El presidente de los regantes del Tajo-Segura, Lucas Jiménez. Foto: MPALICANTE. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats) durante los últimos seis años tras tomar el relevo del fallecido José Manuel Claver en 2016 (fue reelegido por la asamblea en 2020), no ha conocido otro escenario que la lucha permanente para mantener en pie un trasvase que desde la primera legislatura de Zapatero tiene sobre sí la espada de Damocles del cierre defendido por Castilla-La Mancha. Un escenario que se ha recrudecido con el nuevo plan de cuenca del Tajo, que aún tiene que aprobarse en el Consejo Nacional del Agua, pero Jiménez no desfallece.
-¿En qué punto se encuentra la aprobación del plan de cuenca del Tajo, que eleva el caudal ecológico en puntos clave del río de forma que se limita el trasvase?
-Bueno, por ahora tenemos las dos propuestas de plan de cuenca, el del Tajo y el del Segura, aprobadas por los consejos del agua de cada demarcación, y lo que queda por delante es que ahora se están sometiendo los dos planes, como los del resto de cuencas, al proceso de evaluación ambiental, para luego pasar al Consejo Nacional del Agua. Allí tienen que aprobarse, y después aún queda que se emita el informe del Consejo de Estado. Pero nada de todo esto es vinculante, lo que realmente cuenta es lo que se apruebe en el Consejo de Ministros.
-¿Podría por tanto haber cambios y, más concretamente, cambios que beneficien la postura del Segura?
-El Ministerio tiene que releer todos los planes y dar respuesta a las alegaciones, que son muchísimas, así que estamos en un momento en el que por supuesto que se pueden producir cambios. Pero la decisión final, como digo, es del Consejo de Ministros.
-Y en este escenario, ¿en qué punto se encuentra la estrategia del Scrats en defensa del trasvase, qué tienen pensado hacer?
-Reivindicar. Este ha sido y seguirá siendo un año muy reivindicativo, en mayo estuvimos en una gran manifestación en Alicante junto a Asaja. En mayo también nos reunimos con la ministra de Transición Ecológica, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda, porque en ese encuentro la ministra nos dijo que nos informaría de todas las novedades. También tenemos en marcha una campaña de concienciación en defensa del Tajo-Segura, y en septiembre nos volveremos a sentar para ver qué hacemos. Tenemos que esperar a ver cómo se resuelve, pero seguiremos con nuestras campañas.
-¿Es optimista?
-Yo siempre soy optimista, aunque en este caso me cuesta horrores serlo.
-¿Confía, como defiende el presidente valenciano Ximo Puig, en la negociación como herramienta para intentar salvar la situación?
-En el caso del caudal ecológico del Tajo a nosotros no nos han dejado rascar bola. Si ha habido negociación, ha sido sin los regantes. No hemos podido participar en nada, salvo en aquello en lo que puede participar todo el mundo, como es la presentación de alegaciones. Si hacemos caso a lo que dicen los políticos de Castilla-La Mancha, ha habido negociación política, de ahí salió la cifra del caudal ecológico.
-Es decir, que un acuerdo político estableció algo como el caudal ecológico que parece que debería basarse en criterios científicos, como ha denunciado la patronal alicantina, CEV.
-Hemos detectado que de los caudales ecológicos propuestos en el Esquema de Temas Importantes (ETI) a los finalmente aprobados en el plan de cuenca, ha habido en todos los casos una rebaja considerable. Salvo, curiosamente, en los puntos que afectan al trasvase, como Arajuez, Toledo o Talavera. Da qué pensar, porque parece que todo está enfocado a dejar el trasvase seco. Tal como están las cosas ahora, vamos a recibir la mitad de lo que recibimos, así que creo que García-Page habla con conocimiento de causa cuando se refiere a la negociación político. La lástima es que Castilla-La Mancha está decidiendo algo que debería decidir todo el Estado, y no solo una parte.
-En la manifestación de mayo en Alicante el presidente de Asaja pidió a los políticos que dejen de hacer política con el agua. ¿Comparte esta postura?
-Si eliminamos el dramatismo político, que exacerba lo peor de cada región, ¿de qué estamos hablando? En un país que mueve anualmente 21.000 millones de metros cúbicos de agua, debatimos sobre un trasiego de 200 hectómetros. Que además, permiten que el 44% de las frutas y hortalizas de este país se cultiven en la zona del trasvase, gracias a la tecnología y los avances que hemos aplicado. Si le quitamos el drama territorial, nos queda una cifra ridícula para pelearnos por ella. El Tajo lleva a Portugal cada año 8.000 millones de metros cúbicos, y hay un tratado bilateral España-Portugal que establece el mínimo que debe llegar a la frontera. Y aquí parece que todo el problema es que una cuenca traslade a otra dentro del mismo país 200 ridículos hectómetros.
