MADRID (EFE). Las pesquisas por los supuestos sobornos que habría concedido el grupo Duro Felguera a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos permanecen a la espera de la declaración del último de los investigados, el exviceministro bolivariano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado. La Fiscalía Anticorrupción apunta a éste por su gestión al frente de la empresa pública Electricidad de Caracas en 2009, año en el que Duro Felguera se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros.
Citado para el pasado 26 de febrero, Alvarado alegó problemas de salud que le impedían desplazarse a España sin sufrir un "grave riesgo vital" en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que actualmente estudia si admite o no una declaración por videoconferencia. Pendientes de esta comparecencia se encuentra el resto de los investigados, entre los que figuran los dos últimos presidentes de la compañía asturiana, Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Del Valle, que defendieron la legalidad de los acuerdos y negaron haber entregado 105 millones de dólares (89 millones de euros) al que fuera vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006, Nervis Villalobos, actualmente en prisión provisional.
Hechos refutados por el propio Villalobos ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, al que relató que su relación con Duro Felguera, iniciada en 2011, se limitó a aspectos "básicamente informativos" sobre ingeniería y posibles cambios legislativos que pudieran afectar a la empresa. Aseguró también, según la transcripción del interrogatorio a la que ha tenido acceso Efe, que "jamás" se pagó a funcionario alguno ya que había involucradas "un sinnúmero de personas" y la última palabra "la tenía siempre el presidente de la República Venezolana", en alusión a Hugo Chávez.
Respecto a su retribución, sostuvo que aunque cobraba una elevada comisión del 5,5 % que "nunca había logrado" hasta la fecha, la heredó del contrato inicialmente suscrito entre Duro Felguera y Técnicas Reunidas (Terca), entonces presidida por el investigado Luis Barrios. En este sentido, recordó su experiencia con otras compañías cotizadas "como Elecnor o, puntualmente con Iberdrola", y defendió que estaban en juego "el prestigio de la empresa, la situación del país y había que trabajar bastante para que esto se lograra con un éxito (...) y en los tiempos adecuados".
Villalobos, que figura en un segundo procedimiento, es señalado por Anticorrupción por "aflorar las ganancias de actividades delictivas" mediante la compra de un inmueble en la urbanización madrileña de La Moraleja, tasado en 2,6 millones de euros, y transferir dos millones de dólares (1,7 millones de euros) a una sociedad cuya beneficiario final era él mismo.
El exvicepresidente, que matizó su papel de "tecnócrata" en el Gabinete de Chávez, del que fue despedido en 2006, relató que adquirió la propiedad "con recursos y un préstamo del Banco Madrid", liquidado dos años después de que el Banco de España interviniera la entidad por los indicios de blanqueo en su matriz, BPA. A preguntas de la Fiscalía, afirmó que "financieramente era muy atractivo el préstamo, y para el banco también, porque mantenía ese dinero como parte de esos activos y (...) era un ganar-ganar".
Asimismo, desmarcó de cualquier irregularidad a su pareja, contra quien también se dirigen las pesquisas, y a la que concedió el 50 % de las acciones de todas sus sociedades "única y exclusivamente por si en algún momento le llegase a ocurrir algo", según explicó la mujer en sede judicial.
El pasado septiembre el Ministerio Público denunció a todos ellos ante el juez por presunto cohecho internacional y blanqueo a raíz de una investigación de 2015, posterior al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
En la querella, advertía de tres acuerdos, el primero firmado en diciembre de 2008 con Barrios al mando de Terca, al que considera el testaferro de un Villalobos que "no podía aparecer formalmente por incompatibilidad" con su anterior cargo. "No hay ningún inconveniente porque no hay ningún paquete, ningún sabático que se le dé a una persona que salga del Gobierno. Al contrario, le dan una caja para que recoja sus cosas y se vaya", reprochó el exvicepresidente, que de momento continuará en la cárcel madrileña de Soto del Real después de que los jueces que instruyen los casos pendientes en España se hayan opuesto a su extradición a Estados Unidos, donde se le requiere por presunto blanqueo.