Rafael Climent (EVA MÁÑEZ)Las organizaciones piden la suspensión cautelar del reglamento de la norma tras haber sido aprobado fuera de plazo
VALENCIA. Los sindicatos CSI·F, Intersindical, USO y SI -como informó Valencia Plaza- han pedido este miércoles por escrito al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la suspensión cautelar del decreto que aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales.
Los cuatro sindicatos avisan que el Consell excedió el plazo de seis meses en publicarlo. La gestión del mismo correspondió a la Conselleria de Economía Sostenible liderada por Rafael Climent.
Este último recurso supone una vuelta de tuerca en la disputa judicial, puesto que podría privar a CC OO-PV, UGT-PV y a la patronal Cierval de la segunda mitad correspondiente al pago de los 5,2 millones de euros en subvenciones previstos en la ley, que, según afirman fuentes conocedoras del proceso, podría quedar bloqueado por la justicia.
Las organizaciones, que ya denunciaron esa regulación por discriminación sindical al considerar que "concentra todos sus efectos en UGT y CCOO", explican que “el Gobierno, para dictar el reglamento, excedió el plazo de seis meses concedido por la Disposición Final Segunda de la ley habilitante”. La ley fue publicada el 9 de abril de 2015, mientras que el reglamento lo hizo el 28 de octubre, lo que “determina la nulidad de pleno derecho del decreto mencionado”.
Los cuatro sindicatos han presentado recurso contra el decreto 193/2015 del 23 de octubre por el que se aprueba el reglamento de la Ley 7/2015 de Participación y Colaboración Institucional, publicado el 28 de octubre. En el documento solicitan la citada “medida cautelar de suspensión provisional de la resolución impugnada hasta que recaiga sentencia definitiva en el presente recurso contencioso-administrativo”.
Las formaciones recurrentes subrayan la importancia de la suspensión cautelar por “las consecuencias que se producirán de llevarse a cabo ese reglamento”. Y ponen como ejemplo que “que lo que hasta ahora podría entenderse como participación institucional se amplía desmesuradamente en ese reglamento. Incluso abarca impropiamente a todo tipo de organismos dependientes de la Generalitat, con lo que se agranda la participación institucional de los sindicatos CCOO y UGT, todo ello en beneficio exclusivo de los mismos”.
De este modo, “toda esa proyección pública redundará en un incremento de afiliación de estos sindicatos. A partir de ese momento resultará imposible a los demandantes revertir la situación creada a favor de CCOO y UGT, por lo que el presente recurso habrá perdido por completo su finalidad legítima”. Por ese motivo solicitan la suspensión cautelar del decreto.
