Más de 5.000 expedientes de dependencia atascados en València

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tiene en trámite o en espera más de 5.000 expedientes de dependencia, a expensas de una resolución. Son datos de la concejalía de Bienestar Social facilitados al grupo municipal del PP y que revelan que unos 1.500 del total se iniciaron en 2017 o 2018.

Concretamente, de los expedientes que hay en las mesas de la concejalía, 94 son de 2017; 1.407 son de 2018; 3.484, del año pasado; y 277 pertencen a lo que llevamos de ejercicio. Una situación que la portavoz del PP en la ciudad, María José Català, consideró este viernes "muy preocupante" porque, además de ello, los servicios municipales tramitan las peticiones de la renta valenciana de inclusión y previsiblemente deberán, además, atender las solicitudes del nuevo ingreso mínimo vital puesto en marcha por el Gobierno central.

Así pues, se está produciendo en el consistorio un innegable cuello de botella en cuanto a las solicitudes de dependencia, que se pusieron en marcha en 2007. Desde entonces, explican en el departamento de Bienestar Social que dirige Isa Lozano, la capacidad de resolución del Ayuntamiento ha ido in crescendo, si bien es cierto que tal mejora no ha conseguido revertir esta situación dado que las solicitudes también han crecido.

Así, si el primer año (2007) se resolvió sólo el 0,06% de los expedientes que se iniciaron, en los últimos años se ha alcanzado el 45%. Esto es, en este momento se resuelven la mitad de los expedientes que se inician en un año. A juzgar por los datos, desde 2015 se ha producido un salto cualitativo: de resolverse casi 500 expedientes en 2015, se pasó a hacerlo con 1.300 al año siguiente. En 2019 esta cifra alcanzó los más de 2.900 de 6.300 recibidos.

Con todo, el atasco continúa y todavía hay 5.000 expedientes sin resolver. De la renta valenciana de inclusión, por su parte, el Ayuntamiento de València está tramitando actualmente 779 expedientes, de los cuales 14 pertenecen a 2018 -el primer año de esta renta-; 494 del pasado año; y 271 de este ejercicio. Datos más reducidos en este caso pero que, sumados a los anteriores, dan buena cuenta de la cantidad de trabajo que han de asumir los técnicos municipales de Bienestar Social.

De hecho, recientemente el propio alcalde, Joan Ribó, admitía la sobrecarga de trabajo que podría suponer la asunción de la gestión del ingreso mínimo vital por parte de los consistorios si esta competencia no iba acompañada de recursos.

En este sentido, la portavoz popular insistió en la necesidad de que el gobierno municipal con urgencia amplíe los recursos humanos y técnicos de los Servicios Sociales Municipales “ante el riesgo de que puedan colapsarse por la sobrecarga de trabajo y por la avalancha de peticiones de ayudas sociales que van a producirse como consecuencia de la crisis sanitaria”.

La portavoz popular advirtió de que los Servicios Sociales Municipales están “bajo mínimos trabajando con cita previa, y con miles de asuntos por resolver debido a los casi tres meses que han permanecido cerrados por el estado de alarma”.  Por ello,  “no se les puede encargar más trabajo si el Gobierno no da más recursos para reforzar plantillas y más recursos económicos”,