Foto: Dani Duch / PoolVALÈNCIA. La pandemia ha dado alas al delator. Este tipo humano, ciertamente despreciable, prospera en los regímenes autoritarios como el nuestro. El poder los mima para que cumplan el papel de señalar al disidente. El delator es envidioso y carga con una vida vacía y sin expectativas. Sus alegrías son pocas y breves. El delator sólo es feliz cuando la policía reprende o castiga a la persona que ha denunciado.
Esta mañana mi madre ha ido a la peluquería. Mientras la teñía, el peluquero le ha confesado que el día anterior había recibido la visita imprevista de dos policías locales. Alguien le había denunciado porque no se guardaban las distancias de seguridad entre los clientes. El peluquero les invitó a pasar para que comprobasen que todo estaba en orden, pero los agentes renunciaron a hacerlo. Parecían sólo interesados en cumplir con un engorroso trámite.
Los viejos y las viejas del visillo han proliferado durante la pandemia. El Régimen, sin darles nada a cambio, los ha utilizado para vigilar a los disidentes. Si los vuelven a necesitar, recurrirán de nuevo a ellos, que estarán encantados con ejercer de policías de barrio. En Venezuela sucede desde hace años.
Veo todavía un pequeño resquicio de esperanza en la Justicia española. El nacionalismo valenciano, con la complicidad de los tontos útiles del socialismo, han emprendido una campaña contra el Tribunal Supremo por rechazar que el valenciano sea la lengua prioritaria en la Administración autonómica. La Generalitat recurrirá al Constitucional, donde puede tener más suerte porque por allí anda el inefable señor Conde-Pumpido, paladín del progresismo judicial y gran hacedor de sentencias inexplicables.
Yo, que he sido muy crítico últimamente con el Supremo, aplaudo su sentencia porque impide, de momento, que los castellanohablantes seamos ciudadanos de segunda al relacionarnos con la Administración valenciana. Si aquí hay dos lenguas cooficiales, no veo el motivo de que una deba prevalecer sobre la otra.
Quienes han recurrido al Constitucional desean imitar el modelo lingüístico de los vecinos del Norte. Se han encontrado una piedra en el camino, pero lo seguirán intentando para alcanzar su objetivo. Una lengua, un país. Lo de multar a los comercios por rotular en español es sólo una cuestión de tiempo.
He dejado de ver los telediarios de la cadena triste. Prefiero hablar con Paco, el dueño del bar donde tomo café, para informarme de lo que sucede en España. “Está costando”, me dice. Sólo ha recuperado a la mitad de su clientela habitual. “La gente mayor tiene miedo y no viene”, añade.
No me aclara si ese miedo procede del virus o de la situación económica que obligará a prescindir del almuerzo mañanero para ahorrar un poco cuando la economía entre, definitivamente, en barrena.
Pese a todo, un estudio revela que el 65% de los españoles se irá de vacaciones aunque gastará menos. El otro 35% tendrá un verano como los de antes, de paseos acabados en la heladería.
El presidente maniquí ha anunciado ¡para el 16 de julio! un homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, que para él son sólo 27.000 después de la limpieza estadística de las últimas semanas. El Gobierno ha aplazado al máximo la ceremonia para distanciarla de los peores días de la tragedia. Se hará en verano, cuando todos andemos distraídos con las vacaciones. La decisión está estudiada y bien medida. Los familiares invitados al acto serán sometidos a un severo escrutinio. El poder no se puede permitir ninguna manifestación en su contra.
En esta estrategia por echar tierra sobre los muertos, el maniquí cuenta con la ayuda del señor Tenazas (o Tezanos), que publica una encuesta inverosímil cada mes. Hay que tomarla como un chiste malo que hace cada vez menos gracia. Resulta que el PSOE les saca 11,2 puntos a los conservadores de Casado en estimación de voto. A este paso los socialistas tendrán garantizada la mayoría absoluta en verano, cuando lleguen los hombres de negro. Algunos rezamos cada día a la Virgen de los Desamparados para que no se retrasen más de la cuenta.
Escudándose en un informe de la CIA, que vincula a Felipe González con la creación de los GAL, nada nuevo por otra parte, PNV, Bildu, ERC y JxCAT han enviado una carta al Parlamento Europeo para que investigue la conexión del expresidente con el terrorismo de Estado. La iniciativa procede de cuatro fuerzas políticas que comparten señas de identidad: son reaccionarias, racistas y enemigas de la ley cuando no les favorece. En el caso de Bildu son además los herederos de los del tiro en la nuca.
La figura de González como estadista sale reforzada cuando es capaz de poner de acuerdo a partidos a los que sólo les une el odio a España. Los GAL fueron un dislate moral y un acierto político. A partir de entonces Francia comenzó a colaborar en la lucha antiterrorista. El miedo pasó a circular en ambas direcciones.
Los funcionarios de la Administración del Estado, con hijos de menos de 14 años o personas dependientes a su cargo, podrán teletrabajar cuatro días a la semana. El Gobierno sigue preocupándose por el bienestar de sus súbditos, que se lo agradecerán cuando sean llamados a las urnas.
La vicepresidenta Calviño, que por su melena rubia recuerda a la señora Elena Salgado, también ha descubierto “brotes verdes” en el páramo en que se ha convertido España, donde no crece ni la mala hierba. “La recuperación ya se ha iniciado”, ha afirmado sin rubor en el Congreso de los Diputados. Que Dios le conserve la vista a la hija del que fue director general de RTVE.
