Vicent Marzà. Foto: KIKE TABERNERA Guiseppe Grezzi se le puede criticar cualquier cosa menos falta de iniciativa. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València tiene a no pocos vecinos enfadados por una catarata de medidas a cuál más polémica, a cuál más incómoda. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué esas aceleradas peatonalizaciones de la noche a la mañana con unas macetas? ¿Había tanta demanda de un carril bici en la calle Colón? ¿Y de despejar el carril bus por la noche?
La respuesta tiene más que ver con el calendario electoral que con las medidas en sí. Todas las políticas de Grezzi tenían que ponerse en marcha en la primera mitad de la legislatura porque en la segunda y a medida que nos acercamos a mayo de 2019 conviene evitar las decisiones impopulares. Para esa fecha, las molestias de las obras estarán olvidadas, quienes aparcaban en el carril bus por la noche llevarán dos años estacionando en otros lugares, lo que no funcione se habrá podido corregir y el concejal verde podrá hacer campaña sin temor a una manifestación de vecinos cabreados.
Esta explicación sobre la estrategia de Grezzi, que no ha inventado nada, está en los manuales, sirve para entender el empecinamiento de Vicent Marzà con su política educativa, que es la de todo el Consell, según Oltra.
Marzà ha puesto en marcha dos medidas, una que seguro que iba a levantar ampollas y otra que las ha levantado innecesariamente, y está empeñado en que entren en vigor para el curso que empieza en septiembre porque en el siguiente, el 2018-2019, estaremos inmersos en una larga precampaña electoral que culminará con los comicios autonómicos y municipales al final de curso.
El conseller lo tenía relativamente fácil pero se ha enredado con la justicia y tiene las de perder, aunque acabe ganando desde el punto de vista procesal. Marzà ha empeñado su política, que es la del Consell según Oltra, y tendrá que dimitir, no ahora, porque los reveses judiciales no son firmes, pero sí en caso de que lleguen a serlo, como dimitió Corcuera cuando se empeñó en que su ley de Seguridad Ciudadana no era la de la patada en la puerta y resultó que sí lo era. En el mejor de los casos para él, puede que acabe ganando el pleito, pero habrá perdido el tiempo.
Lo tenía más fácil, curiosamente, en al asunto más complejo y no en el que a la postre ha quedado como un tema menor, el de la concertada. La reducción de aulas en el bachillerato concertado ha chocado con una estrategia judicial de los centros afectados más que con la lógica de una medida que se discute por motivos ideológicos y no económicos. Ahí Marzà tiene las de ganar a la larga —los tribunales tendrán que decidir caso por caso—, aunque debido a las suspensiones cautelares el problema se le traslada ya al próximo curso.
Donde el conseller encadena un error tras otro es en su medida estrella de la legislatura, el decreto de plurilingüismo, que tenía muy buena pinta excepto en un punto que la Diputación de Alicante y dos sindicatos decidieron recurrir. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya se ha pronunciado y ha anulado ese apartado donde se castiga a los alumnos que prefieren —sus padres— la educación en castellano.
Viene a decir el Tribunal que una cosa es promocionar el valenciano con acciones positivas hacia esta lengua y otra, ilegal, hacerlo dejando a los que escogen la línea en castellano sin acreditación de inglés.
La portavoz del Consell —Marzà no dio la cara el viernes, otro error— dice que le preocupa y le ocupa que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le anule decretos. Debería ocuparse en algo más que lamentarse y enrocarse.
El pacto de Estado de Educación que nunca se firmó en España es igual de necesario en la Comunitat, donde la educación viene siendo motivo de conflicto por la cuestión lingüística. Decir que el proyecto del PP de 2012 ha fracasado es prematuro porque no se ha llegado a implantar ni en toda Primaria. Si el actual Consell quería cambiarlo, estaba en su derecho, pero un mínimo consenso habría evitado otro conflicto que afecta, según Oltra, a "solo" 40.000 niños y niñas de 3 años —es decir, a sus familias—, un 6% del total. ¿Solo? Serán relativamente pocos, pero 40.000 son muchos, son decenas de miles de familias.
Marzà lo tenía fácil. Y lo sigue teniendo. Le basta con aprobar otro decreto eliminando ese apartado discriminatorio, con una pequeña modificación en las líneas en castellano. Así, la normativa ahora suspendida podrá aplicarse a los niños de infantil, puede que desde el curso que arranca en poco más de un mes. El conseller pasaría así los dos cursos que quedan de legislatura más tranquilo, con tiempo para pensar en nuevas fórmulas para promocionar el valenciano en la escuela.
