VALÈNCIA (EFE). El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, exigirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión de este viernes en la Moncloa, que no haya "negociaciones singulares" en materia de financiación autonómica y que el Estado asuma todo el coste de acoger a menores migrantes en la Comunitat Valenciana.
La financiación y la inmigración centran algunas de las 56 medidas que el Consell ha redactado en un documento de 92 páginas, consultado por Europa Press y presentado a 48 horas de la reunión con Sánchez, dentro de su ronda con todos los presidentes autonómicos.
En materia de financiación, Mazón exigirá a Sánchez la reforma urgente del sistema y le recordará que la Comunitat es la comunidad "más castigada" por la infrafinanciación, lo que "ha obligado a recurrir al endeudamiento para cubrir el déficit de financiación para sufragar los servicios públicos básicos".
Reclamará que la reforma se aborde de forma multilateral -en la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)-- y que, hasta entonces, se cree inmediatamente un fondo transitorio de nivelación que iguale a la media "a las comunidades infrafinanciadas". El comité de expertos de Les Corts ha cuantificado ese fondo en 1.782 millones anuales durante los próximos cuatro años.
En cuanto a la deuda, el 'president' defenderá que cualquier condonación parcial de la deuda que no vaya acompañada de la reforma del sistema de financiación es un parche que no resuelve el problema", pero pedirá que la Comunitat reciba "el mismo trato" si se condona la de otra autonomía, "con criterios claros y sin contraprestaciones". Rechazará así "firmemente cualquier negociación bilateral para pactar una negociación singular para Cataluña".
En política fiscal, pedirá a Sánchez 352 millones de euros a abonar en 2024 por la disminución del IVA y la suspensión del impuesto a la electricidad -el año pasado, el Consell reclamó 68 millones vía contencioso-administrativo por estos conceptos-.
Sobre fondos europeos, solicitará que la Generalitat disponga de más capacidad de decisión y más seguridad jurídica o que no haya que devolver el dinero sobrante si se cumplen los objetivos.
El síndic socialista, José Muñoz, le ha preguntado si el fondo de nivelación que va a defender es el que defienden los expertos "y que da más dinero" a la Comunitat, o el del PP "que dice que Galicia tiene que recibir 700 millones de euros más", y si va a defender la quita de la deuda.
Además, Muñoz ha exigido a Mazón que acuda a la Moncloa "de buena fe y con lealtad institucional" para defender los intereses valencianos, si bien le ha afeado que le haya presentado el documento de reivindicaciones a Sánchez sin tiempo para leerlo. Esto demuestra, ha criticado, una "improvisación táctica" porque "el 'president' busca la foto con todos los síndics para intentar generar sensación de unidad", cuando "en estos momento no se da".
Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al PP y al PSPV de haber roto el consenso alcanzado en materia de financiación, que costó años y trabajo construir, unos (los socialistas) por "oponerse al fondo de nivelación", y otros (los populares) por "renunciar a la reforma sistema y a que se pague la deuda histórica".
También ha acusado a Mazón de haber roto ese consenso por enmendar el proyecto de ley de trato justo presentado por Compromís en Les Corts, y se ha preguntado de qué sirven los manifiestos en favor de la financiación o "el papelito de 56 motivos". "Menos papelitos y más apoyar leyes aquí para que vayan a Madrid", ha dicho.
En su réplica, Mazón ha destacado que el PP ha votado a favor de todas las iniciativas parlamentarias que ha presentado Compromís por la financiación, y ha defendido que las enmiendas se hacen porque la propuesta legislativa tiene "graves deficiencias técnicas". "Os molesta que os ayude a hacer las cosas bien", ha lamentado.
Mazón ha asegurado que el "papelito" al que se ha referido el síndic de Compromís "son 56 cosas" que van encaminadas a defender la Comunitat Valenciana, y ha reprochado la falta de respeto de Compromís por el autogobierno valenciano, por recurrir al Tribunal Constitucional la ley de libertad educativa aprobada por el parlamento autonómico.