Hoy es 14 de agosto
MADRID (EFE) Los agricultores del Levante español han iniciado este martes una nueva protesta, frente al Palacio de la Moncloa, con el fin de evitar que el Gobierno apruebe el real decreto que revisa los planes hidrológicos, que incluye un caudal ecológico en el Tajo que afecta al trasvase con el Segura.
La protesta, promovida por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), se da ante la previsible aprobación este martes por el Consejo de Ministros de este real decreto, que en lo que respecta al Tajo supondrá elevar el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) de manera progresiva: de seis a siete metros cúbicos por segundo en 2023, a ocho en 2026 y a 8,65 en 2027.
Ese aumento llevará aparejada una predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante, lo que afectará gravemente a la economía de estas zonas en general y al sector primario en particular, de acuerdo con las denuncias de regantes, empresarios, instituciones y fuerzas políticas locales de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Ya el pasado 11 de enero miles de personas afectadas por esta iniciativa legal se manifestaron en Madrid frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica. Según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo, el Consejo de Ministros dará el visto bueno salvo sorpresa a los doce planes hidrológicos, que incluyen la creación de este nuevo concepto de caudal ecológico o agua necesaria para mantener los valores ecológicos necesarios para la supervivencia de los ríos.
El Gabinete que encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta además con el visto bueno del Consejo de Estado, que la semana pasada aprobó por unanimidad un informe sobre este real decreto impulsado por el Ministerio.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado, que no es vinculante, ha generado reacciones contradictorias y desde el sindicato consideran que el documento pone de manifiesto que hay una falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura.
Además, estiman que el Consejo de Estado pone en cuestión la metodología de cálculo de los caudales ecológicos que se contiene en el real decreto. Por todo ello, han querido hacerse oír ante el Consejo de Ministros para pedir que se tengan en cuenta sus reclamaciones y el plan hidrológico del Tajo no prospere.
"Desde el Scrats se lleva denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento", según un comunicado de este sindicato.
La misma agrupación prevé que esta reducción de los volúmenes disponibles suponga la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha prometido inversiones millonarias para compensar la reducción del trasvase con medidas como la puesta en marcha de varias desaladoras.