Aix (Cs), Gracia (PSOE) y Sandoval (Cambiemos) este lunes en el pleno de moción de censura. Foto: RAFA MOLINAORIHUELA. A falta de un año para las próximas elecciones locales, el reciente equipo de gobierno en Orihuela, PSOE y Ciudadanos, se fija medidas y proyectos que deberá contar con un alto grado de celeridad y diligente negociación entre ellos y con la tercera parte, Cambiemos, para ejecutar esas reivindicaciones que según han defendido, son las que les ha llevado a acordar esta moción de censura. La palabra y enunciado más repetido en cada una de las intervenciones y comunicados de prensa desde que se anunció el acuerdo para la moción de censura es “desbloqueo” y “terminar con la parálisis en el Ayuntamiento”. Para ello tendrán que poner en marcha toda la predisposición para cumplir con tal precepto que se han marcado.
Aprobar un presupuesto municipal es sin duda la principal meta que el nuevo equipo de gobierno y Cambiemos tiene que afrontar. Hoy mismo, según fuentes socialistas, la alcaldesa Carolina Gracia firmará un oficio dirigido al área de Hacienda para que se inicien los trabajos para la elaboración de las cuentas municipales. También se nombra hoy al edil que ostentará las competencias en esta materia, nombre que no han querido desvelar. Solo que será del grupo municipal socialista.
Para contar con este presupuesto dependerá de los números que se encuentre el nuevo equipo de gobierno en las distintas áreas a partir de hoy. “Tenemos que ver el estado de ejecución del actual presupuesto” señalan fuentes socialistas. Este presupuesto vigente data de 2018, prorrogado desde ese momento al no alcanzar PP y Cs –bipartito desde entonces- ningún acuerdo para aprobarlo. Desde PSOE se muestran tranquilos en cuanto a que no habrá problemas para acordar las cuentas municipales con Cs y Cambiemos. El portavoz de Cs, José Aix, ya adelantaba este lunes tras el pleno que no van a poner “ninguna traba a los presupuestos”.
Desde el PSOE insisten en que en esos presupuestos, la limpieza viaria, el escudo social y las ayudas al tejido productivo tendrán un gran protagonismo. Todavía, añaden, desconocen si se trabajarán en unos presupuestos para lo que resta de año, “va a depender de los números que nos encontremos. Lo ideal es que sea uno para 2022 y otro para 2023”. En el aire aún está si se incluirá la compra del edificio de la CAM y si se recurrirá a un préstamo.
Otro de los principales retos que debe atender el equipo de gobierno es la mejora de distintos aspectos en la costa oriolana. En julio del pasado año, una manifestación con más de 200 personas exigían al entonces gobierno, PP-Cs, más inversiones. Denunciaban la falta de limpieza viaria, con acumulación de podas y enseres, la renovación del alumbrado público, medidas para evitar las recurrentes inundaciones, mayor seguridad ciudadana y mejor conexión con la ciudad. En este sentido, está por ver si tomarán el relevo de Bascuñana en la insistencia de establecer una conexión ferroviaria. También exigían un espacio industrial para que la actividad económica en la costa no esté monopolizada por el sector servicios y turismo.
Otro de los retos es concluir las obras y proyectos asignados del Plan Edificant a Orihuela. La Conselleria de Educación delegó en el Ayuntamiento las competencias para tramitar la construcción o mejora de 21 centros educativos. Hasta enero de este año, el Ayuntamiento ha concluido las obras de 13 de esas 21 actuaciones, tres están ejecutándose y cuatro están en fase de tramitación. Con ellas se habría completado el Plan Edificant para la ciudad, sus pedanías y la costa. El nuevo gobierno tiene como reto que esas que están en fase de tramitación se pongan en marcha lo antes posible.
En los últimos meses, el PP sacó a licitación la rehabilitación de varios inmuebles históricos, que desde su lado se ha venido anunciado desde hace años y la que hasta ayer era la oposición ha venido reclamando. Se ha adjudicado la rehabilitación de los antiguos juzgados y se encuentra a punto de hacerlo, según adelantó la semana pasada el PP, el Palacio Rubalcava y la Caja de Ahorros de Monserrate. El nuevo gobierno tiene como reto que se inicien las obras lo antes posibles. Ninguna de las dos obras concluirán antes de que finalice el mandato al contar con 18 y 14 meses de plazo de ejecución respectivamente.
También en materia de patrimonio se han marcado como propósito la rehabilitación del centro histórico. El nuevo equipo de gobierno tiene como reto seguir con el proyecto de renovación del Cinturón del Monte de San Miguel (iniciado por el PP) y ahondar en la recuperación de su comercio.
Los tres grupos que han promovido y han hecho posible el cambio de gobierno insisten en la necesidad de dotar de mayores recursos al área de servicios sociales para atender demandas de los grupos poblacionales más necesitados. También tienen como reto incrementar el parque de vivienda pública en la ciudad y ayudas al tejido productivo y empresarial.
Esta área ha sido históricamente una de las más controvertidas en el Ayuntamiento por el modelo urbanístico que ha venido predominando. Cambiemos y PSOE insisten en la necesidad de enfatizar en la protección del territorio, alineándose de esta manera con el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, herramienta que el PP solicitó hace un mes su íntegra retirada. Cs, sin citar al PAT, sí ha mencionado la necesidad de garantizar la protección del territorio. A esto le ha sumado la promesa de agilizar los trabajos de esta área, que seguirá ostentando el portavoz de la formación naranja. Además, ha añadido que se retomarán los trabajos respecto al PGOU, cuya aprobación se remonta a 1990.
El proyecto de urbanización de Cala Mosca es uno de los aspectos que más tensión puede generar entre las tres formaciones. Cambiemos viene pidiendo desde hace años su paralización y ha criticado desde entonces duramente a Cs por “mirar hacia otro lado” sobre los distintos informes, como el de Carreteras en el que pedía la retirada de la aprobación de la modificación puntual de Alameda del Mar (Cala Mosca). Ahora, las medidas acordadas en el pacto se dirigen a poner sobre la mesa alternativas que impidan el desarrollo de este sector urbanístico.
