Más impuestos y liberalización de los casinos, novedades de la Ley del Juego valenciana

VALÈNCIA. La actual situación de privilegio de las empresas adjudicatarias de los casinos de la Comunitat Valenciana puede tener los días contados si prospera la nueva Ley del Juego que ha elaborado el Consell y que liberalizaría un sector que cuenta con el monopolio de las tres empresas de casinos que operan en la Comunitat Valenciana. No es la única novedad, también incluye la regulación de las apuestas en la pilota valenciana, una legislación propia sobre el juego online —la legislación es estatal— y la legalización de las apuestas en la Pilota Valenciana. A todo ello se suma una subida de los tributos por apuestas y juegos de azar.

El director general de Tributos y Juego de la Generalitat Valenciana, Eduardo Roca, ha recordado que la actual ley data de 1988, por lo que era necesaria una actualización, teniendo en cuenta la tecnología y las actuales formas del juego. “Con esta ley pretendemos adaptar la regulación a las nuevas normas de juego, revisar los procedimientos y el régimen sancionador, suprimir rigideces de la normativa actual y aprovechar la normativa de otras comunidades autónomas, que han incluido nuevas regulaciones”, ha explicado. Estas son las novedades:

Aumento tributario

Es un hecho que la afición al juego en España va en aumento, especialmente las apuestas, y eso se ve reflejado en la recaudación por los impuestos. De hecho, el Anteproyecto de la Ley del Juego contempla un aumento tributario en las apuestas y juegos de azar. La que más incrementa la tributación son las apuestas, que pasan a ser del 20%: “Arrastramos una tributación muy antigua en la que se tributaba al 10% todo tipo de rifas, apuestas y combinaciones aleatorias y, dada su importancia, las apuestas ahora se equiparan a modalidades como casinos, bingos o máquinas”. 

En su opinión, “es un margen importante para regular la modalidad del juego—como el alcohol o el tabaco— pero también para buscar una recaudación, y más teniendo en cuenta la situación económica de la Comunitat Valenciana”, comenta sobre unos cambios supondrán un aumento de los ingresos de 17 millones de euros. 

Además, pretende regular las apuestas en la pilota valenciana, una práctica muy común y hasta ahora ilegal. Para Roca esta norma es fundamental porque “se da legalidad a lo que actualmente es una nebulosa ilegal” y sostiene que desde su planteamiento ha tenido el respaldo de la Federació Valenciana de la Pilota que, además, consideraba que era un problema para encontrar un patrocinador. Según explica Roca, la idea es legalizar las travesses a través de la figura del marxador —anota la puntuación de la partida y coge las apuestas de las personas—, que deberá registrarla y darle la legalidad. Una vez estén legalizados, “estableceremos una tributación mínina de cien euros por partida” y resalta: “con eso no vamos a acabar con los 1500 millones anuales de infrafinanciación”.

Liberalización de los casinos

Una revisión también necesaria porque la actual ley presenta “restricciones injustificadas que no pueden seguir manteniéndose, como es el caso del monopolio de los casinos”. De hecho, el borrador contempla facilitar la entrada de nuevos competidores para acabar con “el monopolio absoluto provincial de las empresas que tienen las licencias en la Comunitat Valenciana—Acrismatic (Alicante), Cirsa (València) y Orenes (Castellón)—”. En este sentido, Roca recalca que no se trata de facilitar la entrada a cualquier empresa sino de “liberalizar un sector en el que las empresas tienen la sartén por el mango”. 

En la nueva propuesta, la Administración será siempre la que tenga la capacidad de decisión para establecer la apertura de un nuevo salón de juegos y lo hará a través de un concurso público en el que cualquier empresa podrá presentarse “en igualdad de condiciones”. En este sentido, Roca recuerda la noticia publicada en Valencia Plaza sobre la predisposición del Hotel Gandia Palace en reabrir su casino: “La empresa no es quién lo decide sino la Administración que, si lo considera oportuno y necesario, convoca un concurso público para determinar la empresa a la que otorga la concesión de ese casino”. Por tanto, resalta: “Con la norma actual, el Casino de Gandia hoy no es viable pero con la nueva ley tendrá viabilidad siempre y cuando la Administración considere que es necesario un casino en la capital de la Safor”. 

Ese monopolio se debe a la actual regulación, contenida en el Reglamento de Casinos de Juego —aprobada en el anterior gobierno del Partido Popular— pues establece que cada uno de los tres operadores puede disponer de hasta siete salas distintas dentro de la provincia. Además, dispondrán de dos años para responder al requerimiento de la Administración para la apertura de una sala. En otras palabras, esa preferencia les da la posibilidad de vetar la entrada de más operadores y hacerlo, además, por un espacio de tiempo de hasta catorce años.  

Una situación que el director general de Tributos recalca que no se produce en el resto de España, donde la práctica generalizada es que las concesiones no incluyan ningún apéndice o, como máximo, que que se limite a dos únicas salas. En el caso de la Comunitat Valenciana, la nueva ley del juego propone que “los casinos que tengan una autorización podrán tener hasta dos apéndices, pero la Administración seguirá teniendo la potestad de abrir concurso si así lo requiere necesario”. 

No es la única restricción. El sector de las máquinas auxiliares de apuestas —las conocidas tragaperras— cuenta desde 2002 con una contingentación —bloqueo— que imposibilita la concesión de más autorizaciones para instalar dichas máquinas. Además, denuncia que dichas empresas “no dejan entrar a otros operadores, manipulan las máquinas instaladas —cerca de 25.000— y crean un mercado de compra-venta con las autorizaciones que están por conceder”. Igualmente, remarca que en la actualidad hay 1.600 máquinas sin ubicación, con las que “las operadoras están especulando con ellas”. Por todo ello, la Administración no puede consentir que haya una serie de normativas que luego “sirvan para que los grandes operadoras especulen con esas autorizaciones”.  

Roca insiste en que esa contingentación no marca el número de máquinas instaladas sino que deber ser regulado por el propio mercado y la viabilidad de ubicación. “No intentamos aumentar o expandir las autorizaciones sino liberalizar el acceso al mercado de pequeños operadores pues al final son una serie de grandes empresas las que tienen copado el mercado”.   

Plataforma de juego online

Por otra parte, también se contempla la posibilidad de desarrollar una regulación propia del juego online, que hasta la fecha tiene un carácter estatal. “Creemos que es importante que la Comunitat Valenciana cuente con una regulación autonómica porque la administración central determina dónde deben ubicarse los terminarles, por lo que el juego online acaba convirtiéndose en presencial”, ha señalado resaltando que la Comunitat Valenciana pretende “regular y establecer la autorización a nuestras propias empresas que quieran establecer un juego online en la comunitat Valeciana”. 

Según ha explicado, el criterio para establecer esas plataformas de juego online autonómico será que la unidad central del juego esté en la Comunitat Valenciana, como es el caso de Madrid o País Vasco. Además, ha desvelado que algunas empresas han mostrado su interés por establecerse aquí y crear una plataforma de juego online autonómica. 

El director general recalca que era necesaria una actualización de la ley del juego y confía en que, una vez pasados los trámites, sea aprobada en Les Corts en el primer trimestre de 2018. “Espero que haya un consenso general porque esta norma es necesaria y pretende resolver problemas, modernizar una ley que está obsoleta y actualizarla a las realidades actuales” y espeta: “aquí no hay ideología”.