Manises se enfrenta a los agrónomos y la Justicia le condena por discriminarles

VALÈNCIA. En el Colegio de Ingenieros Agrónomos están indignados. Sus críticas se dirigen hacia el Ayuntamiento de Manises, que está regido por una coalición de izquierdas liderada por Jesús Borràs i Sanchis (Compromís). Acusan al gobierno municipal de haberse enfrentado a ellos, de haberles discriminado, sólo por beneficiar a los arquitectos. El decano del Colegio, Baldomero Segura, es tajante: “Han dilapidado a sabiendas el dinero de los contribuyentes para defender intereses corporativistas”. 

Una sentencia judicial avala su crítica. El juzgado de Lo contencioso Administrativo nº 2 de València ha estimado parcialmente un recurso presentado por el colegio y ha condenado al municipio valenciano por impedir firmar un proyecto a un ingeniero agrónomo. La sentencia es firme. Por si fuera poco, en el ayuntamiento no se pueden sorprender por el fallo judicial. El decano del colegio remitió una carta al alcalde en la que le alertaba de la irregularidad y advertía de las consecuencias legales. Borràs no respondió a la misiva en ningún sentido, ni positivo, ni negativo. Directamente no hizo nada. Como si oyera llover. Es más, desde el colegio aseguran que “el ingeniero agrónomo afectado y el abogado del COIAL han recibido un trato indigno por parte del técnico municipal”. 

El motivo de la disputa ha sido la discriminación “arbitraria” (según la califican el colegio y la Justicia) de un ingeniero agrónomo al que una resolución del alcalde Borràs impidió firmar un proyecto de reforma interior de un local comercial para un bar restaurante. En su resolución el alcalde contó con el aval del arquitecto municipal y dos técnicos de la Administración General. Sin embargo se da la circunstancia de que hasta ahora los ingenieros agrónomos no habían tenido problemas con este tipo de proyectos en este mismo ayuntamiento, y la paradoja de que el mismo ingeniero firmó un proyecto muy similar justo a lado de donde se proyectaba la reforma objeto del conflicto hace cuatro años. Entonces, los mismos técnicos no pusieron ninguna pega. Un cambio de parecer que ha sido considerado por la Justicia como una decisión en contra de la jurisprudencia y del PGOU. 

Los ingenieros agrónomos sí pueden

Tras agotar todas las vías previas al contencioso, en las que los servicios jurídicos del colegio habían aportado justificación suficiente sobre la competencia de los ingenieros agrónomos para este tipo de proyectos, se tuvo que acudir a los tribunales. Y el fallo no ha podido ser más claro. La jueza asegura que “no concurre motivo” que justificase vetar a los profesionales con titulación de ingeniero agrónomo para la redacción de un proyecto como el de autos. Y así, citando a la documentación presentada por el colegio, la misma que el Ayuntamiento despreció, la sentencia recuerda que en la carrera se imparten asignaturas relativas a la construcción, proyectos, instalaciones eléctricas e hidráulicas… “que permiten concluir que se cuenta con la capacitación profesional para ese cometido”.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Manises alegaba que se trataba de un proyecto para un local destinado a uso residencial para justificar el veto al ingeniero agrónomo, un argumento desmontado por la jueza de forma clara empleando el propio PGOU del municipio. La sentencia pues estima el recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Manises por ser contraria a Derecho y por tanto la anula. El proyecto ha de ser aceptado.

Un tema de competencias

Con la sentencia favorable en la mano, Baldomero Segura lamentaba este miércoles la actitud del Ayuntamiento de Manises. “Les recordamos, mediante una carta dirigida al alcalde, que estaban contraviniendo la normativa y la doctrina jurisprudencial sobre competencias profesionales y que debían revertir la situación, además de advertirles de acciones legales si no rectificaban”. Pero el COIAL solo obtuvo la callada por respuesta, algo que para el decano es especialmente grave: “Represento a más de diez mil profesionales, a quienes ha ignorado al no dignarse a contestar la carta”.

Más allá del tema en concreto, en el seno del colegio, dice, lo que ha dolido ha sido “el trato vejatorio dispensado por el equipo técnico municipal: malos modos, falta de educación en el trato, prepotencia y mal estilo. Incluso llegaron a colgar el teléfono a nuestro abogado”, lamenta Segura, quien ha confesado sentir “rubor por el empleo del dinero público y de los recursos de la administración para intentar favorecer los intereses de un colectivo. Es un dispendio que han de pagar los contribuyentes, y es aún más grave si pensamos que sabían que iban a perder”.

Una victoria de todos

La estrategia del Ayuntamiento, dice, era crear las condiciones necesarias para favorecer sólo a los arquitectos. Según el decano, al judicializar el conflicto se obligaba en la práctica al propietario del local a contratar un arquitecto para firmar el proyecto ante la perspectiva de un conflicto judicial del que no se sabía, en principio, fecha de resolución, además de que el propietario no tendría ningún interés en enfrentarse a quien debe otorgarle la licencia.  

Por eso, para él esta victoria judicial “no es solo de los ingenieros agrónomos, sino de todos los profesionales de la ingeniería”, pues las intenciones del arquitecto municipal, los técnicos de la Administración y en última instancia del alcalde, que fue quien firmó, era reservar esta actividad en exclusiva para los arquitectos. Ya no podrán hacerlo. Con todo, el decano advirtió de que se trataba de una situación excepcional, ya que “no se suele llegar a esta situación, y, por ejemplo, en el resto de municipios vecinos no tenemos este problema”.