La reforma laboral de 2012 introdujo, entre otras muchas novedades, la obligación, para las empresas que pretendan llevar a cabo despidos colectivos que afecten a más de 50 trabajadores la obligación de ofrecer a estos trabajadores un plan de recolocación externo a través de empresas de recolocación autorizadas. Estos planes deberán incluir medidas de formación, orientación profesional, atención personalizada y búsqueda activa de empleo y su duración será como mínimo de seis meses

Superadas las dos últimas convocatorias electorales, es buen momento para reflexionar sobre el nuevo horizonte que el actual gobierno dibujará para dar respuesta a una de las preocupaciones que, desde la década de los 80, ha encabezado los barómetros del CIS como el principal problema de los españoles: el paro.

La percepción del problema del desempleo para la población española ha fluctuado, casi de forma armónica, con la evolución de la economía y por tanto del empleo. En mayo de 1.985, fue cuando el 94,4% de la población lo señaló como el principal problema; en septiembre de 2007, descendió hasta el 35%; pero en mayo de 2011 repuntó hasta el 84,1% y en marzo de este año se sitúa en el 61,8%. El paro ha ocupado, casi de forma ininterrumpida, el primer puesto en la preocupación del conjunto de la población.

Ya han pasado siete años desde que se aprobó la reforma laboral, pero conviene recordar el escenario en el que esta fue aprobada. Ocurrió en el mes de febrero de 2012, con más de 4.700,000 parados; nos encontrábamos en un año en el que se destruyeron casi 800.000 empleos; y desde el inicio de la recesión, a finales del año 2007, el desempleo se había incrementado en 2.600.000 personas.

En 2013 se inició una nueva fase de recuperación del empleo, que dura ya 5 años, y ha permitido descender desde una tasa de desempleo del 27,16%, que se alcanzó en su primer trimestre, al 14% actual.

Podría parecer que con este nuevo escenario de recuperación económica y crecimiento del empleo las recolocaciones pasan a un segundo plano entre las prioridades de las empresas. Pero lo cierto es que parece que este proceso de recuperación económica está entrando en una nueva fase de desaceleración. Los anuncios de nuevos Expedientes de Regulación de Empleo en empresas tan significativas como: Banco Santander, Caixabank, Naturgy, Dia, Vodafone, Airbus, Cemex, Ford, etc. son prueba de ello y apuntan a que las empresas están adoptando posiciones de cara a un nuevo escenario económico. Con sectores como la banca, telecomunicaciones, industria y automóvil que generaran una pérdida de más de 20.000 empleos durante el primer semestre de este año.

Otros indicadores, como puede ser el incremento de un 31,4% en el numero de concursos de acreedores presentados por las empresas valencianas durante el primer trimestre del año, tampoco contribuyen a dibujar un escenario de continuidad en el crecimiento del empleo.

Por lo tanto, los planes de recolocación, lejos de perder vigencia, parece que lamentablemente continuaran siendo un instrumento necesario para evitar, o en su defecto minimizar, nuevas perdidas de empleo que trunquen la fase de crecimiento de estos últimos años.