El proceso de aprobación de los presupuestos suele incluir un enfrentamiento entre los socios del Botànic, aunque este año parece que hay voluntad por las dos partes de rebajar el tono
VALÈNCIA. Desde que el Botànic comanda la gestión del gobierno valenciano, cada mes de septiembre sus componentes nos deleitan, como si de una costumbre se tratara, con rifirrafes de más o menos calado a cuenta de la elaboración de los presupuestos autonómicos. Durante la negociación de los aprobados anteriormente, PSPV y Compromís han peleado con y sin guantes de boxeo para salir ganando en el reparto. Y las trifulcas han sido sonadas, principalmente, entre los hasta hace poco conseller de Hacienda y vicepresidenta. Es decir, entre Vicent Soler y Mónica Oltra. Ambos ya no están en el Consell, por lo que no protagonizarán los problemas, y la ausencia en la ecuación botánica de la segunda restará ruido (por un lado y por otro) a la historia.
Tirando de la hemeroteca y sin aspiraciones cronológicas, en 2019 la pelea se produjo por una partida presupuestaria entre Economía (Compromís) e Innovación (PSPV) que casi concluye con la dimisión de la entonces responsable autonómica Carolina Pascual. La presión de los nacionalistas de la coalición valencianista sirvió para retener los fondos en su zurrón, además de un incremento en las partidas del área de la Conselleria de Igualdad de Oltra. Algo parecido pasó en el anterior. Se tuvo que celebrar una reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la propia Oltra en la que 200 millones previstos para Sanidad se dirigieron a las cuentas de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Sonado también fue el año de los millones perdidos de Igualdad. Droga dura.Una vez presentadas las cuentas del 21, rueda de prensa incluida, se tuvo que tirar de rectificaciones y correcciones posteriores tras comprobarse que existían partidas en el departamento de Oltra que estaban asignadas de manera diferente a la que había estipulado y acordado la vicepresidenta y Soler.
Son solo algunos ejemplos que desembocaron, el año pasado, en la creación, a petición de Compromís, de una comisión para la negociación política de los presupuestos. Un acuerdo que aceptó Puig, asumiendo la exigencia de su, entonces, vicepresidenta y que suponía que las cuentas se elaborasen por encima de la Conselleria de Hacienda —encargada hasta entonces de hacerlo con cada departamento—. A ese punto se llegó tras una sonora plantada de Oltra a Soler. En la semana en la que los departamentos tenían que volcar su propuesta para remitirla a Hacienda, Soler había convocado a los vicepresidentes del Gobierno valenciano: Oltra (Compromís) y Héctor Illueca (Podem).
El mismo día. Por separado. Pero, horas antes, Oltra decidió anular la reunión. La vicepresidenta había pedido reunirse con el responsable de Hacienda desde hacía tiempo. Después de varias semanas rehuyendo el asunto, se cerró y fijó la cita pero restando importancia desde Hacienda al colocar la de Illueca en esa misma jornada. Días después, en declaraciones a Á Punt, la que era líder de Compromís, en entrevista, criticó a Soler diciendo aquello de «no es él quien me dice qué he de hacer y yo obedezco como una niña», en relación a la negociación de los presupuestos. «Yo soy la vicepresidenta y represento una parte importante de lo que se tiene que votar», sentenciaba.
Como siempre, los ataques, las discrepancias, las peleas, fueron quedando en objeto de análisis de tertulias y entrevistas más o menos divertidas para los profesionales de los medios, y en anécdotas para los protagonistas, toda vez que han acabado aprobando los presupuestos año tras año. Eso sí, a cada cual más expansivo y con partidas ficticias que seguirán apareciendo como ejemplo residual del carácter reivindicativo de los socialistas en materia de financiación o, como en el último ejercicio, de fondo extraordinario por los esfuerzos sanitarios provocados por la covid que hacen más daño a las autonomías infrafinanciadas.
Para las negociaciones de los que serán los últimos presupuestos de la legislatura, quién sabe si los últimos del Botànic, elecciones mediante, la película ha cambiado de protagonistas. En los papeles principales, Oltra y Soler han sido sustituidos por Aitana Mas y Arcadi España, y en los secundarios también hay cambios y de calado. Manolo Mata, que había sido síndic socialista durante estos años, ya no está para apagar incendios ni para hacer creer a sus socios que se han salido con la suya cuando en realidad era el PSPV el que ganaba. Tasa turística, por ejemplo.
Y la ausencia de los mencionados tendrá efectos. Secundarios, pero efectos. Para dolor de los periodistas. Porque no da la sensación que Aitana Mas vaya a protagonizar enfrentamientos sonoros y públicos contra el área socialista como sí hacía Oltra, quien, por cierto, muchas veces los llevaba a cabo como respuesta a lo que los altavoces mediáticos de Presidencia publicaban. Unos atacaban a través de intermediarios y otros, directamente, al micrófono. Estilos diferentes. Como diferente es Mas de Oltra, y eso se entiende que variará el texto. Como no tiene nada que ver Arcadi España con Vicent Soler. Aunque para España, esto de los presupuestos no le va a venir de nuevo. De hecho, cuando los incendios botánicos se propagaban, el que fue jefe de gabinete de Puig y luego conseller de Territorio acudió como casco azul de la ONU (así le llama un alto cargo de Compromís) para poner paz.
«No da la sensación de que Mas vaya a protagonizar enfrentamientos sonoros y públicos contra el área socialista como sí hacía Oltra»
Paz habrá. No será todo plácido. La comisión política se mantendrá, pero parece que lo hará más como apariencia de no cercenar el pasado de Oltra, y sin desaires públicos como en años anteriores. Eso sí, Compromís sacará el cuchillo para dejar su impronta, teniendo en cuenta que hay elecciones a la vuelta de la esquina. Pero no exactamente en los presupuestos. Sino en la ley de Acompañamiento. Como mis compañeras Rosana Crespo y Marta Gozalbo publicaban este agosto, las fuerzas de la izquierda van a pujar fuerte en la Ley de Medidas Fiscales (así es como se llama realmente). Bajo ese paraguas del que se hace un uso abusivo, PSPV, Compromís y Unides Podem tratan de hacer modificaciones, aunque no siempre acaban cumpliendo sus expectativas.
El punto que huele a trifulca viene marcado por Turisme de la Comunitat Valenciana, que planteó a finales de junio una modificación de la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad para rebajar hasta un 70% las multas por infracciones graves a compañías turísticas. Una modificación legal del departamento dirigido por el socialista Francesc Colomer que cuenta con la oposición frontal de Compromís y Unides Podem, tanto por el fondo como por la forma en la que se pretende acometer la reforma. Y es que Colomer es el enemigo público número uno de la coalición. Con la tasa turística de por medio, Compromís no quiere que haya rebajas de consideración en las multas a las compañías por infracciones graves como «incumplir los derechos de los trabajadores» u «obstruir la labor de la inspección», ni que se relaje la regulación a las plataformas de alojamientos turísticos. Por ahí no pasarán. Y, como cada año desde la puesta en marcha de la radiotelevisión valenciana, tampoco tirarán fácilmente la toalla en buscar la fórmula para fusionar la Corporació y la Societat que integran la cadena. Pero a lo peor eso quedará para los últimos minutos de la legislatura.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 95 (septiembre 2022) de la revista Plaza