Los técnicos hallan errores que podrían retrasar la licencia de la residencia en Saïdia

VALÈNCIA. Los técnicos procedentes de diferentes servicios del Ayuntamiento de València han encontrado diversos errores que, si bien a primera vista subsanables, podrían retrasar la tramitación de la licencia para la macrorresidencia de estudiantes del barrio de la Saïdia. Uno de los más destacados tiene que ver con el ramal de la acequia de Rascanya que pasa por el centro de la parcela, y cuya titularidad no ha sido todavía aclarada.

En este sentido, el informe elaborado desde el área de Ciclo Integral del Agua destaca que en el año 2006 la comunidad de regantes cedió al Ayuntamiento una serie de acequias que transcurrían por el trazado urbano y que por diferentes motivos se encontraban fuera de uso. El pacto permitía que el consistorio pudiera recurrir a ellas para sus propios fines, como por ejemplo dedicarlas a la red de alcantarillado si se diera el caso. Ahora bien, siempre bajo la premisa de que el aprovechamiento urbanístico de la superficie sería del 50%. Es decir, la mitad de los beneficios de las actividades y transacciones sobre ese suelo serían para el Ayuntamiento y el resto para la comunidad.

El documento reconoce que el ramal que atraviesa la parcela de la futura residencia debería pertenecer al grupo de los ramales cedidos. Sin embargo, hay constancia de que en el año 2019 un propietario privado vendió la canalización a una empresa, por lo que existen dudas sobre la titularidad final del suelo. A este respecto, el área que dirige Elisa Valía recomienda pedir un informe a la comunidad de regantes para que se pronuncie sobre la propiedad del mismo, y al mismo tiempo considera que no se debería conceder la licencia solicitada hasta que no se aclare la cuestión. 

En esta misma línea, el proyecto también recibió anteriormente apuntes por parte de otros servicios del Ayuntamiento, aunque por ahora se desconoce si la empresa promotora, Gran Valencia 2005, los ha atendido o no. Por ejemplo, los técnicos del área de Actividades que encabeza Lucía Beamud detectaron en abril de 2021 un error de forma en la tramitación de la licencia, por lo que pidieron su subsanación antes de continuar adelante con el proceso.

Y es que, según se desprende del documento, la firma presentó ante el consistorio en su momento un único expediente informando sobre la actividad que se iba a desarrollar en el interior del complejo. Sin embargo, los técnicos consideraron que, puesto que la residencia cuenta con hasta cuatro edificios diferentes, lo apropiado sería pedir un título habilitante distinto para cada uno de ellos, con su propio informe independiente sobre la actividad. 

Más antigua es otra de las alegaciones presentada también por el área de Actividades, datada de octubre de 2020. Esta vez, a cuenta de la profundidad edificable en la calle Sant Bru. En ella, los técnicos justifican que la profundidad edificable permitida en los certificados de alineaciones es de 26 metros, mientras que en el plano presentado se puede apreciar una afección de 26,78 metros. 

Por último, también el área de Desarrollo Urbano que dirige Sandra Gómez aportó algunas visiones sobre la tramitación del hotel de Saïdia, concretamente en el mes de mayo. En este caso, el problema tenía que ver con la cesión de algunos espacios ubicados en plantas viales. Y es que parece ser que el complejo, tal y como se refleja en los documentos aportados, requiere de la cesión de uso de algunos espacios que están directamente ubicados en la vía pública, en lo que podrían ser los accesos al recinto. Específicamente, se trata de una superficie en la calle Casanova, otra en la calle Sant Bru y una tercera en la calle Guatlla. 

Sin embargo, los técnicos del servicio alegaban en su informe que no se había presentado ningún documento que justificase la necesidad de transferir estos suelos pertenecientes al espacio público, por lo que determinaron que el expediente inicial no cumplía con las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Es por ello que reclamaron la elaboración y posterior presentación de estos informes sin que, de nuevo, haya constancia sobre si la empresa ha atendido o no el requerimiento. 

