La prórroga de la instrucción ha terminado y el magistrado debe procesar o archivar la causa
VALÈNCIA. El caso Taula comienza este 2018 a tomar forma. De hecho, varias de las piezas que están ahora mismo en periodo de instrucción terminarán este año de ser investigadas. Las dos primeras ya tienen fecha y son las relativas a los presuntos ‘zombies’ de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.
En ellas se investiga a trabajadores que cobraban un sueldo de ambas pero que no iban a trabajar. De hecho, se prevé que el auto de procesamiento esté listo para después de la Semana Santa ya que la prórroga para investigar ambas piezas terminó el pasado mes de marzo, tal y como ha podido saber Valencia Plaza de fuentes cercanas a la
investigación.
Según marca la ley, una vez que ha caducado el periodo de prórroga para investigar una causa compleja, el magistrado instructor de la misma tiene dos opciones. La primera es emitir un auto de archivo si no hay prueba suficiente para proseguir con el caso, cosa que no sucede en estas piezas ya que hay varias personas imputadas que han reconocido los hechos. La segunda, que es la que se va a producir, es que el juez haga el auto de procesamiento.
Una vez se notifique el auto, que está en proceso de fabricación para después de Semana Santa, las partes tienen la posibilidad de recurrirlo tanto ante el magistrado instructor como después ante la sección de la Audiencia Provincial. En principio, y salvo que se produzcan contratiempos, la Audiencia Provincial seguirá el criterio mantenido hasta ahora de apoyo a la instrucción, lo que llevará a que una vez refrendado el auto de procesamiento, el magistrado redacte el auto de apertura de juicio oral que es irrecurrible y que llevará a los ‘zombies’ y a los que le contrataron al banquillo. En ese impás, el fiscal deberá redactar el escrito de acusación. De hecho, sobre el papel tiene cinco días hábiles para hacerlo una vez esté notificado el procesamiento.
Todo ello debería suponer que se fije una fecha para el primer juicio del caso Taula antes del verano, lo que supondrá que se juntará con el final de la instrucción de otra pieza, la más mediática, la que afecta al grupo municipal del PP de Valencia y que investiga los supuestos delitos electorales, de blanqueo de capitales y de malversación de caudales públicos cometidos por el PP de Rita Barberá. La única duda es si el magistrado terminará por hacer uno o dos autos de procesamiento dentro de la parte de los ‘zombies’, ya que durante la instrucción lo ha dividido en dos piezas, una por cada empresa pública, pero en realidad la mecánica del delito era la misma.
Los ‘zombies’
Entre los investigados dentro de las piezas de los ‘zombies’ se encuentran, además de las personas que supuestamente cobraban sin ir a trabajar, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent o el empresario, José Adolfo Vedri.
En el caso de Ciegsa, en uno de los autos emitidos por el juzgado, el magistrado instructor explicaba que existen “indicios de que, desde las facultades que les ofrecía su respectiva posición, habría ordenado el primero (Rus) y llevado a cabo el segundo (Caturla) la contratación de personas con cargo al presupuesto de la empresa pública sin observancia de requisitos administrativos que venían establecidos en la normativa aplicable y sin que en realidad dicha contratación, y la remuneración correspondiente, estuviera justificada por la prestación de servicios efectivos para la empresa". El juez consideraba que estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
Por su parte, em Imelsa, el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, fue el gerente de Imelsa y durante su declaración ante el magistrado, no le tembló el pulso a la hora de declarar que "todos los trabajadores eran enchufados. Que la mayoría de asesores no hacían nada, que ni siquiera iban por allí". Benavent aseguró ante la UCO que "jamás se respetaron los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad".
El juez les acusa hasta ahora de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. Además de los presuntos trabajadores zombies, en esta parte de la causa también están siendo investigados Alfonso Rus, Marcos Benavent, la jefa de recursos humanos de imelsa,
el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, el exdirector financiero de la sociedad, y el empresario José Aldolfo Vedri.