El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. Foto: PEPE OLIVARESVALÈNCIA. Más de dos años después. Ese es el tiempo que ha tardado la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz en atender las peticiones del Consell de Transparència presidido por Ricardo García Macho. Este lunes saldrá a exposición pública el borrador de la nueva ley de Gobierno Abierto. Una norma recogida como uno de los compromisos del Seminario de Vinaroz-Benicarló que pretende mejorar la actual Ley de Transparencia que elaboró el PP en 2015 antes de abandonar la Generalitat y en la que se le da al Consell de Transparència de independencia orgánica y funcional de una conselleria a la que tiene que controlar.
Las demandas de este órgano, plasmadas en sus informes anuales, eran dos principalmente: acometer una reforma "en profundidad" de la ley autonómica de Transparencia y Buen Gobierno para convertirse en un órgano estatutario, o, en su defecto, en una administración independiente; y tener presupuesto para poder desempeñar sus funciones, ya que al constituirse el órgano sin que hubiera un presupuesto asignado para él en 2016, no fue hasta 2017 cuando dispusieron de fondos para, entre otras cosas, comprar material.
Respecto a la primera, el borrador de la nueva norma señala que la naturaleza del mismo es "una entidad de derecho público del sector público administrativo con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones, e independencia respecto de cualquier control político en sus decisiones". Con esto, la conselleria pone negro sobre blanco y, de no sufrir modificaciones a lo largo de todo el trámite que debe atravesar -participación ciudadana, dictamen del Consell Jurídic Consultiu, enmiendas de grupos parlamentarios en Les Corts, etc.-, resolvería una de las principales preocupaciones de los consejeros.
Uno de los cambios más significativos que recoge el nuevo borrador es la cantidad de consejeros que compondrán el órgano. Si bien desde el principio el Consell de Transparència estuvo integrado por cuatro miembros -tal como señalaba la ley-, con el cambio de Gobierno en la Comunitat y la entrada en Les Corts de dos nuevos grupos parlamentarios –Ciudadanos y Podemos–, se decidió modificar la norma para que cada partido con representación en la Cámara pudiera proponer un candidato. Así, actualmente está integrado por su presidente Ricardo García Macho, y cuatro vocales: Emilia Bolinches, Carlos Flores, Lorenzo Cotino e Isabel Linfante.
Sin embargo, la nueva ley propone que sean tan solo tres y se respete "el principio de paridad". De aprobarse la nueva composición, estos cambios no tendrían efecto retroactivo. Así, aunque la normativa entrase en vigor en el plazo de un año, no se reestructurarían a los actuales consejeros que fueron elegidos por el periodo de un lustro.
La reducción de sus integrantes, no obstante, puede levantar ampollas en el propio Consejo. Pues aunque a sus cinco componentes no les gusta que les identifiquen con un signo o color político -cuestión que también han reivindicado en alguna ocasión después de haber sido cada uno propuesto por uno de los cinco partidos del arco parlamentario de Les Corts-, también se han quejado de la cantidad de competencias que tienen atribuidas y la escasez de medios con los que cuentan. Es decir, ninguno de sus miembros tiene dedicación exclusiva -como sí ocurre con otros consejos de transparencia en España- y, por tanto, deben continuar con sus profesiones para poder subsistir, ya que tampoco cobraban indemnizaciones por cada reunión en la que se resolvían los expedientes que les llegaba.
El artículo 44 del borrador está dedicado al presupuesto del Consell de Transparència -antes no contemplado en la ley de 2015-, que deberá ser elaborado por el propio órgano para ser "incorporado" al anteproyecto de ley de presupuestos de la Generalitat. Ahora bien, "tendrá carácter limitativo" como sucede con la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), que solo puede presupuestar entre el 0,3 y el 0,6 % del Presupuesto total del Gobierno valenciano.
Otra de las novedades que incluye el borrador es el incremento de obligaciones en el apartado de publicidad activa. En este, se establece que la publicación de información se realizará de forma periódica y que deberá ser actualizada. El tiempo mínimo para hacerlo deberá especificarlo el reglamento que desarrolle esta ley. Además, incluye que las sociedades mercantiles de la Generalitat, fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la administración también estén sujetos a las obligaciones de publicidad activa de información como ya lo está la Administración de la Generalitat y su Sector Público.
