La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, durante un debate en el Centre Octubre. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El viejo Santa Claus se ha adelantado a los Reyes Magos y trae carbón para la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y, sobre todo, para el conseller de Educación, Vicent Marzà. La rectora y el dirigente político están en el punto de mira de las críticas de los profesores ayudantes doctores de la Universitat de València. La primera, porque se le reclama una acción más decidida. El segundo, porque consideran que no atiende a sus problemas. Este colectivo, que supone cerca de 300 personas y aproximadamente el 7% del personal docente e investigador, acopia una carga lectiva de 70.000 horas, constituye un pilar indispensable para el funcionamiento de la universidad, y pese a ello es uno de los peor tratados salarial y profesionalmente de la Comunitat, con la ratio más baja de euros por hora de trabajo.
La categoría está formada por docentes ya doctores, que han pasado en todos los casos por un sistema de acreditaciones, ya sea a través de la agencia estatal ANECA o de la autonómica AVAP. Su consideración profesional está más que certificada oficialmente. Pese a ello, su retribución económica es muy baja y, al igual que sucede con los profesores asociados, están siendo los que soportan gran parte del esfuerzo pedagógico de la institución; un sinsentido contra el que se están movilizando.
Según explica uno de sus portavoces, empezaron a reunirse en septiembre “aunque en el pasado ya hubo otra plataforma que ahora se ha reactivado”. Su intención es resolver su marginación tanto económica como profesional. Y están comenzando a moverse, dispuestos a llegar hasta el final porque empiezan a no tener nada que perder.
Un ejemplo de ello es su salario, muy por debajo de los estándares europeos. Así, perciben alrededor de 1.708€ brutos al mes (unos 1.300€ netos), para un total de 23.923 euros brutos al año. Sin salir de la Comunitat, los profesores ayudantes doctor de la Universitat d’Alacant (UA) cobran 1.882 euros brutos al mes, y un total de 26.359 al año; mientras, los de la Universitat Jaume I de Castelló perciben 1.845 euros al mes (25.826 al año). Por si fuera poco, en ambas universidades los profesores ayudante doctor tienen menos carga docente.
Si la comparativa en la Comunitat Valenciana es triste, con el resto de España es aún peor. En las universidades andaluzas, por ejemplo, el sueldo roza los 30.000 euros anuales. Con un añadido: si se hace el cálculo de horas de dedicación/salario, los profesores ayudantes doctor cobran menos incluso que los profesores asociados. La situación, aseguran, es más desoladora aún si comparan sus salarios con los de otros colectivos docentes no universitarios, como el profesorado de Educación Infantil, Primaria o Secundaria. Dicho de manera directa: son los parias del sistema educativo valenciano.
Según las informaciones que manejan, la Conselleria ha asignado para la mejora salarial de los sueldos de esta categoría unas cantidades que se irán incorporando en un plazo progresivo de tres años durante el trienio 2019-2021. El presupuesto que se maneja es de unos 18 millones de euros, seis de ellos para la Universitat de València, cantidad que desde el colectivo consideran como “claramente insuficiente”. Por ello, su primera reivindicación es que el convenio establezca para este profesorado de las universidades públicas valencianas un salario desde un 3% hasta un 5% más alto que el establecido actualmente en la Universidad de Alicante.
Además de estar mal pagados, a los profesores ayudantes doctor se les da una carga docente de 24 créditos o, lo que es lo mismo, 240 horas anuales. Clases que en algunos casos son “enormes, de 90 alumnos”, relatan. Esto provoca que dispongan de escaso tiempo para optimizar la enseñanza y la investigación. A diferencias de otras universidades que establecen una reducción de la carga docente en los primeros años de contrato, los profesores ayudante doctor de la Universitat de València dan un 20% más de horas de docencia que, por ejemplo, los de la Universidad de Alicante; o un 25% más que los de la Universitat Jaume I en su primer año.
De ahí que una de sus exigencias sea pedir que se homogeneicen los contratos con un único modelo de contrato a cinco años en el que se prevea una carga máxima de 20 créditos en los primeros dos años y de 22 a partir del tercero. Igualmente, también reclaman que se tenga en cuenta para la reducción de la carga docente cuestiones como la conciliación familiar (la media de edad de los profesores ayudante doctor es 41 años, con las cargas familiares que eso supone) como el reconocimiento de sexenios a aquellos profesores que los tengan por la AVAP o el CNEAI.
