Los sindicatos minoritarios llevan al Supremo las ayudas de 5,2 millones a CCOO, UGT y Cierval

VALENCIA. CSI-F, USO, Intersindical y Sindicato Independiente recurrirán ante el Tribunal Supremo una parte de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana sobre el Reglamento de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, con la que se regula una subvención de 5,2 millones de euros a los sindicatos mayoritarios de la Comunitat -CCOO-PV y UGT-PV- y a la patronal autonómica Cierval.

Los cuatro sindicatos minoritarios apuntan que la propia sentencia del TSJ ya les da la razón parcialmente al admitir la vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad sindical. El fallo del TSJ estima en parte, como consta en el escrito de la Sección Quinta, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los cuatro sindicatos, hasta el punto de que especifica que declara nulo el artículo 9 del reglamento "por vulnerar el derecho fundamental contenido en los artículos 14 y 28.1 de la Constitución Española”.

"Estos últimos artículos constitucionales hacen referencia a la igualdad y la libertad sindical. Mientras, en el artículo 9 del Reglamento el Consell pretendía limitar la participación institucional a dos sindicatos y a la patronal", indican al respecto los sindicatos, que añaden que el TSJ, en su dictamen, "tumba esa consideración y reconoce la igualdad de derechos del resto de sindicatos representativos".

"El TSJ, en el fallo, desestima la causa de inadmisibilidad del recurso planteada por UGT y CCOO y advierte de la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo", afirman.

Los servicios jurídicos de CSI-F explican que “la sentencia del TSJ estima parcialmente el contencioso y reconoce la discriminación”. No obstante, los cuatro sindicatos presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de que admita “en su totalidad y no únicamente parcialmente” los motivos esgrimidos. En esta última línea ya se pronunció Fiscalía el pasado mes de febrero.

Fiscalía dirigió un informe a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que planteaba que “ha lugar la demanda” presentada por CSI-F, SI, Intersindical y USO. En el mismo documento defendía la “nulidad” de los artículos que conculcarían la Constitución en el decreto que aprueba el Reglamento de la Ley 8/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) señala que, junto a SI, Intersindical y USO, interpuso en noviembre del pasado año recurso contencioso administrativo contra el Consell por “vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad sindical”.

En su recurso de interposición, los cuatro sindicatos destacaban “el trato injustificadamente diferenciado a los sindicatos más representativos”, y señalaban que el Consell les otorga “beneficios económicos que son privilegios exorbitantes, por los que se sitúan en mejor posición, lo que rompe cualquier principio de competitividad igualitaria”.