Media taza de café

Es lo que representa para un inglés, un holandés, un belga o un francés el importe de la tan protestada tasa turística. Y ni estamos hablando de los noruegos, que necesitarían acumular 10 días de tasa turística para poder pagar una simple caña (sin tapa) en su país de origen.

Pero el drama ya está servido. "La rechazamos por principios", se oye desde algunos sectores, sin atender a sus efectos positivos. Y llueven opiniones negativas, porque hay que protestar, aún sin conocer ni el más mínimo detalle de la medida, ni siquiera sus líneas generales. Aunque una cosa tenemos clara, la síndica Popular en les Corts Isabel Bonig, no podrá aclarar ninguna duda sobre el tema. Ella estaba demasiado ocupada en su escaño, escuchando música (aparentemente con buen ritmo), cantando y moviendo el cuerpo, mientras que el resto de diputados y diputadas debatían sobre las resoluciones al Debate de Política General, donde se aprobó una resolución presentada por Podemos para que se impulse un Impuesto sobre la Actividad Turística. La famosa tasa turística.

El Partido Popular ahora se erige “como único defensor del sector turístico”.  El propio senador Agustín Almodóbar Barceló lo dejó claro en su perfil de Facebook el día 15 de septiembre: “Porque el turismo nos importa y porque no es momento de ponerle trabas al sector más importante de nuestra economía, el PPCV dice NO a la Tasa Turística en la Comunidad Valenciana”, rezaba su publicación. Solo unos días antes, en la sesión del 13 de septiembre del Senado, este mismo político Popular decidió no votar a favor de la modificación de la “Ley Reguladora de las Haciendas Locales”,  una Proposición de Ley de Podemos respecto al desastre administrativo que supone que municipios como Benidorm o Gandía no sean considerados “municipios turísticos” y que defendió en la Cámara Alta la senadora por Alicante Vicenta Jiménez García. Almodóbar no se atrevió a romper la disciplina de voto de su partido y no votó. El resto del Partido Popular decidió bloquear la propuesta con su voto en contra, una posición que justificó el senador de Benidorm en este mismo medio el sábado pasado.

El presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, rechaza la decisión de les Corts de instar al Consell a que fije una tasa turística que grave las pernoctaciones, y se declara insumiso.  Ya lo hizo con el “Fondo de Cooperación Municipal” con el resultado de que  los municipios de Alicante han dejado de recibir 14 millones de euros.

Como demócrata ejemplar, Sánchez insta a no acatar la decisión de las Cortes y tiende la mano a los socialistas “para resolver un tema que va contra un sector que funciona”. ¿Que funciona para quién? Porque este modelo de turismo actual que se instaló con las políticas del PP, basado en la masificación, la estacionalidad del sol y playa, la degradación del entorno ciudadano y natural, sustentado en el beneficio empresarial y la precariedad laboral de las trabajadoras y trabajadores del sector, solo beneficia a unos pocos. 

Nueve camareras de piso que trabajaban en un aparthotel en Calpe, municipio del que César Sánchez es el alcalde, saben mucho de esto. Él ya no se acordará que estas mujeres sufrieron un grave accidente de trabajo al desplomarse, en 2015, su ascensor desde el décimo piso; nunca se interesó por el caso, pero ellas que sufren las secuelas no se olvidarán nunca.  

Prestaban servicios para una empresa, que a su vez tenía un contrato de arrendamiento de servicios con la mercantil que tiene arrendado el establecimiento turístico donde se produjo el accidente. No se les había dado de alta adecuadamente y no habían recibido información en prevención de riesgos laborales. 

En el momento del accidente, el aparthotel Europa estaba gestionado en régimen de alquiler por Onasol, miembro de la patronal Hosbec, que también se opone frontalmente a la tasa, por motivos de rentabilidad …y “por principios”.

Dice el secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, el socialista Francesc Colomer, quien se posiciona contra la tasa, que “el caladero de los ingresos está en acabar con la oferta turística clandestina, el intrusismo o competencia ilegal”. Pero añade que “con los recursos existentes ya es conocido que hemos hecho todo lo posible (para combatirlo), pero necesitamos más medios”. Colomer para tal cosa quiere “negociar con el Estado” pero se olvida que el día 28 de este mes está convocada la marcha para exigir una financiación justa para la Comunidad Valenciana. Así que de Madrid no va a venir la solución.

Sin embargo, su compañero de partido, el consejero de Hacienda y Modelo Económico Vicent Soler, ya tiene en mano un informe de la Consellería de Hacienda en el que se asegura que el impacto de la tasa rondaría entre los 38 y 48 millones de euros. Un dinero que, por ejemplo, serviría muy bien para contratar más medios humanos y técnicos para combatir la oferta de alojamiento turístico clandestino que tanto daña al sector.  Un turismo que, por cierto, se aloja sobre todo en el parque de viviendas que con tanto entusiasmo se construyó durante la época de la burbuja inmobiliaria creada por las políticas de los gobiernos de José María Aznar y aquí en la Comunidad Valenciana, de Zaplana, Camps y Fabra.

La Comunidad Valenciana necesita una transformación integral del modelo productivo y cortar de raíz con el proyecto del Partido Popular. Hace poco más de dos años que los valencianos y valencianas nos quitamos de encima el gobierno popular, su modelo del pelotazo urbanístico y del turismo low cost. Ese fue un paso importante, pero ahora es responsabilidad de Podemos y de las fuerzas del cambio, diseñar un nuevo modelo que sea alternativa viable para construir un futuro más justo socialmente, sostenible ecológicamente y en el que tanto los derechos de los visitantes como los de los ciudadanos se respeten. Y esta tasa turística constituye un paso en esa dirección.

Kris Van den Heuvel es miembro de Podemos l’Alfàs