VALÈNCIA. El Consell ha autorizado una transferencia de crédito de un millón y medio de euros a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) –a través de la creación de una nueva línea– para "financiar acciones tendentes a la creación y difusión de contenidos audiovisuales para las diferentes ventanas de À Punt Mèdia".
Se trata de una considerable inyección económica que ha partido desde Presidencia de la Generalitat. En el informe de justificación, el departamento de Carlos Mazón plantea "la necesidad de contribuir, de manera extraordinaria, al crecimiento sectorial audiovisual e impulsar el modelo productivo valenciano que fomente el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la economía valenciana". Todo ello de acuerdo a la ley que rige el servicio público de la radiotelevisión.
La transferencia se debe a los problemas de liquidez del ente, que ha derivado en situaciones como que, a principios de este año, algunas productoras que trabajan para À Punt se hayan encontrado en una situación crítica debido a los retrasos en los pagos durante varios meses, tal como publicó Valencia Plaza. Al no poderse abonar la programación con normalidad, muchas productoras han tenido que trabajar a pulmón, haciéndose ellas mismas cargo del dinero hasta que les pudiera ser transferido.
En determinados casos, según ha podido saber este periódico, han ido cobrando a cuentagotas, pero la radiotelevisión sigue acumulando deuda de varios meses.
La semana en la que se aprueba la nueva ley
La transferencia de la Generalitat irá destinada a pagarla. El propio Consell Rector de la Corporación lo acordó ya en una reunión de este mes de junio. Oficialmente, la finalidad del dinero es "potenciar la producción audiovisual en la Comunitat Valenciana, dando apoyo a la contratación de contenidos que pongan en valor el talento de los profesionales, el trabajo y el compromiso con la industria audiovisual".
Pero la traducción en la práctica es que será para ponerse al día con la deuda, según varias fuentes. Para ello se han mantenido contactos con Presidencia. La decisión, publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se interpreta como un gesto político de Mazón hacia À Punt para su mantenimiento. De hecho, coincide en los días en los que se está aprobando en Les Corts la nueva ley de la radiotelevisión, que ha generado polémica porque el nuevo Consejo de Administración podrá ser escogido sólo por los partidos del Gobierno (PP y Vox) sin que sean necesarios los de la oposición.
Los 1,5 millones salen del capítulo de gastos diversos de los Presupuestos, como suele ocurrir en estos casos, al no estar sometidos a compromisos pendientes.