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VALÈNCIA. (EP). La exempleada de Crespo Gomar SL Lucía Pascual ha explicado este lunes que ha trabajado durante más de 10 años como administrativa en este empresa de comunicación que facturó servicios al PSPV realizando "todo tipo de tareas" pero ha recalcado: "Yo no era la responsable económica de la empresa, era una trabajadora más, me mandaban hacer todo tipo de cosas, pero ni era la responsable ni la propietaria y siempre había responsables por encima de mí".
Pascual ha comparecido este lunes en la comisión de Les Corts que investiga la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc durante las elecciones de 2007 y 2008 después de que el pasado 18 de diciembre no se presentara a la cita. En su declaración de esta jornada ha negado conocer a la ex secretaria de Organización del PSPV en Benidorm Anabel Hallado.
La extrabajadora de la mercantil se negó a contestar a la mayoría de preguntas formuladas por el PP en la Comisión de Investigación de Financiación de los Partidos Políticos del Senado. La Mesa del Senado trasladó a la Fiscalía General su negativa a declarar en relación con la parte de la investigación que lleva a cabo un juzgado de Benidorm con las administraciones públicas y partidos políticos.
En esta ocasión, Pascual ha declarado que ella no era responsable de facturación de la empresa sino que de esta tarea se encargaba Vicente Benlloch, que era su "responsable directo" y en ese sentido ha insistido en que la facturación como tal no era su responsabilidad aunque ella tampoco era el último "eslabón".
Asimismo, preguntada por si hubo facturación falsa, ha replicado: "De eso no sé nada". La extrabajadora ha afirmado que sabía que el Partido Socialista era uno de los clientes de la empresa pero desconoce la persona de contacto porque de ellos se encargaba alguno de los nueve comerciales que había en Crespo Gomar.
Pascual, que ha recordado que los procedimientos judiciales están abiertos aunque a ella no le han llamado, ha justificado su negativa a contestar a muchas de las preguntas por si podrían perjudicarla si finalmente es citada en los tribunales. Una de las cuestiones que no ha querido contestar es sobre un correo remitido a nombre de Laura por la ex secretaria de Organización del PSPV en Benidorm, a quien ha recalcado que ella no conoce a Anabel Hallado.
En cualquier caso, ha afirmado que ella no se dedicaba a gestionar los correos ni llevaba personalmente los clientes ya que esas tareas "siempre" las realizaban los comerciales. Pascual ha afirmado solo tuvo algún "contacto" con clientes cuando la empresa entró en 2010 en concurso de acreedores.
En esta línea, ha insistido en que su responsabilidad "no era los clientes" sino que ella se dedicaba a "trabajos de gestión interno y de control de las horas que empleaban los diseñadores" para poder vender el diseño. "Yo me quedaba por el medio. No sé porque las flechas apunta a mí", ha señalado.
Del mismo modo, ha señalado que no sabe "nada" de una posible intermediación de Crespo Gomar entre empresas y partidos políticos, ni tampoco conoce cómo fue la adjudicación de las desalinizadoras de Dénia ni Torrevieja, ni ha querido contestar sobre el contrato con el Ministerio de Vivienda, ni era tampoco su cometido la facturación a los ayuntamiento de Gandia o Dénia.
Pascual ha señalado que la empresa trabajó con partidos para la campaña electoral de 2008 pero que no recuerda si uno de ellos fue el PSOE y al respecto ha recalcado que era una empresa con más de cien trabajadores que tenía "muchísimo clientes".
"Nosotros trabajábamos con aquel con quisiera trabajar con nosotros porque somos unos profesionales de la publicidad, con un equipo de creativos de unas 50 personas, y nos dedicábamos al marketing político, pero también institucional o de empresas", ha señalado.
Así, ha señalado que se trabajó con Metrovacesa antes de abrir el centro comercial de Gandia pero que ella no estaba en esa cuenta . No obstante, desconoce si también se hizo con Hospimar, Quick Meals o Lubasa. "De todos los clientes no me acuerdo", ha dicho.
A continuación ha comparecido la responsable de Urbanismo de Dénia en 2009, Josefa Font, del partido Centre Unificat, que ha afirmado que a su formación la empresa no les ha realizado "ninguna campaña electoral". "No nos ha hecho nada", ha subrayado.
Font ha explicado que en 2009 se puso en marcha el proyecto Dénia Futuro, heredado del anterior equipo, y que contaba con una subvención de Europa de seis millones con el condicionante de que un 4% de esta cantidad fuera para darle publicidad y explicarle a la ciudadanía en qué consistía.
En abril se redactó un pliego de condiciones, y se convocó un concurso público al que se presentaron dos empresas. La mesa de contratación municipal, de la que ella no formaba parte, la adjudicó a Grespo Gomar por dos años y unos 250.000 euros que se iban pagando "conforme se iban haciendo trabajos".
"Me pareció un concurso normal, de libre concurrencia y que se adjudicó al que los técnicos consideraron el mejor", ha apuntado Fuster. Al respecto, ha aclarado que Denia Futuro es el único contrato con Crespo Gomar.
Sin embargo, nueves meses antes de que terminara el contrato Crespo Gómar pidió su resolución porque habría entrado en concurso de acreedores y el resto se volvió a licitar. Asimismo, ha afirmado que ella no contrató nada con Blauverd.
Font ha recalcado que "jamás" autorizó pagos a través de terceras empresas. Asimismo, ha negado que se pagara con el dinero de Denia Futuro otras cosas y ha explicado que "todas las facturas pasaban por el filtro municipal y Europa las supervisaba factura por factura". Por ello, ha asegurado que si hubiera tenido alguna conocimiento de irregularidad lo habría denunciado "fuera el partido que sea".
En ese sentido, ha explicado que no le pareció "extraño" que la exalcaldesa del PP Ana Kringe contratara su campaña con Crespo Gomar porque es "una empresa muy acreditaba en trabajos electorales" y además es propietario es vecino de Dénia. "No pensé que hubiera vinculación ya que era una empresa de publicidad acreditada y era de Dénia", ha defendido.
Font ha señalado que no sabe por qué Kringe no ha atendido las tres citaciones para comparecer en esta comisión y ha negado que mantuviera "un interés especial" por el contrato de Crespo. "Kringe y yo éramos colaboradoras públicas pero adversarias políticas", ha apostillado.