VALÈNCIA. La postura del partido ultraconservador Vox con respecto a la violencia de género ha abierto un debate de ámbito nacional. La postura de Santiago Abascal y su partido de eliminar la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG) tendría consecuencias nefastas para las mujeres que son víctimas de esta lacra.
Un nombre sobrevuela los alegatos de Vox, el de Ana Orantes. La muerte de Ana a manos de su maltratador -pues no pudo obtener una orden de alejamiento debido a la inexistencia de una ley específica de protección a las víctimas de violencia machista, lo que permitió que cuando ella denunció públicamente su situación, él la quemara viva-, fue lo que llevó a todo un país a abrir los ojos con respecto a este tipo de violencia. También llevó a los políticos a legislar. Desde que hay registros, 975 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas.
Como muestra de que la LIVG funciona, lo mejor es hablar con una mujer que ha conseguido salir del pozo gracias a las ayudas, más allá de los juzgados integrales que existen porque está esta ley. Las asociaciones de mujeres, el 016 o las casas de acogida son las grandes olvidadas dentro de la ley.
Marta (no ponemos su apellido por seguridad) salió de su infierno personal el 21 de junio de 2008 tras dos años de maltrato psicológico y cuatro físico. Su maltratador había entrado en su vida con tan solo 13 años, pero no fue hasta varios años más tarde que comenzaron la relación. Cuando su primera hija (de otra relación) tenía dos años fue cuando empezaron los episodios de malos tratos. La violencia llegó al extremo de que estando embarazada de su segunda hija tuvo que ir al hospital después de recibir varios golpes en la barriga de quien se supone que debía amarla.
Pero más allá de los golpes, Marta asegura que lo que más le dolía "era el maltrato psicológico". "Es algo que te persigue. Hay fases que nunca vas a olvidar, que las escuchas en tu día a día y siempre te recuerdan lo que pasaste", dice. "Lo sobrellevo, pero en mi interior aunque no lo demuestre lo llevo dentro. Aunque me veas sonreír lo llevo dentro, la lucha es día a día", apostilla.
La víctima asegura que la LIVG le ayudó en el sentido de que casi tres meses antes de salir de casa llamó al 016 y le enviaron al Centro Mujer. "Allí iba a escondidas porque tenía miedo. Gracias a la atención y el cariño que me dieron en el centro, cuando llegó el momento, pude irme de casa. Salí del infierno gracias a la ley que Vox quiere eliminar".
En el juzgado se dictó una orden de alejamiento. "Tuve varios juicios nulos porque él no aparecía", explica. Mientras llegaba esa sentencia, como medidas provisionales se dictó una orden de alejamiento, se le retiraron las visitas a las niñas, y se ordenó que saliera de la vivienda, aunque en aquel momento Marta estaba con sus hijas en un centro de protección por el pánico que sentía.
Su expareja fue absuelto de las amenazas y maltrato, pero fue condenado por los quebrantamientos. Marta tenía miedo que entrara en prisión porque él le decía que saldría de la cárcel porque tenían una hija y "nunca" saldría de su vida. "Tengo colegas que por 300 euros te encontrarán", le amenazaba. Cuando declaró ante la policía, asegura que dijo "lo justo". Pero pese a todo, pese al periplo judicial, la LIVG ayudó a esta mujer a seguir con sus hijas lejos de su maltratador. Ahora, diez años después, Marta ha rehecho su vida aunque haya tenido que cambiar de casa varias veces y, pese a que nunca olvidará lo sufrido, ha comenzado una nueva vida lejos de la violencia a la que fue sometida.
Sin las ayudas económicas que la LIVG ofrece a los centros de ayuda, Marta "jamás" hubiera salido del infierno. Por eso, esta mujer no entiende la postura de Vox. Cuando se le pregunta añade "no es que haya que quitar las ayudas, es que todavía hacen falta más para sacar del pozo a mujeres que están pasando por lo que yo pasé".
La mayoría de personas creen que LIVG se queda en la parte judicial, pero va mucho más allá de eso. Una experta en la materia, la fiscal especializada en violencia contra la mujer, Susana Gisbert, recuerda un caso en el que fue "el médico de atención primeria el que, alertado porque tenía una paciente que se caía siempre en la bañera o se daba golpes en las puertas, acabó acudiendo a Fiscalía porque entendía su responsabilidad de alertar sobre un caso que era claramente de malos tratos, a pesar de que ella negaba haber sido maltratada".
Esto sucedió gracias a la parte económica que destina la ley a la formación del personal sanitario, a lo que hay que añadir, la concienciación de aquel médico. La ley no solo destina dinero a los juzgados, también existen otras parcelas tan importantes como esa. Gisbert dice que aquella mujer que no quiso denunciar, "pero gracias a que se alertó a su padre, acabó yendo a un centro mujer 24 horas donde, al cabo de varios meses de ayuda psicológica, pudo vencer el miedo y denunciar el maltrato al que estaba sometida".
Las asociaciones que cuestionan Abascal y sus seguidores también ayudaron a esta mujer porque le dieron formación, hizo un programa de integración laboral gracias al cual ahora mismo tiene un trabajo que le permite mantenerse alejada de su expareja.
Por todo ello, Gisbert advierte que si los partidos entran al juego de Vox, "todas estas cosas no serían posibles y, probablemente, esta mujer sería un número más en las frías estadísticas de mujeres asesinadas por sus parejas".