VALÈNCIA (EP). Arruinar a la pequeña y mediana empresa parece que se ha convertido en la meta del Gobierno y especialmente de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Los impuestos, las cargas sociales, las subidas constantes y fuertes del SMI, la burocracia y ahora la reducción de jornada han provocado la publicación por parte de Cepyme de un informe demoledor que se refleja en una cifra alarmante de cierres y concursos de acreedores que se dispararon un 26% en los nueves primeros meses del año con relación al mismo periodo de 2023, marcando récords de los últimos 15 años.
Desde 2019, los costes laborales que han soportado las pymes han subido un 18,1%, casi 400 euros solo las subidas del SMI. Por trabajador, el coste puede alcanzar los 1.824 euros, si se aprueba la subida que pretenden Trabajo y los sindicatos. Hay que recordar que el Gobierno proponía que el SMI alcanzara el 60% del salario medio. Sin embargo, en el caso de las pymes ya supera el 70% de ese salario medio. De ahí que los empresarios "imploren" que la subida para 2025 no supere el 2%, ya que está demostrado que los incrementos de los últimos años no solo han impedido la creación de decenas de miles de puestos de trabajo, algunos calculan que hasta 163.000, sino que han dañado a quienes se pretende mejorar su salario como jóvenes, personas con baja cualificación o sin experiencia. Y, además, de sectores muy evidentes como el campo, los servicios, empleadas de hogar o construcción.
Yolanda Díaz ha dejado claro estos años que no le interesan los informes ni las cifras negativas que dejan sus acciones y de nuevo la idea es subir el SMI más allá de lo que piden las pymes, ya muy asfixiadas por impuestos y cotizaciones y cuando sus ingresos están cayendo, llevando a muchas al concurso o al cierre. Tampoco piensa cejar en su empeño de reducir la jornada, sin tener en cuenta las dificultades que supondrá para millones de empresas y microempresas ni la situación actual del mercado de trabajo donde la productividad brilla por su ausencia y la mayoría de los contratos indefinidos no superan el año y son a tiempo parcial. La esperanza de que escuche es ínfima, pero los resultados de sus acciones no tardarán mucho en reflejarse en un nuevo informe catastrófico para empresas y trabajadores.