de ceder sus asientos en ese órgano a las grandes empresas. La respuesta de la organización empresarial fue seguida de una rebaja en las aspiraciones de Costa. Ambas partes encontraron una salida airosa para que Economía no tuviera que publicar una nueva orden para desdecirse de la anterior, pero la consecuencia es que Anged ha formado parte del Observatorio como antes.
El ninguneo a las grandes firmas, evidenciado también en las prioridades marcadas en la agenda de las primeras semanas de gobierno, se vio agravado con el aumento de los vocales de la Unión Gremial, la asociación de pequeño comercio de la que precisamente procede Costa. Para hacerlo, el director general se saltó la misma norma que utilizó de pretexto para excluir a Anged.
Apenas dos semanas desde su nombramiento como director general de Consumo, Natxo Costa no dudó en posicionarse abiertamente en contra de Puerto Mediterráneo, uno de las mayores inversiones privadas previstas en la Comunitat con casi 6.000 empleos asociados. A pesar de que el proyecto implica una inversión de 800 millones de euros y ya cuenta con varios informes favorables, Costa no dudó en asegurar que haría lo posible por frenar su desarrollo, una postura compartida por el conseller Rafael Climent.
Climent y Costa, junto a los integrantes de la Plataforma por el Comercio Valenciano y Unió Gremial"Si tuviera que firmar yo la paralización, la firmaría. No es el modelo de desarrollo comercial que nos gusta y vamos a hacer todo lo posible por desarrollar un modelo comercial que nos guste. Puerto Mediterráneo no va a tener nuestra colaboración", declaró entonces el responsable de la política comercial del Consell.
Posteriormente, tanto él como su departamento han suavizado su postura ante la evidencia de que su margen de maniobra para abortar la inversión y la opinión manifestada por el presidente de la Generalitat: "al margen de si nos gusta" se "hará lo que toca".
Costa, sin experiencia previa en la administración, se ha tenido que enfrentar en estos meses a otras patatas calientes el futuro de Feria Valencia, con la que también ha cometido algunos deslices.
Tras semanas de inacción a pesar de las prisas de los gestores del recinto por reactivar el plan de viabilidad de la Feria, Costa entró en materia tarde y con mal pie. Sin apenas conocer la situación real del recinto por boca de sus gestores, el director general de Comercio se descolgó con unas polémicas declaraciones en las que rechazaba el borrador de estatutos del futuro consorcio de Feria Valencia, lo que en la práctica suponía una enmienda a la totalidad del plan pactado con la anterior administración para salvar el recinto.
"El borrador de estatutos de la Feria no es un instrumento válido" para la Generalitat, declaró Costa a Valencia Plaza a principios de septiembre. ¿El motivo? Asumir ese texto suponía "dar por buena" la gestión del PP. La reacción de la Feria tardó apenas unas horas. El presidente ejecutivo del recinto, José Vicente González, se ofrecía a Costa para aclarar todas sus dudas sobre Feria Valencia y le recordaba su condición de presidente del patronato de Feria Valencia.
Este nuevo paso en falso se completó con la aceptación posterior por parte del conseller de Economía del plan de los gestores de la Feria para partir el recinto en dos y dejar la gestión en manos de una empresa privada, una alternativa que en un principio Costa y Climent rechazaban por completo.
