VALÈNCIA. Compromís presentó en público este miércoles su propuesta para el desarrollo urbanístico del barrio de Benimaclet. Un Plan de Actuación Integrada (PAI) que ha generado no poca tensión en el seno del gobierno del Ayuntamiento de València que la coalición comparte con sus socios del PSPV. El planteamiento detallado por la coalición valencianista busca la protección de la huerta ya cultivada desclasificando más de un tercio del sector, de manera que se reducen las viviendas planteadas por Metrovacesa a casi la mitad además de rebajar las alturas de los edificios. A ello también va aparejada la minoración en las dotaciones públicas y en las viviendas de protección oficial y dotacionales.
La propuesta fue expuesta por el vicealcalde de València por Compromís Sergi Campillo, así como por la portavoz de la coalición en la ciudad, Papi Robles, y el arquitecto y asesor del alcalde David Estal. Se trata, según explicaron, de un planteamiento que está abierto a implementar cambios en un proceso de negociación con los socios de gobierno y las asociaciones vecinales. Es, en definitiva, un lienzo que parte de de la premisa de desclasificar el 35% del sector aproximadamente -95.000 metros cuadrados de un total de 270.000- con el propósito de dejar fuera del plan -y por ende, proteger- huerta efectivamente cultivada por vecinos y el Centro Social Okupado Anarquista (CSOA) l'Horta, además de algunos terrenos actualmente baldíos.
A juicio de los dirigentes de Compromís, esta operación no conlleva ninguna indemnización a los propietarios. Según explicó Campillo, el Ayuntamiento no debe indemnizar a nadie por las expectativas generadas al comprar un suelo y buscar un "pelotazo", algo que también rechazó Estal, quien negó cualquier coste a las arcas municipales y dijo que esta manera de proceder está avalada por la normativa. Más tarde, fuentes de la coalición expusieron que si las actuaciones de urbanización no han comenzado, los derechos de los propietarios tampoco se han patrimonializado. Un extremo que rechazan tanto sus socios del PSPV como la constructora constituida en Agrupación de Interés Urbanístico, Metrovacesa, que ya ha amenazado con exigir indemnización si se desclasifica suelo.
Un coste que parece innegable en este proceso es el de las expropiaciones que se llevaron a cabo antaño con motivo de la construcción de la Ronda Norte, cuyos pagos no se produjeron entonces sino que se acordó repercutirlos en el PAI. Así pues, es una deuda que permanece sin saldar y que deberá hacerlo ahora el Ayuntamiento. No obstante, en Compromís cuestionan que fuera el consistorio el que debiera abonar estas cuantías y apuntan al Ministerio, quien ejecutó las actuaciones de la Ronda Norte. Con todo, "poniéndose en la peor de las situaciones" -que debiera efectuar los pagos el Ayuntamiento-, tampoco se ha podido cuantificar cuánto supondría esto a las arcas locales porque se carece de información esencial al respecto.
Con los terrenos de huerta fuera, el PAI planteado por Compromís disminuye la edificabilidad y rebaja las 1.345 viviendas propuestas por Metrovacesa a 720. Es así una aproximación a colectivos vecinales como Cuidem Benimaclet y otras asociaciones que planteaban o la desclasificación total del sector o la rebaja de viviendas a por lo menos 400. Y por el otro lado, es una cantidad menor a las 1.000 viviendas planteadas por el PSPV. Ahora bien, también se contempla una bajada de la vivienda pública: la propuesta de los socialistas es de 351 entre VPP y dotacionales, mientras que según detallaron los responsables de Compromís, su planteamiento es del 30% de las 720 totales, es decir, unas 215.
Estas viviendas se repartirían en tres núcleos descentralizados a lo largo de la Ronda Norte y en edificios de no más de ocho plantas -a diferencia de algunos edificios que alcanzaban los 13 pisos en la propuesta de Metrovacesa-. De las 720 viviendas, en la zona central se concentraría un centenar de tipología de casas de pueblo de dos alturas, similares a las que hay, por ejemplo, en el Cabanyal, para mantener la "idiosincrasia" del barrio. Así pues, según Estal, estas casas, con zonas verdes y comunes, nada tienen que ver con chalés o adosados como habían acusado desde la parte socialista, sino con edificaciones de baja densidad que continúan la trama urbana del núcleo del barrio para una transición amable con la huerta.
En el ámbito de las dotaciones, el planeamiento que propone la coalición valencianista mantiene algunas de las que contemplaban tanto Metrovacesa como el PSPV, como el campo de fútbol, un centro sociocultural, aparcamientos en altura y una escoleta -en los papeles de Compromís, integrada en un bloque residencial-. Además, se fija un suelo terciario para I+D+I de 8.000 metros cuadrados en la esquina norte de la glorieta de Alboraya. Con todo, la rebaja sustancial de la edificabilidad también ha conllevado la renuncia a otras instalaciones dotacionales.
Por ejemplo, no se contemplan ni las instalaciones deportivas abiertas que pretendían dedicarse a la práctica del rugby, ni un colegio, un centro para la universidad popular, ni el gran jardín planteado por los socialistas, en cuyos requisitos se encuadraban 60.000 metros cuadrados en este menester. En los documentos presentados por Compromís, esta cifra es de 16.330 metros cuadrados repartidos en tres jardines descentralizados: un parque infantil dedicado a la biodiversidad, el Jardín de Lluerna en el centro, y el Jardín Norte. En la coalición que lidera Joan Ribó consideran, no obstante, que además de estos 16.300 metros cuadrados habría que tener en cuenta la huerta protegida que se quedaría fuera del plan -90.000 metros cuadrados- como zonas verdes para el disfrute del vecindario.
Otro aspecto fundamental en el que incidieron los responsables de Compromís es su voluntad de que sea el Ayuntamiento el que lleve la gestión directa del PAI en condición de urbanizador. Campillo lo sustenta en el artículo 113 de la ley valenciana de ordenación del territorio, reformada recientemente por los partidos del Botànic, según la cual "la condición de urbanizador prioritariamente deberá asumirla en ejercicio directo de sus competencias, la propia administración o sus organismos [...] en régimen de gestión directa del programa de actuación integrada".
"Preferimos que sea el Ayuntamiento el que defina el barrio", con "sus criterios públicos y con los del vecindario" y con "todos los beneficios económicos, sociales y ambientales que eso conlleva", declaró en este sentido, al tiempo que rechazó la concepción "del territorio como un solar para edificar". El vicealcalde aseveró que la idea de su coalición fomenta los espacios sociales frente a los privados y prima "el interés general" sobre el de "una empresa". "Queremos pensar sobre todo en las personas, en los vecinos de Benimaclet. Por muy legítimo que sea el interés de una empresa, por encima está el interés general. Lo dice la ley", sentenció.
