Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las residencias han sido uno de los espacios con mayor tensión durante la pandemia del coronavirus. El número de fallecidos, el aislamiento de los ancianos, los numerosos brotes por toda la Comunitat Valenciana,... En todo caso, las empresas y entidades que gestionan la mayoría de las residencias de personas mayores de la Comunitat Valenciana quieren poner sobre la mesa propuestas para reducir el impacto negativo de un posible rebrote de Covid-19 que se pueda producir en el futuro.
Solimar, La Saleta, Aerte, Lares y Savia han presentado un documento a las Consellerias de Sanidad e Igualdad para reflexionar sobre las distintas experiencias que se han vivido en los distintos centros y servicios para poder establecer los protocolos y medidas necesarias. "Los centros no están diseñados para atender una pandemia de carácter sanitario, ni cuentan con los profesionales ni materiales necesarios para ello y, sin embargo, se les ha exigido como si así fuera", recuerdan." Esto ha provocado imagen distorsionada del sector a que se le ha visto, algunas veces y de manera injusta, como culpable del trágico resultado".
Entre estas peticiones, se encuentran las de hacer pruebas periódicas cada 15 días en las residencias a personas residentes y trabajadores. "La falta de realización de pruebas nos ha impedido poder llevar a cabo las medidas de aislamiento y detección necesarias, más cuando se ha demostrado el alto número de casos asintomáticos detectados en los centros", señalan en el documento.
También piden crear una comisión de coordinación sociosanitaria, con presencia de las entidades del sector, para establecer de manera conjunta toda la normativa y adaptación a la realidad de las residencias evitando contradicciones y duplicidades. "Ha faltado una mayor coordinación entre las administraciones de sanidad y de servicios sociales, lo que ha provocado que la normativa sanitaria y social no haya estado alineada siempre y que se hayan producido contradicciones entre ambas", apuntan. Entre otras propuestas, está la de identificar una persona de enlace en atención primaria con las residencias con un reparto de las competencias y funciones que corresponden a cada una de las partes para coordinar las pruebas, el seguimiento y las necesidades de los centros.
Mientras, piden reformar los protocolos de atención sanitaria a personas residentes con el objetivo de derivar a las personas con diagnóstico positivo al hospital o los centros sociosanitarios de referencia que establezca la administración. "No se ha podido garantizar, en todos los momentos y en todos los lugares, una adecuada atención sanitaria a las personas mayores que vivían en los centros residenciales para mayores. La asistencia en un establecimiento adaptado, y no en la residencia, ayuda a mejorar el nivel de atención sanitaria a la persona enferma", recalcan.
Además, piden un procedimiento unificado de información para que las residencias informen a una única administración, que deberá informar al resto, con herramientas informáticas que generen datos en tiempo real que permitan conocer de manera inmediata la situación del sector.
Por último, piden la suspensión temporal de la llamada a profesionales sanitarios que se encuentren en la bolsa de las Consejerías de Sanidad correspondientes que estén desarrollando su trabajo en centros residenciales para evitar que los centros pierdan este perfil de profesionales. "Muchos profesionales de los centros residenciales han sido contratados por las distintas consejerías de sanidad a través de las bolsas de trabajo por lo que se ha reducido la presencia de este personal sanitario en las residencias", insisten.
