Los profesores asociados, el pasado lunes, durante la concentración en Tarongers.VALÈNCIA. La crisis de los profesores asociados de la Universitat de València, lejos de convertirse en una anécdota, está a punto de ser un problema mayor que transcienda a otras universidades y que puede poner en jaque a la Conselleria de Educación y hasta el Ministerio. Un grupo de profesores asociados, entre los que se encuentran prestigiosos abogados de València en activo, están preparando una demanda judicial para denunciar su situación y obligar, vía tribunales, que se hallen soluciones.
Desde hace una semana los más de 1.200 profesores asociados de la institución académica valenciana están en huelga, en un conflicto que afecta diariamente a más de 12.000 alumnos. Los asociados, que cuentan con el apoyo de los sindicatos de estudiantes, reclaman un incremento en sus retribuciones, que actualmente califican de “salario de miseria” y que según sus cálculos son de cinco euros la hora. Asimismo piden que se les incluya en proyectos de investigación, posibilidad que ahora no se les permite.
Para este martes hay convocada una concentración frente a la sede de la Conselleria de Educación, donde está previsto que se reúnan con la directora general de Universidades, Josefina Bueno. Mientras desde el rectorado no se ofrezca una propuesta de negociación al comité de huelga, mantendrán los paros. La oferta del rector Morcillo, convocando una Mesa de Negociación pero llamando sólo a los sindicatos, se ha devenido como estéril ya que los asociados no han cedido; si no se les llama a ellos, no piensan parar.
Es en este contexto en el que, según ha podido confirmar Valencia Plaza, un grupo de profesores asociados de Derecho, que en la actualidad compaginan la docencia con el ejercicio, está ultimando una demanda de calado que puede suponer un antes y un después.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, se está preparando un texto en el que se exigirá que se modifique el actual estatus de los profesores asociados, y en el que quedará de manifiesto el hecho de que su situación conculca varias directivas y reglamentos comunitarios.
La denuncia, con una sólida jurisprudencia detrás, es una medida de presión que esperan no tener que ejercer, pero a la que están dispuestos si desde la Universitat de València no se ofrecen soluciones.
Un problema que además puede extenderse a otros centros. Con motivo de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que se ha celebrado este viernes en València, el presidente y rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, habló con un grupo de asociados y preguntó por su situación. Existe un temor, no reconocido en público, a que la protesta de València cree un efecto contagio y se reproduzca en otras universidades.
Tras la Asamblea General Ordinaria, Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, garantizó que tratará de trasladar “ya” al Gobierno central la problemática de los profesores asociados, al tiempo que lanzó un capote al rector de la Universitat de València al subrayar que es una situación general que proviene de “los recortes que hizo en su momento el Gobierno en las universidades”.
Para Fernández se trata de un problema que afecta a toda España y no solo a este colectivo docente. Es por ello que aseguró que había llamado a estudiarlo con “una visión de conjunto de la carrera docente y de su estructura”. Propuestas a largo plazo que no servirán para aliviar la situación de los asociados de la Universitat de València, los cuales llevan reclamando una solución desde hace años.
De hecho la comisión de peticiones del Parlamento Europeo ya tuvo que abordar este octubre pasado la situación de precariedad a nivel salarial y laboral de estos docentes. El colectivo presentó en noviembre de 2016 una denuncia a Bruselas ante la falta de compromisos del Rectorado y por parte de los partidos políticos de Les Corts y el Consell.
