Los trabajadores sociales alertan de un "posible colapso" de los municipios por la gestión del IMV

VALÈNCIA. El Colegio Oficial de Trabajo Social de València (COTSV) ha rechazado este miércoles que los Servicios Sociales de las entidades locales asuman la tramitación de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), como explica el borrador de convenio entre la Federación Española de Municipios (FEMP) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Según el colegio, esto "supone una sobrecarga de tareas que no pueden asumir las trabajadoras y los trabajadores sociales con los equipos que disponen actualmente los ayuntamientos".

A falta de cuatro días para el inicio de la presentación de solicitudes del IMV, todavía son muchas las incertidumbres que encuentra el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales de la provincia de València, a los cuales los preocupa el "posible colapso de los Servicios Sociales municipales" a raíz de la situación de emergencia social que ha dejado la pandemia de la COVID-19.

"La situación actual ha dejado a cuerpo descubierto que los Servicios Sociales municipales, a pesar de haberse visto reforzados con la incorporación de personal en los últimos años, no disponen de los recursos suficientes para afrontar el gran aumento de personas en situación de necesidad y riesgo de exclusión que se espera en los próximos meses", ha asegurado el Colegio en un comunicado.

La exclusión de Servicios Sociales en el reparto del fondo social del Gobierno estatal complica todavía más la viabilidad de la atención integral que necesitan las personas más vulnerables, según el Colegio Oficial, "lo cual supone, una vez más, que la cuarta pata del Estado de Bienestar no tiene el respaldo ni la consideración que tienen la Sanidad, la Educación y las pensiones".

El Colegio Oficial de Trabajo Social de València entiende en este sentido que las trabajadoras y los trabajadores sociales "no son tramitadores de solicitudes", sino que su trabajo va mucho más allá, ya que acompañan a las personas a desarrollar sus capacidades, que les permitirán resolver los problemas a los que se enfrentan, además de facilitar la información que necesitan y conectar con los organismos que resuelven las prestaciones económicas, entre muchas más funciones.

Por eso, la entidad colegial considera que la tramitación del IMV tiene que ser competencia de un organismo estatal, como la Seguridad Social (INSS), y ser gestionada por esta mediante auxiliares administrativos ya que, si se sobrecargan los profesionales del Trabajo Social de los Servicios Sociales de las entidades locales con estas tareas administrativas, no podrán intervenir en la atención directa que requieren las personas más vulnerables para luchar contra su exclusión social.