Carlos Mazón, en la tribuna de Les Corts. Foto: CORTS/José CuéllarVALÈNCIA. El impulso de nuevas leyes por parte del PP marcará muy probablemente los últimos meses del actual periodo de sesiones en Les Corts, que finaliza el próximo verano. La decisión no es casual y responde a un cambio de paso del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien tras una primera fase al frente del Consell centrada tanto en una potenciación de su imagen pública y su papel institucional como en el cumplimiento de los grandes anuncios de campaña electoral –especialmente rebajas fiscales–, ahora da una vuelta de tuerca con importantes proyectos legislativos.
Dos de las nuevas normas, según ha podido saber este periódico, serán la ley de Libertad Educativa y la ley de À Punt. Aunque se trata de algo supervisado desde el Consell, el PP ha decidido que salga de su grupo en Les Corts y ha dejado que sean los diputados quienes se encarguen de ello –con la consiguiente negociación con Vox, las reuniones con los colectivos implicados en las materias y las consultas jurídicas oportunas–.
Así, todo apunta a que las normas se presentarán como proposiciones de ley en lugar de como proyectos de ley al no partir directamente del Gobierno. Esta tramitación es más rápida y cuenta habitualmente con menos controles, ya que no son necesarios los informes, por ejemplo, del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Únicamente tendrán que pasar por la Mesa de Les Corts para posteriormente ser remitidas al Consell, que manifestará su criterio respecto a la toma en consideración y su conformidad o no a la tramitación.
Los textos, además de ser relevantes en sí mismos por las materias que tocan, significan un nuevo guion de Mazón. El dirigente del PPCV alcanzó la Generalitat en mayo de 2023 sin un alto grado de conocimiento, algo que también le ocurrió en su momento a Ximo Puig. Así que desde el principio de mandato intentó trabajar en la visibilidad y en su figura institucional, con una intensa agenda diaria y con contenidos de proximidad en redes sociales para intentar popularizarse.
Adoptó asimismo una estrategia de oposición al Ejecutivo central de Pedro Sánchez, tanto cuando estaba en funciones como cuando volvió a formar Gobierno tras ganar las elecciones generales. Su objetivo fue el de reclamar los asuntos de la agenda valenciana y el de asumir un rol de confrontación al igual que otros territorios del PP. La financiación, el agua, las infraestructuras, las inversiones... hubo intentos de abordar estos temas en reuniones con ministros y con el propio Sánchez con escasa respuesta.
La estrategia, que continúa, parece lógica al consistir en alzar la voz ante un Ejecutivo de signo contrario y es fácil que redunde en beneficio electoral. Máxime con los antecedentes de Sánchez en su trato a la Comunitat en los últimos presupuestos –sobre todo a la provincia de Alicante– o en la nula atención que le ha generado la financiación valenciana ante otras prioridades para mantener el apoyo de sus socios independentistas.
La oposición ha afeado precisamente a Mazón la carencia de programa para la Comunitat más allá de la crítica a Sánchez. Sin embargo, desde su entorno recuerdan que ha combinado este papel con las primeras grandes medidas de gestión de la legislatura: las rebajas fiscales –entre ellas la supresión del impuesto de Sucesiones–; la reducción de altos cargos y asesores en el Gobierno autonómico; o el mantenimiento de algunas reversiones sanitarias. Igualmente, sacó adelante los primeros Presupuestos de la Generalitat (algo que no ha hecho el Gobierno central).
Ahora, y hasta verano, pretende dar una vuelta de tuerca más con proyectos legislativos de peso en Les Corts. La previsión es que el grupo popular comience a registrarlos próximamente para que se puedan comenzar a tramitar inmediatamente. De hecho, la idea es que se aprueben antes de que finalice el actual periodo de sesiones, algo que en todo caso habrá que esperar para comprobar si da tiempo.
Uno de los más importantes es el de la ley de Libertad Educativa. Se trata de la reforma de la Ley de Plurilingüismo que ya anunció en su momento la Conselleria de Educación que dirige José Antonio Rovira. Aunque todavía no se conocen los detalles, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, avanzó el año pasado que la fórmula que querían poner en marcha es la de una consulta telemática a las familias para que elijan, en cada centro educativo, la lengua base (castellano o valenciano) que quieran que se imparta tanto en Primaria como en Secundaria.
A partir de ahí, habría una serie de tablas que permiten que, dentro de la lengua base, haya diferentes porcentajes en cuanto a la aplicación lingüística para que existan materias en diferentes idiomas.
Otra de las cuestiones que iba a recoger la nueva ley es que el alumnado con necesidades educativas especiales, como puede ser el de familias migrantes, sea educado en la lengua materna o la lengua a la que más fácil acceso tenga. Con todo ello, según remarcaron desde la Conselleria, lo que pretendían era que, incluso en las zonas de predominio lingüístico castellano, sea atractivo estudiar valenciano.
A esta norma se uniría la de À Punt, como ha venido informando Valencia Plaza. Lo deseable para el PP sería sacarla adelante antes del verano, si bien es cierto que en el camino pueden surgir problemas. Quieren que la nueva ley resuelva el embrollo jurídico, de funcionamiento, de gestión del ente y de situación económica, a la vez que permita revertir de alguna manera los datos de bajas audiencias.
Entre las principales modificaciones estará previsiblemente la de la fusión de las dos sociedades que componen la radiotelevisión –la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)–; la conversión en ente público; la subrogación de los trabajadores y la concreción de su figura (laboral); la organización y funcionamiento de los órganos de dirección –se baraja que exista un consejo de dirección y una dirección ejecutiva–; y la forma de elección y mayorías de esos órganos.
A la espera de que el PP comience a concretar sus otras proposiciones de ley –o proyectos–, alguno de ellos también podría estar relacionado con Transparencia y Participación. La Generalitat ha publicado recientemente un documento con las Líneas de Acción Estratégica de Transparencia, Participación y Calidad Democrática 2023-2027.
En el apartado sobre normativa, se recoge como objetivos de los próximos años elaborar el desarrollo normativo de la actual Ley de Transparencia o la aprobación y publicación de un decreto relativo al código de buen gobierno. Pero también un asunto que los populares llevaban en el programa electoral: el cambio de la ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de los cargos públicos.
El PP ya impulsó a través de la última ley de Acompañamiento que los miembros del Ejecutivo pudieran compatibilizar el ejercicio del cargo con la docencia universitaria, la docencia en centros de selección y perfeccionamiento de empleados. Con ello, cualquier conseller, secretario autonómico o director general puede desempeñar tales responsabilidades y a su vez ser profesor en una universidad pública, privada o una academia particular en régimen de dedicación a tiempo parcial. No parece descabellado que los populares quieran seguir modificando esta norma que nunca fue de su agrado por lo que consideran impedimentos a la hora de ocupar cargos públicos.
