Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Cada valenciano recibe del Estado 2.330 euros al año para financiar la sanidad la educación y otros servicios públicos esenciales transferidos a las comunidades autónomas. La cifra está 198 euros por debajo de la media de las comunidades del régimen común y a 641 euros de la autonomía más beneficiada con el actual sistema: Cantabria. Los datos corresponden a 2017, el último ejercicio liquidado de un sistema que, pese a que entonces ya llevaba tres años caducado, sigue sin reformarse para desdicha de la Comunitat, que s la región peor tratada por ese modelo.
Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, publicó este lunes el tradicional informe de su director, Ángel de la Fuente, sobre los recursos que el Estado aporta a las autonomías a competencias homogéneas. La Comunitat, como es habitual en los últimos años, sigue a la cola en recursos recibidos por habitante, cuya media se situó en 2.528 euros. La región, aún así, es una de las que experimenta una mejora relativa respecto al año anterior (+0,5 puntos), insuficiente para dejar de ser la última.
La comunidad que más mejora en financiación efectiva por habitante ajustado es Baleares (3,3 puntos), seguida de Madrid (2,2 puntos) y Canarias (1,6 puntos). Por detrás ya están Cataluña (0,8% puntos) y la Comunitat Valenciana con el mencionado avance de medio punto porcentual. Todas las demás pierden, pero el informe destaca el caso de Extrenadura (-3 puntos), Aragón (-2,4 puntos) y Cantabria (-2,4 puntos).
Para el Consell, la mejora de los recursos proporcionados por el sistema de financiación autonómica en 2017 se debe a la recuperación económica y el aumento de recaudación de impuestos como IRPF, IVA e Impuestos Especiales, aunque considera que el Estado se beneficia "en mayor medida" de la misma que el conjunto de las comunidades autónomas tras las aportaciones que estas deben realizar al Fondo de Suficiencia.
En este sentido, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, consideró que los resultados de la última liquidación "reflejan que la financiación per cápita valenciana es un 8% inferior a la media de las comunidades autónomas" y destacó que, con una financiación igual a la de Cantabria, "la Comunitat Valenciana recibiría 4.000 millones de euros más cada año".
Además de comparar la situación de las comunidades con los datos definitivos de la última liquidación disponible, el informe de De la Fuente también realiza una primera estimación de los recursos que corresponderán definitivamente a cada comunidad en 2018 cuando se liquide el ejercicio, una magnitud que calcula a partir de las entregas a cuenta del sistema que el Ministerio realiza a las Comunidades Autónomas.
En el caso de la Comunitat la cifra ascendería a 10.294 millones de euros, ya que las entregas a cuenta ascendieron a 8.696 millones y la liquidación del sistema cobrada el año pasado a 1.598 millones. A falta de que se confirme con la liquidación definitiva de 2018, este primer cálculo de Fedea deja a Comunitat como la región que menos mejora en recursos totales percibidos, apenas un 1,09% cuando la media del conjunto de comunidades de régimen común es del 3,78%.
En cifras absolutas, la Comunitat pasaría a percibir 10.294 millones de euros frente a los 10.183 de 2017, pero el propio experto admite que la interpretación ha de tener en cuenta que las cifras no están calculadas a competencias homogéneas y no incluyen fuentes importantes de ingresos como los tributos cedidos tradicionales. El interés reside en poder observar la evolución la financiación de las comunidades autónomas desde el último año liquidado hasta el presente. En el caso de la Comunitat se constata que es la autonomía que sale peor parada.
De cara a 2019, Fedea subraya la incertidumbre de las comunidades autónomas sobre los recursos con los que podrán contar finalmente. El hecho de no contar con un presupuesto aprobado –Pedro Sánchez gobierna con los PGE de 2018 prorrogados– y el bloqueo político mantienen bloqueados 4.500 millones de las entregas a cuenta con los que el conjunto de las comunidades autónomas contaba para este año.
Además, el proyecto frustrado de PGE de 2019 elaborado por el gobierno socialista hoy en funciones preveía unas entregas a cuenta de 105.282 millones de euros para las comunidades que, sumadas a la liquidación pagada este verano, habrían supuesto unos ingresos de 111.385 millones de euros, un 6,33% más que en 2018.
En el caso de la Comunitat, el dinero retenido este año supera los 450 millones de euros por la no actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. El Gobierno en funciones ha prometido que su primera medida si Sánchez es investido en septiembre será para desbloquearlos, incluso aunque no haya nuevos PGE.
Ya lo dijo el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en su visita de la semana pasada a València y este lunes lo reiteró María Jesús Montero. La titular de Hacienda en funciones explicó que la Abogacía del Estado le ha dado el visto bueno para proceder a actualizarlas mediante un Real Decreto una vez se constituya un nuevo gobierno.
Por el contrario, mientras el Gobierno en funciones no tiene capacidad de aprobar ni el techo de gasto, un dato que las comunidades necesitan de forma inminente para poder elaborar sus presupuestos de 2020, ni la devolución de una mensualidad pendiente de IVA que se perdió por el cambio de calendario de Cristóbal Montoro, que para la Comunitat supondría 281 millones de euros.
El informe de Fedea parte de los datos de la liquidación que recientemente ha publicado el Ministerio de Hacienda, pero calcula la financiación definitiva a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal del ejercicio 2017 e introduce algunos ajustes a las cifras oficiales con el fin de hacerlas más comparables entre comunidades.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
