Los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 llevan a los tribunales su liquidación

VALÈNCIA. La liquidación del Consorcio Valencia 2007 ha acabado en la justicia, como se había anunciado. Una decena de trabajadores del ente, en proceso de despido colectivo al estar en disolución el consorcio, han presentado en el juzgado el recurso contencioso-administrativo para pedir la suspensión cautelar del procedimiento de disolución, así como el ERE de los empleados que quedan en el consorcio y la entrada del operador privado en los amarres de La Marina prevista para octubre.

El contencioso, presentado la pasada semana por el abogado y exsíndico del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, se produce después de que se rechazara el recurso extraordinario de revisión que pedía la nulidad del inicio del proceso de liquidación del Consorcio y por tanto, la totalidad de los acuerdos aprobados desde ese momento, también en lo relativo a los despidos y a la adjudicación, por parte del Puerto de València, de la gestión privada de los amarres.

Según explica el abogado, los argumentos jurídicos presentados ante el juzgado son los mismos que esgrimía el recurso administrativo, que consideraba nulo "de pleno derecho" el acuerdo de disolución del Consorcio de 2022 debido a "manifiestos y graves errores" al continuarse con toda la actividad consorciada mientras se pretende finiquitar "ilícitamente" los contratos laborales de los empleados.

Además, señalaba que no se había producido la "obligatoria" publicación del acuerdo ni su comunicación a los trabajadores, "hurtándoles" su derecho a combatir jurídicamente las "graves irregularidades" producidas en el proceso de disolución y liquidación "que deben ser depuradas". Y acusaba a los representantes del Ayuntamiento y la Generalitat de no acreditar los respectivos acuerdos para "no continuar en el Consorcio", ni de "no solicitar la cesión global de activos y pasivos".

Continuación de la actividad

Así, apuntaba que el consorcio ha continuado con su actividad "sin limitarse en ningún momento a las gestiones compelidas estrictamente para su disolución y gestión de la extinción en estos más de dos años desde el acuerdo adoptado el 30 de mayo de 2022, sino más bien lo contrario". Por lo que "la modalidad disolución, practicada de hecho ha sido la extraordinaria o sin liquidación" y no la liquidación que se pretende llevar a cabo.

En cuanto a la concesión adjudicada por el Puerto de València para la gestión de los amarres, el recurso señala el intento "fraudulento de subrogar" a parte del personal, pues "ha pretendido no sólo continuar con la gestión mediante otras fórmulas de gestión no directas, sino que además, ha buscado evitar asumir el personal como propio" fijando que el concesionario ha de asumir 13 empleados "pero no la totalidad del personal".

También señala que en julio, el Ayuntamiento de València acordó revertir los espacios que eran de su propiedad y que en su momento se cedieron al consorcio, así como "todas aquellas contratas en vigor" del ente pero "sin hacer mención al personal". "Su intención es mantener, también la continuidad de la gestión de dichos espacios, tal y como venia haciéndose, sin asumir el personal de la entidad que forma parte como ente consorciado, a pesar, que sí ha ofertado determinados puestos de trabajo a ciertas personas trabajadoras que forma parte de la dirección del mismo", expone el recurso.

Todo ello, prosigue, "no solo supone un fraude de ley", sino que busca "simular la disolución con liquidación" del consorcio pese a que ninguna de sus integrantes "pretende apartarse de la gestión de dichas actividades", más bien buscan "mantenerlas pero mediante figuras y fórmulas de gestión privada más lucrativa y sin la asunción de las 27 personas trabajadoras que forman parte del personal asignado a la plantilla del Consorcio Valencia 2007".

Un ERE en marcha

Si la justicia acaba atendiendo las pretensiones del recurso, podría retrasar el propio proceso de liquidación del ente, que desde el Ayuntamiento se quiere dar por finalizado en las próximas semanas. De hecho, la docena de trabajadores que han recurrido, se encuentran ya en un proceso de despido colectivo. El Expediente Regulador de Empleo (ERE) se inició ya la pasada semana, cuando el Consorcio convocó a la representación de los trabajadores para entregar la documentación requerida e iniciar el período de consulta de cara a llegar a un acuerdo.

En el período de negociación se plantearán, entre otras cosas, los posibles planes de recolocación de la plantilla afectada así como los planes de formación que puedan conllevar para facilitar el acceso a otros puestos de trabajo. Cabe recordar que en agosto, el sindicato CCOO celebró una concentración contra los despidos en el consorcio reclamando la subrogación de los trabajadores en el Ayuntamiento. 

Desde la representación de los trabajadores se opusieron desde el principio a la liquidación del ente y pidieron la creación de un ente público para continuar con la tarea del consorcio, así como la subrogación de los empleados. Algo que el Ayuntamiento de València ha rechazado. Los grupos municipales de Compromís y PSPV han dado apoyo a los trabajadores, mientras que desde la concejalía de Grandes Proyectos, que dirige José Marí Olano, recuerdan que fue la coalición de izquierdas la que inició el proceso.