Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El mercado del alquiler no ha dejado de crecer en la mayoría de ciudades españolas durante los últimos años. Entre las causas está la dificultad que tienen ciertos colectivos para acceder a la compra de una vivienda. Sin embargo, la oferta de pisos disponibles en muchos casos es insuficiente para absorber la alta demanda, lo que también ha provocado un aumento progresivo en los precios. Unos incrementos que han llevado al Gobierno de España a decidir limitarlos a través de la nueva Ley de Vivienda, que se tramita en el parlamento.
No obstante, en los últimos meses el número de viviendas que se ofrecen en alquiler en la plaza valenciana ha ido descendiendo poco a poco. Muchos propietarios están optando por dejar de arrendar sus inmuebles para venderlos, en algunos casos debido al control del Gobierno sobre este mercado. Así lo están constando tanto las inmobiliarias como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) que ven como desde hace meses se está produciendo un trasvase de pisos del alquiler al mercado de la compraventa.
¿El motivo? "La inseguridad jurídica y que la legislación cada vez protege menos al propietario", explica Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapi). "Las actuales medidas como el control del precio del alquiler en la Ley de Vivienda o la limitación al 2% de la subida de contratos por el IPC anunciada ayer no favorecen a los propietarios", señala.
Y es que ante la escalada inflacionista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en el paquete de medidas que aprobará este martes el Consejo de Ministro se incluirá la limitación al 2% de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda. Una medida que, a priori, durará hasta junio y con la que se busca que no se trasladen a los inquilinos los incrementos del IPC. Sin embargo, para los Apis de Valencia es "inoportuna" porque "no contribuye a incentivar que los propietarios saquen nuevos pisos al mercado del alquiler", especialmente en un momento en el que oferta cada vez es menor y se podría mermar aún más.
De hecho, aunque Díez sostiene que son varias las circunstancias que explican esta tendencia a la baja, asegura que se agudizó cuando el Gobierno de España anunció que la futura Ley de Vivienda incluiría un control de precios sobre el alquiler en zonas tensionadas. "Es cierto que en épocas de incertidumbre la gente quiere tener liquidez, pero también es verdad que las medidas no están favoreciendo al propietario que ante la inseguridad jurídica prefiere vender", señala. En este sentido, explica que, además de los 'topes' en el precio, también los caseros sufren indefensión ante posibles impagos o destrozos de sus inmuebles por parte de los inquilinos.
Unas circunstancias que está llevando a que haya meses en los que no les entra ningún nuevo producto para alquiler, pese a la alta demanda existente. También se están encontrando con inquilinos que acuden a sus oficinas porque se les notifica que la vivienda se va a poner a la venta venta o dueños de pisos que les comunican su voluntad de vender.
Una tendencia que también ha comprobado Nora García Donet, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), quien asegura que la "inseguridad jurídica" que detectan los propietarios ante posibles impagos o desperfectos en sus inmuebles es lo que está provocando que prefieran sacarlos a la venta. "Muchos propietarios necesitan esas rentas para vivir y algunos han estado tiempo sin cobrar sus alquileres sin poder hacer nada", indica.
Pero, además, también apunta que en caso de que haya algún destrozo en el piso "no existen penas" para el inquilino y esta situación genera "intranquilidad" en los arrendadores explica. De hecho, apunta que esta 'mudanza' del alquiler al mercado de la compraventa empezó a producirse de forma más notoria cuando se conocieron los planes del Gobierno de limitar el precio del alquiler.
Porque cierto es que los precios llevan tiempo al alza desde hace tiempo, principalmente en barrios como Russafa, l'Eixample o zonas universitarias como Benimaclet. Según un informe de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la UPV, el precio medio en la ciudad en el último trimestre de 2021 se situó en 1.092 euros, lo que supondría un 16,4% más que hace dos años. No obstante, en algunos puntos de la ciudad la subida llegaría a ser hasta del 44%.
De hecho, García también asegura que las inmobiliarias se están encontrando con una menor rotación en los pisos. "Los inquilinos cada vez permanecen más tiempos en la misma vivienda o bien porque no encuentran oferta o porque la que hay es más cara y prefieren seguir donde están", apunta.
Eso sí, la presidenta de las inmobiliarias valencianas no cree que vaya a producir un gran impacto la limitación de la subida de los contratos al 2% porque, según indica, la mayoría de caseros estaba manteniendo las rentas y no había actualizado el IPC. Solo se estaban aplicando incremento en el caso de los alquileres más antiguos.
En cambio, los agentes de la propiedad inmobiliaria sí consideran que podría tener un efecto disuasorio en el alquiler, especialmente después de años con el IPC prácticamente estable. "Entiendo que para el inquilino es una medida positiva, pero después de años sin subidas y sin revisar las rentas, el propietario se encuentra ahora que se lo limitan de una forma muy brusca", señala Díez. A su juicio, se podría haber fijado un porcentaje más equilibrado en el que ambas partes salieran beneficiadas. "Esta rebaja al 2% es casi del 75% del IPC. Si de lo que se trata es de sacar pisos al mercado esto no va a ayudar", señala.