Inquietudes de los colectivos vecinales 

Los colectivos vecinales del barrio de la Saïdia también han presentado alegaciones al proyecto, aunque por el momento denuncian que no han sido atendidas. Es por ello que, a lo largo de las últimas semanas, han protagonizado diversas protestas y manifestaciones en contra de la residencia, hasta el punto de que han despertado el interés de diversos grupos políticos del Ayuntamiento de València.

Sea como sea, entre sus principales preocupaciones se encuentra la altura de los edificios proyectados, la congestión del tráfico  o las molestias a los vecinos. En cuanto a la altura de los edificios, consideran que estos se encuentran demasiado cerca de las fachadas de algunas viviendas colindantes, lo que a la larga supondrá un problema para la entrada de luz y aire de las personas que viven especialmente en las plantas inferiores.

Del mismo modo, creen que la reserva de aparcamiento no es suficiente para cubrir toda la demanda que generará una residencia de estudiantes con 575 habitaciones. Aunque lo cierto es que, según se desprende del proyecto presentado, el hotel contiene muchas más plazas de las que la ley exige a un negocio hotelero de una estrella, tal y como es el caso. Aun así, los colectivos del entorno estiman que podría darse una congestión de vehículos en las calles, particularmente en horas punta.

Asimismo, tampoco consideran que la construcción de una explotación hotelera constituya un "uso racional del suelo". En este sentido, creen que no hay lugar para un negocio de estas características en un barrio que es principalmente residencial, y además se muestran preocupados por las molestias que la actividad pueda causar en el entorno. 

Es por ello que los habitantes del entorno rechazan que el Ayuntamiento accediera en su momento a cambiar el uso de la parcela de residencial a hotelero. Especialmente, apuntan, en un barrio "obrero" en el que una subida del precio de la vivienda podría tener efectos muy negativos sobre la vida diaria o incluso llevar a procesos de expulsión. En este sentido, creen que la construcción de residencias y apartamentos tendría impacto a la larga sobre los precios de los alquileres, al cambiar el modelo y la actividad principal del barrio. Y es por ello que rechazan la propuesta. 

Asimismo, también muestran preocupación por lo que podría suceder con el ramal de la acequia de Rascanya que discurre por debajo del suelo sobre el que se va a construir el complejo. A este respecto, temen que la empresa promotora pueda modificar su recurrido o suprimirla durante las obras de edificación de la residencia, o posteriormente durante su uso. 

Pugna política

Sea como sea, el proyecto de residencia de estudiantes en Saïdia también ha sacudido la política municipal. Concretamente, los dos partidos en el gobierno, PSPV y Compromís, han intercambiado a lo largo de los últimos días consideraciones sobre cómo -pero mucho más importante quién- debería solucionar el conflicto. Por una parte, Compromís pidió una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para impedir que determinadas parcelas interiores de uso residencial pudieran cambiar su uso a terciario. Como ha sido el caso, por ejemplo, de la residencia de Saïdia.

En este sentido, alegaban que la única forma de parar un proyecto de estas características es recurrir al PGOU, puesto que el servicio de Actividades -en manos de Compromís- no puede paralizar una licencia que cumple con la legalidad vigente. Es por ello que demandaron al área de Urbanismo -en manos del PSPV- la posibilidad de trabajar sobre una normativa superior que ampare la protección del uso residencial del suelo en disputa.

Postura que enfriaron desde Urbanismo, principalmente teniendo en cuenta que, según explicaron, una modificación del plan general no sería retroactiva y por lo tanto no tendría efectos directos sobre el proyecto de la Saïdia puesto que el cambio de uso del suelo ya ha sido aprobado. En este sentido, trasladaron la responsabilidad nuevamente el área de Actividades, servicio que tendría la potestad de frenar la licencia en caso de que se apreciara alguna incompatibilidad o defecto irresoluble en el expediente.