Los universitarios valencianos se quedarán sin las becas 2015/16 si prosperan los recursos ante el TSJ

VALENCIA. Los cerca de 10.000 universitarios valencianos que solicitaron becas de la Generalitat para el curso 2015/2016 podrían quedarse sin ningún tipo de ayuda de prosperar los recursos interpuestos por la Universitat Católica de Valencia (UCV) ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Así lo confirma la Conselleria de Educación, desde donde explican que mientras se resuelve la situación, existen una serie de medidas cautelares que impiden otorgar las ayudas, siempre concedidas con carácter retroactivo.

Si esta paralización se postergara en el tiempo, significaría que se acabaría el ejercicio de 2016, y el dinero presupuestado para los estudiantes ya no podría ser entregado a los alumnos del curso pasado. Entraríamos, por tanto, en otra etapa administrativa en la que ya solo podría crearse una convocatoria para el curso 2016/17. Este hecho se justifica en las necesidades de arrancar un nuevo procedimiento, incluyendo redactar las bases y publicarlas en los boletines oficiales, que requeriría de al menos de seis o siete meses. 

En concreto, el programa completo de becas cuenta con 21.450.000 euros, de los que 3.150.000 euros eran para las ayudas de no abandono y las específicas de la autonomía. Estos dos modalidades han quedado detenidas por la resolución del TSJ. Como el presupuesto está realizado dentro del ejercicio 2016 de la Generalitat, tendría que volver a recalcularse de cara a 2017, por lo que en todo este trámite pasaría un curso escolar completo en el que los alumnos se quedarían sin ningún tipo de ayuda. Sería igualmente problemático, tanto si se dicta una resolución contraria a las becas como si alargan las medidas cautelares.

El total de solicitantes de las becas de la Generalitat durante el curso 2014-2015, fue de 9.960 alumnos, de los cuales 9.245 estudiaban en la pública y 715 en la privada. Los beneficiarios, finalmente, fueron 2.475 alumnos, de los cuales 2.324 corresponden a la pública y 151 a la privada, datos que según la Conselleria, pueden extrapolarse a los del periodo 2015-2016 afectado por el recurso. El término de solicitud de las becas específicas de la Generalitat, las que cubren todo el importe de matrícula de los estudiantes, finalizó el pasado 22 de julio. Estaba previsto que la resolución tuviera lugar ahora.

Por otro lado, la suspensión cautelar de las becas de no-abandono universitario sí que se refiere al curso 2016-2017, y según los datos de otros cursos que maneja la Conselleria, podría afectar a cerca de un centenar de estudiantes.

Educación interpondrá antes del jueves un recurso a la resolución del TSJ

Educación, mediante la Abogacía de la Generalitat, interpondrá antes del jueves un recurso a la resolución del TSJ con respecto a la asignación de estas becas. Corresponde a los tribunales dirimir si son tenidas en cuenta y se anulan las medidas cautelares, o si sigue adelante el proceso contencioso y la paralización se mantiene hasta existir una sentencia en firme.

El TSJCV no ha admitido la suspensión cautelar de las becas salario y de las becas de excelencia universitaria, sobre las que también había interpuesto un recurso para su paralización la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Las primeras están dotadas con 5 millones de euros y las segundas, con 1 millón.

Culpabilidad repartida

Cabe recordar que la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte decidió hacer públicas en junio las convocatorias de las becas para los estudiantes de las universidades valencianas manteniendo la exclusión de las privadas. Lo hizo obviando por completo un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC), con fecha del 2 de junio, en el que se instaba a al departamento de Vincent Marzà a incluir a todos los centros, fuera cual fuera su condición. Ante esta situación, varias instituciones privadas advirtieron de que acudirían ante la Justicia, algo que finalmente han hecho la Universidad Cardenal Herrera CEU con cinco recursos y la Católica con 13. Los de esta última incluían medidas cautelares de paralización, que son las que ahora surten efecto.

Por todo ello, la Generalitat culpa a la Católica de “privar a 10.000 estudiantes de becas” para que 31 alumnos de su centro tengan acceso. Además, considera que el objetivo último no era tanto "abrir la puerta a su alumnado", sino paralizar el beneficio del resto, por como han tramitado legalmente la situación. El departamento de Campanar recuerda que sólo desde el año 2006 se incluyen a los alumnos de las universidades privadas en las becas universitarias del Consell, y que sólo en Castilla y León y en Aragón se otorga becas públicas al alumnado de las universidades privadas.

La institución privada devuelve el golpe atribuyendo el problema a la política llevada a cabo por la Administración, “que perjudica a los alumnos de la pública y la privada” y vuelve a insistir en el “carácter discriminatorio” de esta convocatoria. El rector de la UCV, Ignacio Sánchez Cámara, ha señalado que han actuado “siempre con lealtad institucional” y recuerda que “desde el mismo momento de la convocatoria se comunicó a la Conselleria que el modelo no estaba bien planteado”. Es por ello que su línea judicial se ha centrado en reivindicar los derechos fundamentales del alumnado, “en defensa de la igualdad y no discriminación con respecto a los de la pública”, algo que ha llevado a la paralización.

Otras voces han querido elevarse a favor y en contra de la decisión adoptada por el TSJCV. Así, el secretario general de Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) y diputado autonómico, José Muñoz, se ha apresurado a expresar su “sorpresa” y ha argumentado que “los fondos públicos deben priorizar a la Universidad pública”. Por otra parte, señala a la Católica como “un ejemplo de las puertas giratorias del PP valenciano”, al contar entre su profesorado con el ex president Camps. “Un cobro de favores”, según el socialista, “tras años de privilegios a costa de desmantelar la enseñanza pública”.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Comunitat, Juan Carlos Moragues, también salía al paso de la polémica. Tras asegurar que las becas que concede el Ministerio de Educación "no están en peligro", afirmaba que el Gobierno "a diferencia de otros, garantiza sin sectarismos el acceso a las ayudas a la educación". Se sumana el grupo municipal 'popular' del Ayuntamiento de Castellón, a través de su concejala María España, que criticaba que las prioridades del Consell en educación "no son las personas, sino la ideología", e insistía en el “ataque constante a la concertada y a la privada”, haciendo referencia al “sectarismo que desprenden”.