-¿Tienen previsto involucrar a Europa en su defensa del trasvase?
-Ayer mismo [la entrevista se celebra el jueves] estuvimos con la presidenta de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, pero el problema es que, en materia de agua, los estados miembros son soberanos. Es más, no hay ninguna normativa europea que obligue a fijar caudales ecológicos, porque es algo que no preocupa en ningún otro país. Mucho menos en el norte, donde el problema suele ser el exceso.
-¿Qué impacto económico calculan que podría tener la aprobación del plan del Tajo tal como salió de su demarcación?
-Es muy llamativo que un informe de la Confederación del Segura, que depende del Ministerio, señala los daños que nos va a infligir su propio Ministerio: la superficie productiva se reduciría casi un 13%, se perderían 117 millones de euros al año de valor económico, y más de 4.600 empleos. Todo ello restaría 232 millones de euros de contribución al PIB de los regadíos del trasvase, que ahora es de 1.981 millones.
-La CEV, que se reunió hace poco con el director general del Agua, ya habla en condicional: el trasvase es irrenunciable 'por ahora', mientras no haya alternativa en forma de desalación y reutilización a precios asumibles. ¿Ven ustedes alternativa?
-Lo nuestro no es cabezonería, no es un capricho, el Ministerio, a través de la CHS, nos da la razón en el plan de cuenca. ¿Quieres darme una solución? Muy bien, ponme en la puerta los 421 hectómetros que recibimos en estos momentos en las mismas condiciones económicas que ahora. Porque el precio de la alternativa, que son unos 60 céntimos, triplica el que pagamos ahora, que dicho sea de paso es el precio más caro de toda Europa. En todas partes menos aquí se paga un canon de regulación por hectárea, no por consumo, y de media el coste en Europa es de 1,5 céntimos de euro el metro cúbico. Nosotros este año estamos pagando, con un precio subvencionado, 60 céntimos por el agua desalada. Y la del trasvase, con el tarifazo, se ha ido a 17 o 18 céntimos. Haga números.
-¿Cómo valoran el papel de la homóloga de CEV en su Región, la Croem, en el debate del trasvase?
-La Croem siempre ha estado con nosotros, nos ha respondido y sigue siendo un aliado importante. Pero no solo la patronal, también los sindicatos agrarios, los de clase, los cooperativistas y la práctica totalidad del tejido social y económico de Murcia está apoyándonos. Pero es verdad que la Croem ha tenido y tiene un papel muy importante, como nuestro principal aliado.
-Mirando hacia dentro, y aunque nos preciamos de saber exprimir hasta la última gota de agua por aquello de hacer de la necesidad virtud, ¿queda pendiente modernizar el sector agrícola para hacerlo más eficiente?
-Siempre quedan cosas por mejorar, en general. Siempre hay pasos que dar, y tienes la sensación de que se puede hacer más. Pero ese deseo de mejorar no debe cegarte la visión de lo que has hecho bien. Aquí estábamos obligados a hacerlo bien y lo hemos hecho. Nuestra I+D+i orientada al riego está copando el mercado internacional, por algo será. ¿Queda recorrido? Por supuesto, por ejemplo que no haya una brecha tan grande en la modernización entre los grandes, que pueden permitírsela, y los pequeños. Y distribuir el conocimiento más rápidamente.
-Por último, y aunque no sea 'su' trasvase, ¿cómo están viendo desde el Segura la polémica por el Júcar-Vinalopó, el cierre de acuíferos sin alternativa y el intento del Júcar de venderle agua a Almería 'saltándose' a Alicante y Murcia?
-A mi, en 2017, me tocó de lleno lidiar con la sequía y estuve negociando con USUJ una cesión de derechos al Scrats. Aquello finalmente se frustró porque se entendía que era como un trasvase nuevo, y no se valoró que la legislación prevé esa figura de la cesión de derechos. Nosotros de hecho hemos firmado muchísimas. Entonces entiendo la operación con Almería, pero aunque solo fuera por el recuerdo de aquel intento de 2017, me hubiera gustado que nos lo plantearan a nosotros antes.
