Carmen Rubio es la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, además de decana del Colegio de Procuradores de Castellón. CASTELLÓ. El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores se opone a las intenciones del Ministerio de Justicia, que pretende eliminar los límites mínimos de los aranceles de este colectivo profesional, según han explicado este lunes a través de un comunicado. La desaparición de este suelo retributivo está contemplada en el Proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno, que vendría a modificar el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre. Este Real Decreto establecía límites máximos y mínimos a los aranceles de la procura.
El Real Decreto en tramitación, recuerdan los procuradores, se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública. Según la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Carmen Rubio, “el Ministerio de Justicia se ha dirigido a nuestro Consejo General de Procuradores de España imponiendo el contenido del proyecto del Real Decreto por el que se modifica el actual Real Decreto de Aranceles a cambio de mantener la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, al tiempo que se consigue el cierre del expediente sancionador abierto en Bruselas”.
Los procuradores valencianos recuerdan que desde la entrada en vigor del Real Decreto 1373/2003, el tope máximo de los aranceles de los procuradores no se ha movido ni un ápice, mientras que la inflación acumulada desde aquella ya lejana fecha supera el 40%. Para Carmen Rubio, que es decana del Colegio de Procuradores de Castellón además de presidenta del consejo, “el trato que pretende darnos el Ministerio de Justicia es absolutamente injusto y denigrante, puesto que el mantenimiento de los topes máximos y la eliminación de los mínimos, de hacerse realidad, contribuirá a deteriorar un mercado que ya lo está desde hace muchos años”. Y ha expresado su temor a que este nuevo sistema “repercuta negativamente en la calidad de los servicios que prestamos los procuradores, además de llevarnos a una espiral de descenso de las retribuciones, lo que nos abocará a prestar nuestro servicio a cambio de unas contraprestaciones claramente insuficientes para el importante trabajo que desarrollamos”.
Rubio ha emplazado a los legisladores del Ministerio de Justicia a modificar el contenido de este Real Decreto. A tal efecto, tanto cada uno de los colegios de la Comunitat Valenciana como del resto de los colegios de España han presentado alegaciones a dicho Proyecto de Real Decreto antes del 7 de abril, fecha tope del plazo marcado. A través de estas alegaciones han solicitado la aprobación de una nueva regulación completa de los aranceles para que resulten adecuados a la realidad actual. “Entre los cometidos de los colegios profesionales están la defensa tanto de la profesión como de los clientes de nuestros profesionales, además de servir como interlocutor ante la Administración para acercarles la realidad de la procura. Y eso es lo aún estamos a tiempo de hacer: sentarnos con los responsables de este Real Decreto para explicarles que si entra en vigor, la seguridad jurídica de los usuarios de la justicia puede verse comprometida, y también la viabilidad de nuestra profesión. Tenemos la mano tendida para intentar solucionar este problema”.
En este sentido, el Consejo General de Procuradores de España ha conseguido el compromiso del Ministerio de Justicia de mantener un encuentro para intentar acercar posturas y buscar una solución que proteja los intereses de la procura y de sus usuarios.
La implantación de multiempresas interesadas en la desterritorialización, las comunicaciones 'on line' o la dotación de nuevas competencias en materia de ejecución acaparan hoy buena parte de las incertidumbres de la procura, una figura jurídica casi irreconocible para buena parte de la sociedad.
