El conseller de Educación, Vicent Marzà. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Les Corts Valencianes celebraron este jueves la segunda sesión de la diputación permanente en la que comparecieron la consellera de Sanidad, Ana Barceló; el conseller de Economía, Rafa Climent; y el conseller de Educación Vicent Marzà. Los dos últimos lo hicieron para lograr el visto bueno de la cámara a dos decretos ley aprobados hace unas semanas por la Generalitat que requerían la luz verde del Parlamento: el que contempla medidas urgentes de apoyo económico y financiero para los trabajadores autónomos y otro que recoge medidas urgentes para paliar la crisis en el ámbito educativo, cultural y deportivo ocasionada por la pandemia.
Una jornada en la que destacó especialmente, por atípico, el respaldo unánime te toda la oposición a una norma impulsada por el departamento que dirige Vicent Marzà. La gestión del conseller de Educación es, sin duda, la que ha despertado a lo largo de esta legislatura y también la pasada una mayor oposición por parte de PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, no fue así este jueves. El responsable del departamento situado en Campanar consiguió un apoyo unánime para convalidar el decreto-ley que adapta el proceso de la admisión del curso 2020-2021 al estado de alarma por el coronavirus.
En concreto, el decreto establece que el procedimiento de admisión en Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP para el próximo curso se tramitará de forma electrónica para evitar "al máximo" los desplazamientos, aunque el titular de Educación garantizó que habrá puntos de atención para las personas que no disponen de medios. Para asegurar el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Infantil, además, la norma contempla una ayuda extraordinaria, destinada tanto a las escuelas infantiles privadas de 0-3 años como a las municipales, por la misma cantidad que reciben con el 'bono infantil'. "No será la solución para todo, pero permitirá mantener puestos de trabajo", expuso Marzà en su intervención.
Con el objetivo de garantizar el inicio del curso 2020-2021, en los centros educativos concertados se mantiene la dotación destinada a la inclusión educativa y a la lucha contra el abandono escolar. Una de estas ayudas extraordinarias directas permitirá consolidar las plazas docentes otorgadas a la concertada, con más de 15 millones de euros, "dando continuidad y tranquilidad a los centros".
Una serie de medidas ante la que la diputada del PP Beatriz Gascó, que ha sido uno de los mayores azotes de Marzà en la oposición, felicitó al responsable de Educación y le garantizó que su formación apoyaría el decreto-ley porque, explicó, "no es sectario". Eso sí, previamente cuestionó algunos errores en la implantación del 'plan Mulan' de enseñanza a distancia y le dijo que su partido estaría "vigilante" al proceso de matriculación telemático para que éste se realizara correctamente. "No se duerma porque lealtad no es pleitesía", le advirtió la parlamentaria popular.
Un tono en el que también se pronunció la diputada de Vox Llanos Massó, que incluso puso estas medidas como ejemplo a seguir por otros departamentos del Consell del Botànic II. "Ojalá en otros sectores se tomaran estas medidas para salvar el tejido productivo", manifestó. Ahora bien, de la misma manera que la parlamentaria del Partido Popular también puso algún reparo en su intervención. Exactamente, a la implantación del plurilingüismo, que se verá retrasada un año en ESO y Bachiller. "No habría que prorrogarlo, sino suspenderlo", consideró.
Una manifestación en relación a que el decreto-ley aplaza la entrada en vigor en las últimas etapas educativas (la norma ya se aplica en Infantil y Primaria). La normativa establece la prorroga de un año la implantación del plurilingüismo, lo que supone que todos los centros escolares continuarán con los programas lingüísticos que tenían hasta ahora.
El retraso se debe, principalmente, a que actualmente los consejos escolares no pueden reunirse para aprobar los planes lingüísticos antes del proceso de admisión escolar. De hecho, Marzà subrayó en la diputación permanente de este jueves que esta cuestión requería de un "debate sereno" en los consejos escolares que ahora mismo era imposible llevar a cabo.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Carlos Gracia explicó que su formación no tuvo conocimiento del programa Mulan "hasta el 25 de marzo", 11 días después de la aprobación del estado de alarma, y pidió repensar el modelo de formación a los docentes. Sin embargo, como el resto de grupos, también apoyó el decreto ley y tendió la mano de su grupo para seguir colaborando con su departamento para hacer frente a la crisis que ha generado esta pandemia.
