Martínez lamenta el "tiempo perdido" en la reforma de la estiba y pide "diálogo" para evitar conflictos

VALENCIA (EP). El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha indicado este martes que su posición sobre el conflicto de la estiba es que "se cumpla la normativa" fijada por Europa porque "nadie puede estar en contra del cumplimiento de la ley". Igualmente, ha destacado que "siempre es mejor el diálogo a la imposición" porque así se evitan "muchos conflictos y costes".

Así lo ha indicado Martínez a los medios de comunicación, al ser preguntado por la huelga que los estibadores han convocado a nivel nacional en todos los puertos los días 20, 22 y 24 de febrero en protesta por la reforma que ultima el Ministerio de Fomento para romper el monopolio que este colectivo tiene del sector encargado de cargas y descargar los barcos y de gestionar las mercancías que entran y salen de España.

Al respecto, ha comentado que dado que se trata de una huelga a nivel nacional su repercusión será no será tan problemática en el recinto portuario valenciano que si se concentrase en el puerto de Valencia. "No es que sea para alegrarse, pero es mejor", ha indicado para remarcar que la situación actual del Puerto es de "total normalidad" y no han habido "grandes incidencias".

"Se está negociando por si de aquí al día 20 se puede llegar a un acuerdo entre las partes y desde la APV poco podemos decir al respecto porque no somos parte negociadora", ha puntualizado Martínez.

Sin embargo, ha remarcado que su postura es la de que "se cumpla la normativa" fijada por Europa porque "nadie puede estar en contra del cumplimiento de la ley". Igualmente, ha destacado que "siempre es mejor el diálogo a la imposición" porque así se evitan "muchos conflictos y costes". "Siempre es mejor la negociación, pero cumplimiento la normativa", ha remarcado.

Martínez ha recordado que el problema se empezó a crear en 2012 con el dictamen de la Comisión que se agravó en el 2014 con la sentencia de Luxemburgo a la que "no se respondió adecuadamente". "En 2016 fue su ratificación y tampoco se hizo caso y ahora estamos muy apretados de tiempo porque en abril vence el plazo definitivo y empiezan a contar los hasta 165.000 euros de multa con carácter retroactivo", ha afirmado.

A su juicio, el problema radica en que "se ha perdido mucho tiempo". "Nosotros no tenemos el texto y no puedo opinar del articulado", ha dicho el presidente de la APV, quien ha manifestado que "hubiera merecido la pena que Puertos del Estado o quien lo haya terminado de redactar hablara con las partes como son los puertos".

Por otro lado y preguntado sobre si desde el puerto se ha tomado alguna medida para minimizar el impacto de la huelga, ha negado este punto porque ha explicado que la APV no tiene capacidad de negociación y "ningún margen de maniobra", por lo que lo único que puede hacer es "animar, reunirte con las partes e incentivar que se llegue a un acuerdo".