La coyuntura es tan perversa, que los profesores tienen incluso que exigir que se les permita investigar. Desde el colectivo lamentan que no pueden ni desarrollar ni ver reconocida su actividad investigadora, al encontrarse condicionados por la excesiva carga docente. Por ello, piden que los tramos de investigación sean reconocidos también a nivel económico y de reducción de la docencia con efecto inmediato, así como que se les permita “realizar estancias de investigación en otros centros”. En la actualidad hay numerosos profesores que sólo pueden irse de estancia en los meses de verano, cuando en los centros receptores apenas hay personal o, incluso, están cerrados. “No estamos en condiciones para plantear investigaciones de mayor calado”, relata uno de los representantes del colectivo. Están atados de pies y manos.
Los profesores ayudantes doctor también tienen dificultades para la promoción profesional. No se les deja acceder a categorías superiores como Profesores Contratados Doctores o Profesores Titulares hasta que han pasado los cinco años de rigor. Sin embargo muchos de ellos están ya acreditados para dicho puesto. Y aquí los dedos señalan acusadores al departamento de Campanar, a la Conselleria de Educación, que no autoriza la promoción a la categoría superior hasta que no vence el quinquenio.
En la raíz del problema se halla que el perfil de la categoría profesional se corresponde más con los años ochenta, cuando fue creado, que con la actualidad. Según el colectivo de profesores ayudantes doctor, no se ajusta a la época que vive la universidad europea, en la que los profesores tienen que ser buenos docentes y mejores investigadores y, para ello, deben publicar sus aportaciones según rigurosos criterios de calidad y deben crear redes de trabajo con personal de otras universidades de España, de Europa, del Mundo. Algo que ahora no pueden ni hacer.
Es por eso que entre su listado de reclamaciones incluyen una muy concreta y es que la Universitat de València, con la colaboración de la Conselleria, se comprometa a llevar a cabo cuantas acciones fueran necesarias para eliminar de la carrera docente “la injusta figura de Contratado Doctor Interino, figura que, amén de no estar dentro de un marco legal propiamente dicho, nos mantiene en una condición de precariedad y de incertidumbre, pese a todos los años que hemos dedicado a la universidad, a la investigación, a la docencia”. En su lugar, dicen, debería asegurarse la promoción directa a Contratado Doctor de aquellos profesores ayudantes que así lo hubieran acreditado en las instancias correspondientes.
Por el momento las expectativas no son buenas, admiten desde el colectivo, porque no han percibido ningún interés por parte de la Conselleria. La poca esperanza que tienen la hallan en el vicerrector de Profesorado, Ernest Cano, quien, relatan, les recibió “con cierta rapidez” y se mostró “algo receptivo” a la cuestión de la reducción docente a 22 créditos, aunque se escudó en el problema de la falta de financiación de la Universitat de València y, en general, de infrafinanciación de la Comunitat.
No ha ocurrido lo mismo con la Conselleria. “No nos han escuchado para nada”, sentencian desde el colectivo, y como ejemplo de ello citan el plantón que les dio la directora general, Josefina Bueno, quien desconvocó la reunión que iba a tener con ellos. Una indiferencia a la que se une la debilidad de estos profesores, los cuales, mayoritariamente quieren desarrollar carrera en la Universitat y por eso no se atreven a protestar en voz alta por temor a las represalias, explican.
Sin embargo, la situación está superando ya los límites de lo soportable y están comenzando a unirse de cara a plantear acciones de protesta y reivindicación. Un ejemplo de ello es la campaña que han iniciado en el portal de internet Osoigo.com. Algo que, dicen, no lo hacen sólo por ellos, sino también por la propia universidad.
Porque, explican, tienen estudios que demuestran que “es mejor para la universidad” y que daría más retornos a la entidad si se procediera a mejorar tanto su estatus económico como sus condiciones laborales. “En estas condiciones y con estos sueldos, la Universitat no atrae a talentos desde fuera (resto de España y Europa) y pierde competitividad”, advierten.
