Más conexión per capita

No acabo de entender la dificultad de la Comunitat Valenciana para engancharse a algo que bien puede considerarse un hito en la política de innovación en nuestro país, si no fuera porque esa sibilina omnipresencia de los fondos europeos del Plan de Recuperación, como el mayordomo en las novelas de misterio, sirve para explicarlo todo de un tiempo a esta parte, incluso la encarnación de lo que nunca antes había existido. 

El hito es el impulso por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación de Diana Morant de los primeros programas de investigación conjuntos entre la Administración central y las comunidades autónomas. Disrupción en toda regla y sea bienvenida si las buenas intenciones van acompañadas de hechos. 

Es bien conocida la impotencia de España a la hora de conectar los ecosistemas de innovación autonómicos. Para las empresas y centros de investigación de distintas regiones es más fácil colaborar en proyectos de I+D utilizando fondos europeos que hacerlo con cualquiera de las opciones disponibles en nuestro país, incluido el Programa Cervera, esa eterna promesa que dice Teresa Riesgo que ahora sí, que en los Presupuestos de 2022.

El descuelgue se pone de manifiesto en el hecho de que la Comunidad Valenciana sólo está presente en uno de los cuatro Planes Complementarios puestos en marcha este año, de los ocho en los que se articularán finalmente esos programas de investigación conjuntos: el de Ciencias Marinas, pensado para abordar “los nuevos desafíos en la monitorización y observación marino-marítima, el cambio climático, la acuicultura y otros sectores de la economía azul”. Suena estupendamente sí.

La versión oficial es que una vez definidas las ocho áreas científicas, las comunidades autónomas presentaron expresiones de interés para al menos dos de ellas que pasaron a ser evaluadas por un panel de expertos. Todas han sido seleccionadas para al menos un programa.

El resultado es que no hay rastro del ecosistema valenciano de innovación en los planes de Biotecnología Aplicada a la Salud, Comunicación Cuántica y Energía e Hidrógeno Renovable, en los que tanto, tanto, tenemos que decir si atendemos a las líneas de investigación en universidades e institutos tecnológicos y a las empresas de base tecnológica existentes en nuestro territorio, con algunas patentes de peso que poner encima de la mesa. 

Habrá que estar atentos a lo que suceda el próximo año, cuando se lancen las líneas de trabajo conjunto sobre Agroalimentación, Astrofísica y Física de Altas Energías, Materiales Avanzados y Biodiversidad. Quizás consigamos, esta vez sí, dar un paso adelante y posicionarnos.

En total, el Gobierno ha previsto movilizar 456 millones de euros hasta 2025 en estos programas. Lo cual es interesante de por sí. Pero no se trata de una anécdota estrictamente crematística, sino de un problema de fondo, porque iniciativas de este tipo manifiestan un posicionamiento como territorio, revelan una cultura de innovación.

El País Vasco aparece en tres de los cuatro planes previstos sólo para este año. Es la única región con tanta presencia en una iniciativa que busca coordinar a los ecosistemas de investigación españoles, quién lo diría. Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid se posicionan en dos proyectos cada una.

El BBK publicaba recientemente un gráfico demoledor, con datos del INE, sobre la inversión en I+D per capita por regiones. El País Vasco ocupa el primer puesto con 674,5 euros per capita, seguida de Madrid (607,2), Navarra (540,9), Catalunya (468,9) y Castilla y León (335,5). Por debajo de la media nacional se apelotonaban el resto, incluida la Comunidad Valenciana, con apenas 250,5 euros per capita. En Euskadi el dato es 2,5 veces mayor. ¡2,5 veces! (la diferencia en PIB per capita es grande, del 47%, pero no tan abultada).

El primer impulso, el más cómodo, es aludir a los beneficios fiscales de los que gozan los vascos y apelar a la infrafinanciación, ambos argumentos incuestionables desde la honestidad intelectual. Pero si hacemos un examen a fondo, si nos sometemos a una auditoría seria, debemos tener presentes también esa otra clase de hechos, aparentemente circunstanciales, como son el escaso nivel de acoplamiento de la Comunitat Valenciana en el primer programa de investigación conjunto que se pone en marcha en España. 

E ir más allá y analizar otros asuntos más sustanciales como la incomunicación, cuando no abierta animadversión, que existe entre departamentos de la Generalitat de distinto color político implicados en el fomento y la gestión de la innovación. También esto impacta en la inversión en I+D per capita, sí. Hay que ponerse ya serios, esto no es un juego.

O la capacidad de nuestro tejido empresarial para dejar el marketing a un lado y subirse a alguna de las iniciativas que están surgiendo en España, encabezadas por empresarios y centros de investigación, en campos como la microelectrónica o la química de alto valor añadido, empeñadas en conseguir que los PERTE no se conviertan en lineales en los que recolectar ayudas (para satisfacción, mayormente, de los ayuntamientos), sino en auténticos proyectos transformadores de país.

“Las empresas vascas cuentan con un importante colchón de financiación en las ayudas públicas, particularmente en el caso de las ayudas con fondos locales y autonómicos. No obstante, esta política no podría explicar por sí sola la alta propensión de las empresas a realizar actividades de innovación, porque los obstáculos para el desarrollo de innovaciones no se agotan con los problemas de financiación. También hace falta que las empresas puedan disponer de una fuente de ideas que les permitan acometer proyectos innovadores”, dice la Fundación Cotec en su informe "Modelos de Innovación Abierta: una Aproximación Autonómica”, de obligada lectura.

No es España un lugar dado a la colaboración autonómica en materia de I+D y desde la Comunitat Valenciana deberíamos promover un cambio de cultura, situarnos en la avanzadilla para poder hablar con voz propia cuando éste se produzca. 

Hasta tal punto somos complejos como país que una de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, en la que se incluían medidas largamente reclamadas en materia de fomento de la innovación y de apoyo a la conexión entre empresas y centros de investigación privados, que llegaba con la impensable firma nada menos que del PP, ERC y Compromís (sí, de los tres partidos juntos), que contaba con el aval del ecosistema de innovación del País Vasco codo con codo con el valenciano, y con todo eso y más… tan especiales somos que aquella enmienda, en fin, fue rechazada. No estamos para ponernos exquisitos.