VALÈNCIA (X.A./AGENCIAS). La Generalitat prosigue con su tarea de recuperar fondos y bienes públicos que se destinaron a tramas corruptas en la anterior etapa de gobiernos del PP. Uno de los casos más mediáticos es el de Cooperación, por el que fue condenado el exconseller Rafael Blasco y del que todavía quedan cuatro piezas por resolver.
Así, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, detalló este miércoles en Les Corts que la Generalitat ha conseguido la adjudicación con un precio de 283.400 euros de los inmuebles embargados en procedimiento judicial, una cifra que multiplica por 3,7 el precio que habría obtenido en subasta. De esta manera, el Gobierno valenciano ha pasado a disponer de una plaza de aparcamiento y tres pisos en la Avenida Ausiàs March con una superficie de 600 metros cuadrados. Unos inmuebles diseñados para el uso de oficina y en buen estado que recibieron una tasación de 580.000 euros.
Sobre esto, Soler subrayó que el Consell ha evitado así que los bienes inmuebles embargados a las entidades de la trama corrupta por procedimiento judicial acabaran malvendidos en subasta, ya que la mejor oferta presentada apenas llegaba a los 76.000 euros y no cubría la cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil a favor de la Generalitat (1.623.840 euros).
En este sentido, cabe recordar que el Gobierno valenciano no deberá desembolsar cantidad alguna por estos inmuebles sino que se detraerá del importe total que la Administración autonómica tiene pendiente de recuperar de la trama, los citados 1,6 millones.
En cuanto a la utilidad de estos inmuebles, el titular de Hacienda anunció que se están estudiando las "posibles adscripciones más adecuadas" considerando las características de los pisos y las necesidades de diferentes departamentos de la Generalitat, con la posibilidad de que puedan instalarse dependencias que a día de hoy se encuentran en inmuebles alquilados, con lo que las arcas públicas podrían ahorrar esos pagos mensuales.
El conseller añadió que el caso Cooperación sacó a la luz una de las prácticas "más execrables", como es la de "desviar fondos destinados a proyectos de cooperación de países en vías de desarrollo". Ante esto, Soler defendió que la transparencia es "la mejor aliada de los gobiernos que quieren ser honestos", y manifestó que el Gobierno valenciano "está cumpliendo con la lucha contra la corrupción" exigiendo responsabilidades penales y recuperando los bienes defraudados para que tengan un uso público al servicio de los valencianos.