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'PLAZA' DEDICA UNA AMPLIO REPORTAJE A ESTE TEMA

Medio Ambiente envía a dos inspectores a la 'isla de los piratas' de Benidorm

Veintisiete años después de que el Ministerio de Medio Ambiente pidiera investigar el chiringuito ilegal que está destrozando el Parque Natural de Serra Gelada, la administración decide tomar medidas

11/02/2017 - 

VALENCIA.—Dos agentes Medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana acudieron ayer a realizar una inspección a L’Illa de Benidorm (también conocida como ‘de los faisanes’ o ‘de los periodistas’) para comprobar las denuncias de la asociación de empresarios Costa Blanca Marine sobre la existencia de un chiringuito ilegal en esta zona, ubicado en el Parque de Serra Gelada. La instalación, explotada por la familia Cervera, no sólo carece de autorización sino que está explotada por este clan sin contar sin ningún tipo de permiso o concesión y, además, controlan el flujo de turistas a la que los locales ya han apodado como ‘la última isla pirata de Europa’.

Durante la inspección, a la que asistió el técnico del Parque, se llegó incluso a solicitar la licencia de actividades (aunque este es un tema que cae fuera de sus competencias). El siguiente paso será, según explicaron fuentes de la conselleria que dirige Elena Cebrián, realizar un informe. La administración autonómica solo tiene competencias en materia de medio ambiente, pero remitirá a las demás administraciones implicadas la información que les pueda afectar. El documento final también será remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente.

La explotación ilegal del islote —de unos 400 metros de longitud y situado a unas dos millas marinas de la localidad alicantina— es irregular desde el año 1961. Cuatro años antes, el entonces alcalde Pedro Zaragoza Orts había destinado a vivir allí un guardia para reclamar al Estado la propiedad y que revirtiera en Benidorm. El plan fracasó pero la caseta que el operario levantó pasó a manos de José Cervera (un afecto al régimen) que, desde entonces la explota.

Según un informe de casi 400 páginas elaborado por la agencia Distrito 46, que dirige Juan de Dios Vargas, descubrió que la familia Cervera puede estar ingresando unos 20 millones anuales. El estudio se hizo a instancias de la asociación de empresarios Costa Blanca Marine, la única que se ha enfrentado al clan de los Cervera y a los funcionarios que han hecho posible que su negocio haya perdurado durante 50 años sin apenas problemas, tal y como refleja el exhaustivo reportaje que publica este mes la revista Plaza.

A las protestas de Costa Blanca Marine se ha sumado la actividad de Ecologistas en Acción, que han denunciado el grave daño medioambiental que está causando la explotación ilegal del restaurante de L’Illa y las actividades que ahí se realizan. La lista es larga: desde la introducción de especies no endémicas, la instalación de dos generadores, construcción ilegal, vertidos de aguas fecales al mar…  En charge.org, más de 1.600 firmas se han sumado ya a la campaña Liberemos la isla de Benidorm de la ocupación ilegal.

Para hacerse una idea de la desidia de las autoridades a la hora de afrontar el caso, la primera petición del Ministerio de Medio Ambiente (entonces de Agricultura y Alimentación) para que se investigue la situación del chiringuito de los Cervera data de 1990 siendo ministro el socialista José Carlos Romero Herrera. Los intentos de la ministra Cristina Narbona (también socialista) en 2004 también cayeron en saco roto ya que la Generalitat Valenciana decidió no tomar cartas en el asunto. Por lo que respecta a las irregularidades que afectan al Ministerio de Hacienda datan también de 1990. Y es que, por no tener, el chiringuito fantasma no tiene ni CIF.

Pero pese a la impunidad —consentida— del daño que se ha hecho a L’Illa durante estas décadas, la situación está empezando a cambiar. A las denuncias ciudadanas se ha unido la diputada de Compromis Graciela Ferrer quien, el pasado 6 de febrero, presentó tres preguntas a la mesa de Les Corts: que se aclare qué tipo de permiso (no) tiene la familia Cervera para sus negocios, qué permisos cabría exigirles y qué medidas tiene previsto adoptar el Consell para atajar las presuntas irregularidades.

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